El gobierno presentó indicaciones para reactivar el proyecto que lleva más de cuatro años en trámite. La fórmula elimina la obligación de las empresas de proveer sala cuna directamente, pero financia el nuevo sistema con una cotización compensada a costa del seguro de cesantía. La vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la CUT, Karen Palma, indicó que “el financiamiento de la Sala Cuna no puede transformarse en un impuesto a las mujeres por trabajar”.
Santiago. 17/06/2026. El 15 de junio en el patio de Las Camelias de La Moneda el Presidente José Antonio Kast firmó las indicaciones que el Ejecutivo ingresó al proyecto de Sala Cuna Universal, hoy radicado en la Comisión de Educación del Senado. Lo acompañaron el ministro del Trabajo, Tomás Rau; la ministra de Educación, María Paz Arzola; la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, y la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.
El proyecto no es nuevo, comenzó a tramitarse en el segundo mandato de Sebastián Piñera y siguió avanzando hasta el último día de la administración de Gabriel Boric. Lo que hizo el actual Gobierno fue presentar una indicación sustitutiva para destrabar el tema del financiamiento, puesto que ha sido el gran freno de los últimos años, sin embargo, la propuesta busca que el costo sea absorbido por el Seguro de Cesantía.
La reforma busca eliminar el artículo 203 del Código del Trabajo, que obliga a dar sala cuna solo a empresas con 20 o más trabajadoras contratadas, una norma que el Gobierno describe como un desincentivo a la contratación femenina.
En el nuevo modelo, las empresas dejan de tener la obligación de proveer una sala cuna directamente. En su lugar, todos los empleadores cotizarán un 0,35% adicional a un Fondo de Sala Cuna, que paga el beneficio a las familias según un cronograma de incorporación gradual a cuatro años: primero las trabajadoras dependientes, luego las independientes y trabajadoras de casa particular, después los padres trabajadores, y finalmente otros grupos, incluidos funcionarios públicos.
Según la indicación, para que esa cotización no eleve los costos laborales, se compensa con una rebaja equivalente en el Seguro de Cesantía: 0,2 puntos menos en las cuentas individuales de los trabajadores y 0,15 puntos menos en el Fondo de Cesantía Solidario.
Además. el monto que recibirá cada familia para acceder a una Sala Cuna no queda fijo en la ley, sino que lo determinará periódicamente una Comisión Técnica de Financiamiento y Sustentabilidad, considerando los costos de cada región.
El rol del Seguro de Cesantía
Si bien siempre ha existido un apoyo transversal a la idea de Sala Cuna Universal, el diseño de financiamiento -entregado hace unos días- está concentrando todas las críticas: el uso del Seguro de Cesantía.
La diputada Gael Yeomans (Frente Amplio) pidió revisar en detalle el impacto antes de fijar una postura. El propio Rau reconoció dudas iniciales: “tengo preocupación respecto al uso del seguro de cesantía”, dijo, antes de defender el diseño final. El Gobierno sostiene que la Superintendencia de Pensiones proyectó que la compensación “no pone en riesgo la sustentabilidad a largo plazo de los fondos de cesantía”, aunque admite que las cuentas individuales de los trabajadores se reducirán en torno a un 7%, aunque según otros cálculos puede llegar casi al 10%.
En tanto, la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, cuestionó que el relato de “alivio a las pymes” sea real. “En el caso de la gran empresa, que es la gran beneficiada de estas indicaciones, (…) es que se les elimina el costo de la sala cuna”, afirmó, ya que esas compañías —a diferencia de las pymes— sí tenían hoy la obligación legal de pagarla al tener más de 20 trabajadoras.
Asimismo, el exministro de Educación, Nicolás Cataldo, en declaraciones a Radio Universidad de Chile, aseguró que “si se va a apelar a recursos del fondo de cesantía, yo creo que esto no puede ser vaciando el Seguro de Cesantía. Tiene que ser de una manera equilibrada, muy razonable, de modo tal que los trabajadores y las trabajadoras no queden en riesgo frente a eventuales desvinculaciones o despidos”.
Y añadió que “hay que resguardar el propósito original del Seguro. Incluso nosotros también decíamos que había que utilizar parte del Seguro de Cesantía, pero hay que mirar si los porcentajes no ponen en riesgo el propósito original de ese seguro, solo estoy señalando ese elemento”.
Para la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), su cuestionamiento está en el plazo gradual que es incompatible con la urgencia que indicaron tener desde La Moneda. “Si el Gobierno reconoce que existe una urgencia laboral, entonces las respuestas no pueden esperar”, planteó la vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la central, Karen Palma, quien además advirtió: “el financiamiento de la Sala Cuna no puede transformarse en un impuesto a las mujeres por trabajar” refiriéndose al costo asociado a la rebaja del Seguro de Cesantía.
En ese marco, el diputado del Partido Comunista (PC), Luis Cuello, coincidió en que «cuatro años es mucho» y pidió revertir antes los recortes a la educación pública inicial, a los jardines Junji e Integra.
Cuello también exigió aclarar si el sistema fortalecerá la red pública de jardines o si privilegiará que las familias elijan libremente entre oferta pública y privada, lo que —advirtió— podría debilitar el rol de las educadoras y trabajadoras de la educación inicial pública.
Sobre lo anterior, la presidenta de la Confederación VTF, organización sindical que representa a más de 6 mil trabajadoras y educadoras de jardines infantiles y salas cuna bajo la modalidad Vía Transferencia de Fondos (VTF), Clarisa Seco, denunció que su sector no fue consultado: “hemos sido totalmente invisibilizadas”, dijo, en un punto de prensa junto a Ajunji y Projunji.
La CUT también puso en alerta que, al permitir elegir entre establecimientos privados adscritos, el sistema podría terminar fortaleciendo el mercado del cuidado en lugar de la oferta estatal, especialmente en zonas rurales donde hoy hay menos alternativas.
El proyecto continúa su trámite en el Senado, donde estos puntos —financiamiento, gradualidad y rol de la oferta pública— concentrarán el debate en las próximas semanas.