Dado que a las fuerzas reaccionarias no le conviene seguir asociando sus carteles con los delitos económicos es que no apareció una sola nota en sus portadas respecto del tesorero muerto en el baño de la municipalidad de Las Condes, y en sentido contrario han sacado todo el provecho posible -y lo seguirán haciendo- del caso Convenios para defender su rechazo a la reforma tributaria, y del Caso Ojeda para profundizar su ataque al Ejecutivo con la agenda propagandística de seguridad.
Jean Flores Quintana. Politólogo. Santiago. 3/2024. El domingo 18 de febrero, el tesorero de la Municipalidad de Las Condes, Juan Peña, apareció muerto en el baño del edificio consistorial. Esto mientras se investigaba la gestión de la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI) por el destino de 8 mil millones de pesos. El mismo Peña debía rendir cuentas por 34 millones de pesos.
Ante estos hechos, a todas luces sospechosos, por decir lo menos, las grandes cadenas de medios han estimado que no requieren una cobertura mínima. A casi un mes del suceso, ni La Tercera ni El Mercurio han dedicado una sola aparición en sus portadas.
El boletín panfletario de Edwards cada día titula quince noticias, mientras que el pasquín de Saieh saca en su cubierta diez eventos. Es decir, no informar sobre el caso de corrupción que involucra a una persona muerta en el baño del municipio de Las Condes ha sido una decisión editorial. Los montos defraudados por concepto de horas extras -conocidos hasta el momento- supera 20,5 veces el total de fondos implicados en el bullado Caso Convenios.
Las grandes cadenas de medios, al parecer, sólo son creativas a la hora de publicar hipótesis y dibujar escenarios cuando estos perjudican a las fuerzas progresistas. Pero guardan sepulcral silencio cuando los hechos son protagonizados por los partidos fundados por ministros de Pinochet.
¿Qué hacía el jefe de la Tesorería, sindicado como uno de los trabajadores que mayores asignaciones recibió, un sábado en la noche dentro del edificio municipal?, ¿Por qué razón no estaba desvinculado de sus funciones mientras se investigaba el paradero de los 8 mil millones de pesos?, ¿Cuánta más información ha sido borrada, manipulada o se fue con él?
Sin duda queda una serie de interrogantes, pero ninguna de ellas es de importancia para los medios que controlan la información.
Lo que sí ha sido de atención para la prensa hegemónica este mes transcurrido, es reflotar el Caso Convenios y cubrir el minuto a minuto del Caso Ronald Ojeda.
Con lo primero, la derecha tuvo oportunidad de diseñar su línea argumental contraria a la reforma tributaria. Sonaba mal decir que se oponen a una mayor recaudación fiscal que permita garantizar, por la vía de los derechos, mejores condiciones de vida a la ciudadanía y que no pondrán un solo voto que atente contra los intereses de su clase, la clase patronal.
Suena mejor decir que rechazan toda medida del Ejecutivo mientras no exista claridad sobre los montos de la Fundación Democracia Viva y que el Gobierno no cuenta con los votos de la oposición para meter la mano en los bolsillos de la clase media. El Cartel Piñera, la cuarta fortuna del país, se autodefine como clase media. RN y la UDI argumentan razones de probidad para rechazar la reforma tributaria, los mismos que entre el 2015 y 2024 desvalijaron 20 municipios, afanando 58.296 millones de pesos.
Por su parte, el caso Ronald Ojeda ocurrió en la madrugada del miércoles 21 de febrero. A diferencia de Juan Peña, sí tuvo portada de La Tercera y El Mercurio, no sólo el día jueves, sino todos los días de las tres semanas que le siguieron. La prensa escrita, radial y televisiva no demoró un segundo en atiborrar de especulaciones a la audiencia. La línea argumental desde el minuto cero fue asociar las palabras: Secuestro-Dictadura-Partido Comunista. A estos se fueron sumando con el paso de los días otros conceptos tales como: Operación Chavista; quiebre de relaciones diplomáticas con Venezuela; vacaciones del Presidente; Interpol; sesión secreta de la Cámara, y finalmente Republicanos no pudo aguantar más y sacó “la vieja confiable”: Cuba.
El mismo jueves 22, El Mercurio coloca a todo color y con negritas: “Investigan secuestro del exmilitar venezolano que habría huido del régimen chavista”. Mientras que La Tercera tituló: “Secuestro de un refugiado venezolano en Chile alerta a Gobierno, Fiscalía y policías”. Al día siguiente, el tono de la noticia fue más agudo. Todos los dardos conducían a Venezuela. Así lo posicionó el diario de Agustín con cita de entrevista a Iván Simonovis: “No tengo duda de que el gobierno venezolano está involucrado en el secuestro”. Los medios no tardaron en buscar la cuña de Guarequena Gutiérrez, quien hizo la pantomima de embajadora para Chile de Juan Guaidó, el autoproclamado libertador de Venezuela. Gutiérrez dijo: “Tiene las características de cuando ocurren secuestros por razones políticas en Venezuela”.
Desde el martes 27 de febrero, los pasquines de la patronal iniciaron una arremetida contra el Gobierno con una llamativa bajada comunicacional: “Oposición solicita una reunión con ministros para aclarar la información sobre el secuestro del ex militar venezolano”. El coro derechista salió a pedir celeridad en el esclarecimiento del paradero de Ojeda. Si, está leyendo bien, los partidos políticos que han bloqueado durante 34 años leyes de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, exigiendo rapidez en las investigaciones de un desaparecido. Los que han negado justicia a miles de familias promoviendo los pactos de silencio civiles y militares, hoy levantan las banderas de los derechos humanos. Unos sinvergüenzas.
Cuando los medios hegemónicos dicen, a propósito del secuestro de Ronald Ojeda, que estos hechos no se conocían en Chile, parece que sufren de amnesia, pues en este país se persiguió, secuestró, torturó y masacró a todo aquel que pensara distinto de la derecha durante su dictadura. Los nostálgicos del régimen tienen como horizonte, siempre, no sólo ganar elecciones para forrarse saqueando el Estado, sino además desterrar del sistema político al Partido Comunista y a toda fuerza política que proponga la superación del capitalismo en su versión neoliberal. Para hacer esto cuentan con recursos ilimitados, su principal arma son los medios de comunicación. Con el Caso Ojeda no titubearon en pedir por la prensa la salida del asesor ministerial y miembro de la Comisión Política del PC, Juan Andrés Lagos, argumentado para ello un viaje reciente a Cuba. Y de paso exigieron la inhabilitación de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, del ejercicio propio de sus funciones, nada más y nada menos que por ser militante comunista.
Dado que a las fuerzas reaccionarias no le conviene seguir asociando sus carteles con los delitos económicos es que no apareció una sola nota en sus portadas respecto del tesorero muerto en el baño de la municipalidad de Las Condes, y en sentido contrario han sacado todo el provecho posible -y lo seguirán haciendo- del caso Convenios para defender su rechazo a la reforma tributaria, y del Caso Ojeda para profundizar su ataque al Ejecutivo con la agenda propagandística de seguridad.
La verdad sobre el secuestro y posterior asesinato es que a la derecha no le interesa Ronald Ojeda, ni la seguridad, ni la vida de las personas, lo que les importa es atacar al Gobierno desde todas las trincheras, principalmente la comunicacional. Prueba de ello es el silencio cómplice tras la muerte de Peña en el baño de la municipalidad de Las Condes.