La estrategia económica del Gobierno del Presidente Gabriel Boric combina, en un acomodo no exento de contradicciones, un ajuste económico ortodoxo para corregir lo que se visualiza como un exceso de gasto generalizado en la economía y bajar la inflación con la presentación de proyectos de ley para impulsar reformas estructurales pro-equidad social como la reforma tributaria, la reforma previsional, el proyecto de reducción de jornada laboral a 40 horas semanales y una reforma en el sector de la salud cuyos contornos aun no están muy definidos.
Andrés Solimano(*). Santiago. 2022. Durante este año visitaron Chile dos distinguidos economistas internacionales: el Premio Nobel, Joseph Stiglitz, y la economista italiana, Mariana Mazzucato. Ambos indicaron que una de las razones para visitar nuestro país era para presenciar cómo se conducía el proceso del “fin del neoliberalismo” (o el comienzo del fin) como se planteó en la campaña electoral del Presidente Gabriel Boric. Después de unos días en Santiago, ambos comentaron que si bien habían observado iniciativas en la dirección de un post-neoliberalismo, este proceso parece ser más complicado de lo que se piensa.
Adicionalmente, la coyuntura de corto plazo afectada por la inflación, tendencias recesivas internas y externas, las que se vislumbran más serias en el 2023, y el rechazo del proyecto de nueva Constitución, hacen más compleja, pero no imposible, esta tarea de avanzar en reformas post-neoliberales.
El camino al post-neoliberalismo
Superar o desmontar el paradigma neoliberal impulsado por las ideas de Friedrich Hayek y Milton Friedman no es fácil en un país como Chile, que fue de las primeras naciones en adoptar la “revolución neoliberal” en la década de 1970, en un contexto altamente autoritario. En la actualidad, sus ideas, aunque desgastadas, siguen promovidas por un segmento de economistas con acceso a medios de comunicación, y por el poder económico (conglomerados de empresas y elites de alto patrimonio) que se beneficia de este modelo y lo defiende con pasión.
Como paradigma económico, el neoliberalismo promueve el uso del mecanismo de mercado para asignar los recursos, busca implementar el “Estado mínimo” en materias económicas fomentando la privatización de actividades públicas, desregula y/o elimina controles a los mercados y promueve la integración comercial y financiera entre países.
Si bien las versiones primeras del neoliberalismo promovían la libre competencia, en la actualidad este modelo se asocia más con estructuras oligopólicas y monopolistas priorizando la presencia del sector corporativo en diversas actividades económicas más que la competencia del mercado.
En cuanto a proyecto político, el modelo neoliberal busca una reconfiguración del poder favoreciendo a las elites económicas, las grandes asociaciones empresariales y financieras; debilitando, simultáneamente, a las organizaciones sindicales y la sociedad civil promoviendo democracias de baja intensidad.
En términos de resultados, la aplicación de este modelo en nuestro país y en otras naciones fue acompañado de un aumento de la desigualdad de ingresos y riquezas, de una concentración de participaciones de mercado y de propiedad en manos de grandes conglomerados económicos y elites financieras, el creciente control de los medios de comunicación por el poder económico, un aumento de la frecuencia de las crisis económicas y financieras, la precariedad laboral, la segmentación en el acceso a servicios sociales como educación, salud, vivienda y otros, y la ausencia de un ritmo de crecimiento económico sólido y estable. Asimismo, la lógica del crecimiento a todo evento y la desregulación y privatización en el sector energética y otros recursos naturales ha contribuido al calentamiento global y la de-estabilización de los equilibrios ecológicos.
La coyuntura de corto y mediano plazo
La estrategia económica del Gobierno del Presidente Gabriel Boric combina, en un acomodo no exento de contradicciones, un ajuste económico ortodoxo para corregir lo que se visualiza como un exceso de gasto generalizado en la economía y bajar la inflación con la presentación de proyectos de ley para impulsar reformas estructurales pro-equidad social como la reforma tributaria, la reforma previsional, el proyecto de reducción de jornada laboral a 40 horas semanales y una reforma en el sector de la salud cuyos contornos aun no están muy definidos.
A nivel macroeconómico, se redujo el gasto publico en 25% en relación a su nivel del 2021 y este año el presupuesto corregiría el abultado déficit fiscal, cercano al 8% del PIB (Producto Interno Bruto) heredado del Gobierno de Sebastián Piñera, proyectando incluso un pequeño superávit para el año en curso. El Banco Central lleva desde septiembre del 2021 elevando las tasas de interés para reducir lo que visualiza un supuesto exceso de gasto en la economía el que sería responsable de la aceleración de la inflación desde niveles de 3-4 por ciento anual a 12-14 por ciento en términos inter-anuales.
Las proyecciones son que el PIB crecerá en torno al 2% en el 2022 pero que este crecimiento económico se contrae en el rango de 1,0-1,3 por ciento en el 2023. Como lo ha señalado el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI) la economía chilena seria la única de América Latina y el Caribe en experimentar un decrecimiento el próximo año uniéndose al grupo de países con crecimiento esperado negativo como son Alemania, Italia, Rusia, Ucrania, según las proyecciones del Fondo.
La estrategia anti-inflacionaria está centrada en subir las tasas de interés a pesar que los shocks de precios de alimentos e importados son de origen externo. El Ejecutivo logró avances en presentar los proyectos de reforma tributaria y reforma previsional con lo cual muestra un manejo de la agenda legislativa y ordena las prioridades del Estado. Sin embargo, la inflación y el ajuste económico son costosos para los sectores medios y populares, que enfrentan serias necesidades acumuladas en vivienda, pensiones, salud, educación, transporte público, seguridad alimentaria y otras áreas.
El Gobierno está gastando ahora alrededor de 1% del PIB en programas anti-crisis y presenta un presupuesto que contempla un aumento adicional del gasto de tipo anti-cíclico para hacer frente al marco recesivo del 2023. También está el desafío de cómo lograr avanzar, sin transar demasiado, la agenda de reformas estructurales con un Parlamento en que el Gobierno no cuenta con mayoría.
Adicionalmente, se intenta aplicar políticas de transformación productiva hacia una “economía verde” basada en fuentes de energía limpia y líneas de producción amigables con el medio ambiente y compatibles con una reducción de la desigualdad, metas que deben ser impulsadas con determinación.
Finalmente, la factibilidad de adoptar una agenda post-neoliberal efectiva depende de diversos factores, destacando entre ellas, la necesidad de un compromiso de largo plazo con nuevas orientaciones y políticas alternativas a las concepciones neoliberales. Es necesario transcender solo el ámbito legislativo, movilizando amplios sectores sociales que se beneficiarían de un nuevo modelo de desarrollo económico más equitativo, sustentable y productivo.
(*)Andrés Solimano es economista, Doctor en Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Economista y Magister en Economía de la Universidad Católica de Chile, fundador y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo (CIGLOB), fue asesor en la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) y director de Países Andinos en el Banco Mundial.