Carlos Insunza, coordinador de la Mesa del Sector Público, indicó que la derecha y la extrema derecha “se han atrincherado en las posiciones más neoliberales” frente a las reformas de pensiones y tributaria, y destacó cómo “una parte importante de la derecha rechazó sistemáticamente todas las medidas que beneficiaban a los trabajadores y trabajadoras, aprobando sin más aquellas que beneficiaban directamente a los empresarios, y particularmente, al gran empresariado”. El también dirigente la ANEF destacó en entrevista el carácter de las reformas propuestas por el Gobierno y fijó las posiciones que se han establecido desde la CUT.
Equipo “El Siglo”. Santiago. 28/8/2023.¿Cómo ve lo que está ocurriendo en torno del trámite de la reforma previsional?
Los anuncios realizados por el Gobierno y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, respecto de la reforma de pensiones, demuestran una clara voluntad de construir acuerdos con todos los actores para avanzar en una reforma indispensable y en una materia que ha sometido a los trabajadores y trabajadoras chilenas durante ya 40 años al sistema de AFP, a su expoliación y a las pensiones de miseria que sigue otorgando. Los cambios producidos durante las últimas décadas, han avanzado en soluciones parciales qué, desde el Estado, se han hecho cargo de las pensiones mínimas, básicas y la pensión garantizada universal. Sin embargo, el eje de la reforma que hoy se tramita en el Congreso Nacional, es avanzar en la incorporación de elementos que contemplan todos los sistemas de pensiones en el mundo, como es el aporte de los empleadores a la cotización de seguridad social y mecanismos de solidaridad, como un componente fundamental para permitir el pago de pensiones dignas.
Por tanto, desde la Central Unitaria de Trabajadores vemos como una señal muy positiva el que hoy haya este impulso de la reforma de pensiones y que se hayan establecido plazos para presentar las indicaciones correspondientes, así como para la fijación de las urgencias legislativas, entendiendo que este es un debate que venimos dando en nuestro país desde hace más de una década, y que el compromiso del Presidente Boric ha sido el avanzar durante este periodo de gobierno, cosa que compartimos porque los pensionados y pensionadas que reciben pensiones de hambre en Chile no pueden seguir esperando.
¿Cree que la oposición se está flexibilizando o que no cede?
Resulta bastante claro que los planteamientos que han venido realizando los partidos de la oposición, desde la ultraderecha qué duda cabe, pero también los partidos de la derecha más tradicional, se han atrincherado nuevamente -después de haber expresado voluntad de cambios en los últimos años- en las posiciones más neoliberales y en la defensa del sistema de AFP y de sus propietarios, que son los únicos beneficiarios del mismo.
Resulta completamente absurdo el que se sigan haciendo planteamientos que buscan limitar la necesidad de reforma del sistema de pensiones únicamente a las pensiones que son garantizadas por el Estado y cuyo financiamiento proviene de recursos fiscales, porque además esta posición entra en abierta contradicción con el rechazo que siguen manteniendo estos mismos partidos, respecto de la necesaria reforma tributaria que el gobierno ha planteado como parte del pacto fiscal.
Por tanto, estimamos, desde la Central, que esta posición de los partidos de derecha es un retorno a la defensa corporativa de la industria de las AFP, de sus propietarios y del gran empresariado, y que tergiversa y falsifica la realidad para justificarse.
Sus propuestas solo demuestran su absoluta insensibilidad respecto de las situaciones dramáticas que viven los pensionados condenados a la miseria en nuestro país. Lo cierto es que ninguna propuesta, ningún diseño que no contemple mecanismos de solidaridad intergeneracional y un sistema de seguro social, es capaz de resolver la necesidad de incrementar de manera sustantiva las pensiones hoy día, y los planteamientos que hemos realizado desde la Central van en esta dirección y evidentemente comparten la necesidad de incrementar la PGU, pero amplían esa necesidad para que un mecanismo solidario garantice incrementar las pensiones hoy, no en 30 o 40 años más. La dramática situación en que viven centenares de miles de pensionados de nuestro país, no puede seguir siendo postergada ya que finalmente terminan afectando a todas las familias trabajadoras, no puede continuar.
¿Dónde ve los temas más prioritarios de la propuesta que hizo la CUT para la reforma de pensiones?
Las propuestas que la Central entregó a la Ministra del Trabajo hace unas semanas atrás, expresaba, fundamentalmente, el respaldo de la CUT a las ideas matrices con las que el Gobierno instaló el proyecto de reforma previsional. En nuestra opinión, es necesario subir las pensiones hoy día, es necesario incrementar la PGU, y para ello avanzar en la reforma tributaria. Pero, por sobre todo, es necesario incorporar un mecanismo de solidaridad con la cotización de los empleadores. Y, en la opinión de la CUT, la totalidad del 6% de incremento de las cotizaciones, con un aporte patronal que debe destinarse a este mecanismo solidario, para expandir su capacidad de mejorar las pensiones hoy día y de garantizar pensiones dignas a futuro. Asimismo, hemos reiterado la necesidad de terminar con el modelo de AFP. Sostenemos la necesidad de que un organismo público sea el encargado de gestionar el sistema de pensiones, lo que además es simplemente hacerse cargo de la realidad. Lo cierto es que hoy día las AFP prácticamente no pagan pensiones en nuestro país y el gran pagador de pensiones, en nuestro país, es el Estado y lo hace a través del Instituto de Previsión Social.
¿Cuál es su percepción de avance o no de la propuesta de pacto fiscal?
En el marco de la propuesta de pacto fiscal que ha presentado el Gobierno, se busca también alcanzar acuerdos en la tramitación legislativa con el objetivo de incrementar la recaudación fiscal. Lo hace acotando de manera muy significativa las proyecciones iniciales que la reforma tributaria que fue ingresada por el Gobierno el año pasado y fue rechazada en su idea legislativa en la Cámara de Diputados. Esto sin duda tiene un impacto complejo, al restringir los recursos con que, en proyección, el Estado de Chile va a contar para abordar las cuatro necesidades sociales que el gobierno ha relevado en el pacto fiscal: reforma de pensiones; fortalecimiento de la salud pública; seguridad; y cobertura social.
Sin embargo, los detalles del pacto fiscal aún no se conocen, particularmente en sus componentes de reforma tributaria. Para nosotros es necesario ratificar que los cambios legales y de fortalecimiento de la administración tributaria, que se han anunciado, garanticen la reducción de la evasión y la elusión en 1,5% del PIB. En cualquier diseño que se proponga, es absolutamente indispensable superar las debilidades para fiscalizar el correcto pago de los impuestos, lo que es una fuente de inequidad.
En los cambios tributarios, para nosotros es determinante verificar que los mecanismos que se definan incrementen la recaudación del impuesto a la renta con clara perspectiva de avanzar en justicia tributaria. En nuestro país tenemos un sistema tributario que sigue cargando proporcionalmente más a quienes tienen menos ingresos. Así quedó demostrado en los análisis que realizó la OCDE en el proceso de diálogos tributarios al que fuimos invitados como Central a participar por el Gobierno. Y por tanto, es nuestra prioridad que este pacto fiscal y sus componentes de reforma tributaria avancen en resolver un sustantivo incremento de la carga tributaria de los segmentos de mayores ingresos, y avanzar a un sistema tributario que reduzca o elimine el nivel de regresividad que hoy día mantiene.
De la misma manera, aunque resulta claro que las Pymes, particularmente las pequeñas y microempresas, requieren mecanismos particulares que, desde el punto de vista tributario reduzcan sus costos y permitan su desarrollo, las medidas que se han anunciado deben ser revisadas para que no se constituyan en nuevos espacios de elusión y evasión que puedan ser utilizados discrecionalmente. En esta línea, el aumento del límite para los sistemas especiales de tributación de pymes, que hoy día están anunciados ampliando la categoría de pymes a empresas que tienen ventas de hasta 100.000 UF anuales (es decir empresas con ventas por 300 millones mensuales), resulta al menos dudoso en términos de su eficiencia y de que estén apuntando a aquellas micro y pequeñas empresas que son las que hoy día sufren principalmente las condiciones que requieren un apoyo del fisco en estas materias.
Lo cierto es que el sistema tributario debe garantizar que todos y todas aporten, tal como lo hacemos los trabajadores y trabajadoras que pagamos nuestros impuestos por la vía del IVA y, aquellos que están en los tramos no exentos de renta, por la vía del pago del impuesto único, que todos y todas, también en el mundo empresarial y quienes viven de las rentas del capital aporten de manera progresiva y adecuada al desarrollo del conjunto del país.
Desde el mundo sindical, ¿cómo mira el ambiente político, las pugnas abiertas?
Desde la Central vemos con preocupación el ambiente que se ha generado en estos últimos meses. Qué duda cabe que las complejidades que ha enfrentado el Gobierno, a propósito de los casos de fundaciones, requieren ser abordadas con mucha decisión, pero teniendo en cuenta que finalmente, más allá de los casos puntuales, estamos ante hechos que se enmarcan en la continuidad de un Estado subsidiario. La transferencia discrecional de recursos públicos a entes privados para realizar funciones públicas, sin un adecuado marco de control y fiscalización, es lo que se ha expuesto por la vía de estos casos y que ha enturbiado fuertemente el debate político. Pero no es sólo ese elemento. Sin duda la ofensiva de la derecha y del empresariado, en términos del impulso que perciben a partir de los resultados del plebiscito constitucional y de los resultados del nuevo proceso constituyente, han devenido en una tónica de debate político de la mayor agresividad y que finalmente busca generar un permanente bloqueo respecto de toda medida de avance social que hoy día son demandadas por amplios segmentos de la ciudadanía.
Ya lo comentamos en pensiones, ya lo comentamos en pacto fiscal, lo mismo ha ocurrido en el debate de la agenda laboral, como el proyecto de ley de incremento del salario mínimo donde una parte importante de la derecha rechazó sistemáticamente todas las medidas que beneficiaban a los trabajadores y trabajadoras, aprobando sin más aquellas que beneficiaban directamente a los empresarios, y particularmente, al gran empresariado. Entonces, este ambiente político no está colaborando, pero nosotros entendemos que es la expresión de un cuadro en el que los intereses del gran empresariado están buscando imponerse por esta vía.
Por nuestra parte, hemos asumido la responsabilidad de hacer la representación del mundo del trabajo frente al escenario económico que vive nuestro país. Lo hemos hecho por la vía del diálogo social y de la negociación, con avances relevantes para el mundo del trabajo. En los últimos meses, en el proyecto de ley de 40 horas, en la negociación del sector público, en la continuidad de sus meses de trabajo, en el proyecto de incremento del salario mínimo que proyectó a 500 mil pesos su valor para mediados del próximo año. Ante el escenario que vivimos, hemos convocado al movimiento sindical a movilizarse, a actuar con más decisión y con más capacidades de exigencia, de presión, siempre priorizando la negociación y el diálogo como mecanismos, pero con voluntad y disposición a hacer avanzar nuestras demandas por la vía del ejercicio de nuestra libertad sindical y de nuestra manifestación ciudadana.
¿Desde la ANEF cómo están asumiendo la conmemoración de los 50 años del golpe?
Tanto desde la Central, como desde la ANEF, la conmemoración de los 50 años del golpe militar es una fecha de primera relevancia, porque finalmente la dictadura y el quebrantamiento de la democracia de nuestro país con el golpe de Estado civil militar de 1973, tuvo como víctima a los dirigentes y partidos que eran parte del Gobierno de la Unidad Popular, encabezado por el compañero Presidente Salvador Allende, pero tuvo también un foco de persecución brutal y sistemática respecto del sindicalismo, respecto del movimiento popular en general, pero particularmente de los dirigentes y dirigentes sindicales.
Para nosotros, una tarea central es relevar en este periodo de conmemoración, la necesidad de consolidar una cultura que en nuestro país termine con los fenómenos de negacionismo, de justificación del golpe y de negación de sus dramáticas consecuencias en derechos humanos, sociales y económicos para el conjunto del país. Lo hemos hecho conmemorando a las víctimas que han sido parte del movimiento sindical que nos antecedió. Lo hemos hecho también destacando el rol de las organizaciones sindicales y de los dirigentes y dirigentes que jugaron roles de primera línea en la recuperación de la democracia y en la lucha contra la dictadura. Lo hacemos con proyección de futuro, para consolidar un movimiento sindical que tiene claridad respecto de su rol en la sociedad, que tiene voluntad, desde sus propias perspectivas y su autonomía, de tomar acción política, y hacerlo en un marco en el que la defensa de la democracia como el espacio en que se expresan nuestras demandas e intereses es absolutamente fundamental.