“Sólo hay un cumplimiento de un 73% de las obligaciones del Estado” respecto a sucesos de la pasada dictadura. Seguridad en el centro sur y adopciones irregulares se presentan por primera vez en informe de los derechos humanos en el país.
Ana María Olivares. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 12/12/2023. Cuando se cumplen 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó su informe anual en una ceremonia realizada con la asistencia del Presidente Gabriel Boric, quien valoró el trabajo señalando que es un deber del Estado asistir a las víctimas y estudiar con detención las recomendaciones emanadas de la institución para ponerlas en práctica.
El evento, realizado por primera vez en el espacio de memoria Villa Grimaldi, contó con la presencia de varios ministros de Estado, subsecretarios, diputados y senadores. Desde el Poder Judicial llegó el ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, quien es el coordinador de todas las causas judiciales de derechos humanos, incluidas las de adopciones ilegales que instruye el ministro Jaime Balmaceda, cuya temática también estuvo presente en el informe.
El documento de 437 páginas, cuenta con seis capítulos y aborda en su primer capítulo los “50 años del Golpe de Estado en Chile. Avances y deudas en el cumplimento de las obligaciones internacionales en materia de justicia transnacional”, donde la directora del organismo autónomo, Consuelo Contreras, señaló en su discurso que sólo hay un cumplimiento de un 73% de las obligaciones del Estado en frente a las violaciones graves, masivas, sistemáticas e institucionalizadas a los derechos humanos, lo que se torna grave cuando aún sigue vigente la cuestionada Ley de Amnistía.
En el documento se valoró la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada. Son más de mil los detenidos desaparecidos víctimas de la dictadura civil-militar.
Uno de los capítulos que más llamó la atención fue el denominado “violencias y vulneraciones de derechos humanos en las regiones centro-sur de Chile”, donde se aborda el derecho a la libertad de circulación y residencia, derecho de propiedad, a la libertad religiosa y derecho a la educación, especialmente en zonas rurales, donde también analiza el alcance de la seguridad personal, en cuanto a su respeto y garantía de parte del Estado para quienes viven en la zona. Además, muestra que la adopción de medidas ante la violencia no es homogénea.
El tercer capítulo es “principio de no discriminación y derechos sociales”, en especial en tres grupos de especial protección: mujeres, personas con discapacidad y personas LGTBIQ+, ejemplificado por ejemplo en las Isapres, que castigan a las mujeres con cobros muchos más elevados en sus planes de salud. Si bien se indica que la normativa chilena avanza en garantizar los derechos de las personas más vulnerables, aún está en entredicho su efectividad.
En su cuarto capítulo, el documento revisó la función policial y orden público, ítem que arroja que los controles de identidad preventivos no alcanzan los estándares internacionales, detectando que “su eficacia es mínima y los datos que se registran sobre esta herramienta no aportan información sobre la idoneidad del procedimiento para la persecución de los delitos”.
El quinto capítulo aborda la gestión de desastres en Chile desde la perspectiva de los derechos humanos, donde se hallaron nudos críticos en el diseño e implementación de la ley que creó el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), así como problemas en el restablecimiento de los medios de vida para la subsistencia de personas afectadas por un desastre.
El capítulo sexto, revisa el derecho a la identidad y a la convivencia familiar frente a secuestros y adopciones irregulares de niños y niñas en Chile. En éste, se detecta que “hay una cifra incierta de miles de menores de edad que fueron dados en adopción en Chile y el extranjero en el marco de una serie de ilícitos”.
Asimismo, detallan que “el Estado no ha actuado con la debida diligencia para localizar su paradero; restituirle su identidad y permitirles el reencuentro con sus familias de origen”. Al respecto el Presidente Boric señaló que esta es una realidad poco conocida pero que él mismo conoció en una visita en Estados Unidos cuando se entrevistó con dos jóvenes chilenos que fueron adoptados siendo niños y que recién descubrieron que fueron víctimas de un tráfico.
Mientras que el último capítulo del informe es el “derecho a la identidad y a la convivencia familiar frente a secuestros y adopciones irregulares de niños y niñas en Chile”. Se advierte en esta parte del documento que existe una cifra incierta de miles de menores de edad que fueron dados en adopción ilegal en Chile y el extranjero en el marco de una serie de ilícitos.