Se trata de personas ejecutadas o desaparecidas por entidades militares, policiales y secretas durante el régimen militar. Es un trabajo diseñado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en coordinación con familiares de las víctimas, agrupaciones de derechos humanos y sitios de memoria. Marcela Ríos, ministra de la cartera enfatizó que se trata de “restos (que) no han sido hallados, identificados, entregados a los familiares”.
Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 23/09/2022. Es una tarea tan dramática como postergada. Hallar los cuerpos o restos de mil 159 chilenas y chilenos ejecutados o desaparecidos por entidades militares o policiales y organismos secretos de la dictadura, durante los años del régimen militar.
Un objetivo que parecía olvidado, pese a lo que desde el punto de vista humano y judicial puede significar. Que Chile siga teniendo mil 159 desaparecidos, víctimas de crímenes cometidos por agentes del Estado.
Ahora, por decisión del Gobierno de Gabriel Boric, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ideó y puso en marcha un Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada en dictadura, colocando expertos y funcionarios al servicio de esa labor, en coordinación con familiares de las víctimas, agrupaciones de derechos humanos y sitios de memoria.
Una tarea que puede aparecer titánica, a 50 años del golpe de Estado, de la escasa o nula colaboración de las Fuerzas Armadas y Carabineros, con diversos problemas en los procesos judiciales, e información incompleta.
Como ejemplo de las circunstancias que existen actualmente, hay un dato en el documento del Ministerio sobre este plan, donde se señala que “actualmente, en los registros del Programa existen aproximadamente 573 Consejos de Guerra y se encuentra pendiente la respuesta de un oficio dirigido al Ejército de Chile mediante el cual se requirió copia de los expedientes de otros 396 Procesos Militares en Tiempos de Guerra. Existen cerca de 4000 expedientes de procesos militares en tiempos de guerra los que se encuentran en poder del Archivo General del Ejército de Chile, los cuales constituyen una invaluable nueva fuente de información para avanzar en el esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos”.
La iniciativa aparece como una posibilidad de avanzar en verdad sobre las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, en ubicar a ejecutados y detenidos desaparecidos, siempre con la sombra de que, otra vez, el esfuerzo no fructifique.
“Hay acciones pendientes que el Estado no ha realizado”
Al presentar el Plan, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, dijo que “han pasado más de cuatro décadas, y aún existen más de 1.159 víctimas de desaparición forzada o de ejecución política, cuyos restos no han sido hallados, identificados, entregados a los familiares. Miles de chilenos y chilenas tienen algún familiar que aún está desaparecido o desaparecida y no solo no han logrado hacer un entierro, una despedida, como toda persona merece, sino que también en muchos casos no conocen toda la verdad, no saben en qué circunstancias sus familiares fueron detenidos y desaparecidos o ejecutados y, en la mayoría de los casos, tampoco se ha logrado justicia respecto de quienes perpetraron estos terribles crímenes contra la humanidad”.
Señaló que “hay acciones pendientes que el Estado no ha realizado, tenemos deudas y tareas pendientes y esperamos poder cruzar información, entonces tenemos confianza de que con esto vamos a poder avanzar”.
En la presentación de la iniciativa, en el Museo de la Educación “Gabriela Mistral”, Ríos señaló que “vamos a ir trabajando en estos meses (y) de aquí a fin de año junto con los familiares y las organizaciones para poder terminar con una propuesta de plan más acabado, ojalá de aquí al próximo año”.
La subsecretaria de Derechos Humanos (DDHH), Haydee Oberreuter, indicó que “la disposición de los familiares de buscar a los suyos en forma organizada, pero también en forma concordada con la autoridad, es algo que se ha recibido muy bien, al igual que la expresión pública de un mandatario (Gabriel Boric) comprometido con la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición”.
Enfatizó que “como gobierno tenemos un compromiso de hacer este trabajo de manera participativa. Las agrupaciones de derechos humanos llevan más de cuatro décadas trabajando por verdad y por justicia, han recopilado una gran cantidad de información, necesitamos poner en común esa información que se ha recabado desde el mundo académico, desde las organizaciones, desde las víctimas y también desde proceso judiciales en curso o cerrados y a eso estaremos abocados los próximos meses y años”.
La subsecretaria de DDHH hizo ver que “hay muchas instituciones que pueden colaborar más allá de que los propios perpetradores de estos crímenes no participen. Tenemos deudas y tareas pendientes desde el Servicio Médico Legal, las instituciones donde hay terrenos fiscales, el propio Poder Judicial. Esperamos que lo que no se ha hecho hasta ahora es poder cruzar información”, añadiendo que este tema ya ha sido conversado con el Ministerio de Defensa para avanzar en una colaboración con dicha cartera y las Fuerzas Armadas en casos específicos”.
En la actividad de presentación del Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada en dictadura, participó medio centenar de representantes de familiares de las víctimas, de agrupaciones de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y de sitios de memoria, quienes tendrán una activa participación en los trabajos que se desarrollarán. La idea del Ministerio es estar de cerca con las representaciones de familiares y organismos de DDHH en la búsqueda de estos más de mil chilenos y chilenas.
Haydee Oberreuter declaró que “no pretendemos demorarnos eternamente, pero sí tenemos muy claro que hay prefigurado un mandato de parte de las organizaciones, en el sentido de que les interesa mucho que las cosas se hagan bien y si para ello hay que tomar calma y tiempo, lo vamos a tomar”.
Etapas y ejes del trabajo
El trabajo tiene cuatro etapas: participación y diálogo, coordinación institucional y adquisición de compromisos, sistematización de recomendaciones y redacción del plan, y aprobación y difusión del mismo.
Se pretende iniciar la sistematización de los datos disponibles, cruzar información, revisar las carpetas que se mantuvieron sin revisar en las dependencias de la subsecretaría de Derechos Humanos, volver a solicitar información a las Fuerzas Armadas y Carabineros, indagar en documentación judicial y testimonial, hacer una georreferenciación de sitios de exhumación y contar con datos de las y los familiares.
Los cinco ejes tienen que ver con participación de familiares en la búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega de los restos a los familiares de las víctimas; creación de registro único nacional de víctimas de desaparición forzada entre 1973 y 1990; recopilación, análisis sistematización de documentos y archivos que contengan información sobre las circunstancias de desaparición de las víctimas; investigación del paradero de las víctimas y realización de trabajos para recuperar sus restos, identificarlos y entregarlos a sus familiares; investigación judicial por los delitos de inhumación y exhumación de las víctimas.
Todo esto puede implicar avances decisivos para dar con el paradero de cuerpos y restos de personas desaparecidas durante el período dictatorial y que se avance en verdad y justicia como han planteado familiares de las víctimas y las agrupaciones de derechos humanos.