Hay ejemplos como la clásica British Broadcasting Corporation (BBC) desde 1927, la Radiotelevisione Italiana RAI, desde 1939; incluso en Argentina TVP, Canal 17 de Buenos Aires desde 1951; Radio y TV Española (RTVE) desde 1956 que han resultado medios públicos exitosos. ¿Qué impide que nuestra industria televisiva se aproxime siquiera a estos estándares internacionales?
José Luis Córdova. Periodista. Santiago. 12/04/2022. Nueve días antes de abandonar La Moneda el ex presidente Piñera intentó reformar la ley 19.132 de 1992 que creara la empresa nacional de televisión pero no para convertirla en un auténtico Canal Público como se debe, sino meramente para incidir en la conformación del Directorio de siete personas, incluido el presidente ejecutivo, dejando sin derecho a voto en esa instancia a los trabajadores. Ni una sola palabra sobre la necesidad de restaurar el carácter público de la estación que solo está en el enunciado formal.
El presidente Boric, entre sus primeros nombramientos, designó al periodista Rodrigo Cid como integrante del Directorio, instancia que no estaba funcionando precisamente porque falta integrar a dos directores. En todo caso hay sectores que se oponen a incorporar a un funcionario de la estación. También se había hablado de nombrar a la periodista Alejandra Matus en la dirección ejecutiva, pero resultó otra de las mentadas “fake news”.
Finalmente el Gobierno optó por nombrar a la colega Andrea Fresar, hasta ahora encarga de comunicaciones y relaciones públicas de Chilevisión que había ejercido ese mismo cargo en el Consejo Nacional de TV entre 2001 y 2004.
Desconocemos qué piensan estos nuevos ejecutivos de TVN sobre el proceso que debería llevar a TVN a convertirse en un canal público a plenitud.
En un mundo en el que la competencia no significa necesariamente el aumento de la calidad ni de la diversidad de canales ni una mayor capacidad de elección, y en un escenario en el que priman la guerra por audiencias y la obsesión por los beneficios sin importar el servicio público, la defensa de una TV pública rentable socialmente, competitiva, de calidad, independiente del poder político y más barata parece una utopía o simplemente una verdad mentirosa.
Pero hay ejemplos como la clásica British Broadcasting Corporation (BBC) desde 1927, la Radiotelevisione Italiana RAI, desde 1939; incluso en Argentina TVP, Canal 17 de Buenos Aires desde 1951; Radio y TV Española (RTVE) desde 1956 que han resultado medios públicos exitosos.
France 2, desde 1964, como miembro del servicio público audiovisual francés tiene obligaciones de servicio público y debe representar a todos los franceses, tanto de la Francia Metropolitana como de los departamentos de ultramar, con una programación rica, ambiciosa y federativa que informe, eduque y estimule el debate democrático en todos sus niveles, a través de canales generalistas y temáticos.
Por ejemplo, los servicios informativos cubren los niveles nacional, regional (desconexiones de France 3), ultramar (Réseau Outre-Mer) e internacional (France 24 y otros canales temáticos). Dentro de sus contratos de objetivos, France Télévision debe también apostar por la producción audiovisual y cinematográfica francesa.
¿Qué impide que nuestra industria televisiva se aproxime siquiera a estos estándares internacionales? También pensemos en una radio o un diario impreso de carácter público como alguna vez fuera “La Nación”, sentenciada a su desaparición al regreso de la democracia en la década de los 90. Triste recordación.
Los debates en la Convención Constitucional sobre libertad de expresión, sistema de medios de comunicación y el derecho a la comunicación han sido desvirtuados por verdades mentirosas de parte de sectores de derecha que insisten en que cierto ordenamiento y fiscalización significaría censura previa, falta de democracia y otras falacias.
Mejorar la comunicación hacia la ciudadanía se hace cada vez más urgente y necesario tomando en cuenta la brutal ofensiva contra el proceso constituyente que sigue adelante entre encuestas mañosas, declaraciones altisonantes sobre supuestos articulados presuntamente aprobados que ni siquiera se han votado en el pleno y otras expresiones de mala intención y falta de voluntad política para reemplazar finalmente la constitución pinochetista como lo demandó el 80% de la población de este país. Y esta es una verdad vigente que la TV y los otros medios no deben ni pueden olvidar.