Habrá menos dinero para FONASA, Redes Asistenciales, para la Atención Primaria, para unos 80 hospitales, para los servicios municipales de salud, generará inestabilidad para atender contingencias sanitarias masivas y ámbitos como la salud mental. La presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, afirmó que “los recortes no están golpeando áreas accesorias. Están afectando el corazón mismo del sistema sanitario”. Desde la CONFUSAM se indicó que debilitar la Atención Primaria de Salud “significa aumentar las listas de espera, sobrecargar la red hospitalaria y profundizar las desigualdades en el acceso a la salud”. La vicepresidenta de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud, Karen Palma resaltó que menos dinero para el sector “impacta directamente en las personas”. El gobierno está aplicando la tesis del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz: “A veces, uno con menos recursos, hace más”. Es decir, con menos dinero, el sector salud haría mejor trabajo…
“El Siglo”. Santiago. 11/7/2026. Si hay un sector afectado por los recortes presupuestarios que ordenó el gobierno, es el de salud. Es así que esta área, fundamental en derechos sociales de la población, percibirá 413 mil 193 millones de pesos menos (alrededor de 460 millones de dólares), que equivale a alrededor de un 2.5% del presupuesto del Ministerio de Salud.
Esto se materializa, por ejemplo, en menos dinero para la Atención Primaria de Salud (APS), para unos 80 hospitales (principalmente de Los Ángeles, Concepción e Higueras de Talcahuano. Sótero del Río y Salvador, y hospitales de Antofagasta, Valdivia y Chillán) para los servicios municipales de salud, inestabilidad para atender contingencias sanitarias masivas y ámbitos como la salud mental. La Subsecretaría de Redes Asistenciales, encargada de la gestión de los hospitales públicos, tendrá una reducción de 147.715 millones de pesos, lo que equivale a un 11% de su presupuesto. FONASA (Fondo Nacional de Salud) tendrá una baja de 259.512 millones de pesos.
La presidenta del Colegio Médico, doctora Anamaría Arriagada, en un artículo en Le Monde Diplomatique Chile, escribió que “no se trata únicamente de una reducción contable. Estamos hablando de cerca de 400 mil millones de pesos menos para salud. De ellos, 135 mil millones corresponden a inversiones, 109 mil millones afectan al Programa de Prestaciones Institucionales -que financia el funcionamiento cotidiano de los hospitales-, 79 mil millones impactan directamente el financiamiento asociado a los egresos hospitalarios y otros 88 mil millones reducen la capacidad de respuesta frente a contingencias operacionales”.
La doctora Arriagada enfatizó: “En otras palabras, los recortes no están golpeando áreas accesorias. Están afectando el corazón mismo del sistema sanitario”.
La presidenta del Colegio Médico sostuvo en su columna que las consecuencias del fuerte recorte financiero en salud “son previsibles”. Ejemplificó: “Menor capacidad resolutiva, mayores dificultades para enfrentar listas de espera, retrasos en proyectos estratégicos, presión adicional sobre equipos clínicos que ya trabajan bajo exigencias extraordinarias y una creciente fragilidad de la red pública frente a eventuales contingencias sanitarias”.
En una carta entregada al Presidente, José Antonio Kast, por la CONFUSAM (Confederación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de la Salud Municipal), se hizo ver que “ya se recortó un 0.5 del actual presupuesto equivalentes a casi 19 mil millones menos, que existe incertidumbre sobre 40 programas que la Dirección de Presupuestos anunció se descontinuarían desde 2027, que ya el Ministerio de Salud anunció un recorte de 2.8 billones a la salud pública durante el actual periodo presidencial. Y, como si fuera poco, a estas situaciones se suma el impacto del alza del diésel que dificulta los traslados sobre todo en zonas rurales”.
Desde la organización se indicó que “la Atención Primaria no puede seguir financiándose a costa del esfuerzo de los municipios, de sus trabajadoras y trabajadores, ni de las comunidades que dependen de ella”, y se señaló que debilitar la APS “significa aumentar las listas de espera, sobrecargar la red hospitalaria y profundizar las desigualdades en el acceso a la salud”.
“Llevamos seis meses de este año y aun no se envían los recursos para financiar el aumento del IPC en el per cápita de salud. Estamos hablando de una deuda de más de 21 mil millones de pesos con los municipios, esto es mayor que el recorte que ya aplicó el gobierno a tres programas de la atención primaria”, denunció la presidenta de CONFUSAM, Gabriela Flores.
En declaraciones a Radio Nuevo Mundo, la vicepresidenta de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud, Karen Palma, cuestionó el recorte presupuestario, ejercido desde el Ministerio de Hacienda, de más de 400 mil millones de pesos y resaltó que ello “impacta directamente en las personas”. Añadió que en este marco “empiezan a salir algunos instructivos al interior de los hospitales, como que ya no van a ver reemplazos” las trabajadoras y trabajadores lo que implica una sobrecarga inédita para los funcionarios de la salud.
Alertó que “hemos tenido información de instructivos que limitan cierto tipo de cirugías a propósito del recorte y también despidos en algunas áreas” y señaló que en operaciones sin riesgo vital, se plantea que deben ser más acotadas, lo que “tiene una complejidad para las personas que hoy día están esperando su operación que le impacta su calidad de vida”.
Karen Palma apuntó que “ya hubo un listado de varios programas que se terminan, estos programas son bien significativos, por ejemplo, la atención durante la tarde, varios municipios tienen hoy día extensión horaria”, lo que impacta en la gente porque acuden a la Atención Primaria luego de su jornada laboral al no contar con permiso de su empleador para salir antes.
En cuanto a lo que ocurre con la salud municipal, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri, advirtió que en los fondos para este año “no quedó presupuesto para infraestructura en los Centros de Salud Familiar, ni en las postas rurales, ni en ninguna parte”. Esto se agudizará con el tijeretazo al presupuesto en Salud Pública.
Hay que considerar que el Ministerio de Hacienda dispuso una rebaja de 18,8 mil millones de pesos en el financiamiento de la Atención Primaria que se proporciona en los consultorios municipales. La CONFUSAM advirtió que se reducen los presupuestos para la contratación de personal de reemplazo y se complica la actualización de los reajustes por IPC en el per cápita.
En un comunicado, la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía (SONEPSYN) hizo ver que con el recorte de dinero al Ministerio de Salud, “al menos 24 programas quedaron clasificados para descontinuación. Entre ellos: el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, los programas de salud mental en Atención Primaria de Salud (APS), los programas de residencias protegidas para personas con discapacidad mental, el Plan Nacional de Demencia y los programas de rehabilitación psicosocial en red pública”.
Se dijo que esta institución “rechaza este conjunto de medidas” adoptadas por el gobierno y que “no lo hace desde una postura corporativa ni desde la defensa de intereses sectoriales. Lo hace porque los datos son inequívocos: desfinanciar la atención primaria en salud mental no genera ahorro fiscal; genera deuda sanitaria diferida, pagada en urgencias hospitalarias, en años de vida perdidos por discapacidad y en muertes evitables”.
Se precisó desde la SONEPSYN que “Chile destinaba, hasta este gobierno, alrededor del 2,16% del presupuesto público de salud a salud mental, cifra que ya en 2015 era identificada en la literatura nacional como muy inferior al 5% proyectado como meta para 2010 y significativamente más baja que el promedio de países de ingreso similar: Australia (9,6%), Reino Unido (10,0%), Nueva Zelanda (11,0%) (Errázuriz et al., Revista Médica de Chile, 2015). Las condiciones neuropsiquiátricas representan casi un cuarto del total de años de vida saludables perdidos por discapacidad en Chile. Lo que el gobierno propone no es reformar un sistema insuficiente. Es desfinanciar lo que queda de él”.
En todo este contexto, la diputada Irací Hasler declaró que “la defensa de la salud pública es la defensa de un derecho fundamental. Nos preocupa profundamente que, en un contexto en que miles de personas esperan una atención, una cirugía o un medicamento, se impulsen recortes que debilitan aún más la red pública que ya se encuentra muy exigida. Las malas decisiones del gobierno con recortes y la mega reforma tributaria significan menos salud para quienes más la necesitan. Chile requiere fortalecer sus hospitales, CESFAM y servicios de salud, no poner en riesgo la atención de millones de familias que dependen diariamente del sistema público”.
El doctor y diputado, Fernando Zamorano, indicó en un escrito que “no se le puede asegurar a un país que el ajuste fiscal ‘no afecta la atención médica’ cuando los hospitales públicos llevan años funcionando al borde del colapso”. Añadió que “tenemos un Estado que destina menos a proteger la salud de sus ciudadanos, y unas familias que gastan más de su propio bolsillo para suplir esa carencia. En este contexto, ¿cuál es la respuesta del Gobierno? Recortar”. El legislador señaló que “la autoridad sanitaria ha intentado tranquilizar afirmando que ‘no estamos tocando la atención médica’. La frase suena bien en el papel. En la práctica, en un sistema que ya está al límite, cada peso que se quita compromete inevitablemente la atención: menos insumos, menos turnos, menos exámenes a tiempo, más esperas”.
Por cierto, en todo este panorama, el gobierno está aplicando la tesis del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz: “A veces, uno con menos recursos, hace más”. Es decir, con menos dinero, el sector salud haría mejor trabajo…