La idea de ofrecer gas licuado a “precio justo” se desdibujó no sólo por malos cálculos y precipitación en su implementación, sino porque los medios de comunicación desperfilaron sus objetivos y alcances a favor de algunas comunas del país. Aclararlo es tarea pendiente de la televisión, la prensa y la radio.
José Luis Córdova. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 7/6/2023. Para los canales de televisión, lo más destacable de la cuenta presidencial fue su extensión y luego, las críticas de la oposición, siguiendo la pauta “piloto” ordenada desde las salas de redacción de El Mercurio, La Tercera, Canales 13, Mega, y Radio Biobío. La idea era -entre otras- desacreditar cualquier pacto tributario antes que el gobierno envíe el proyecto de reforma al parlamento e impedir el fin de las AFP, del CAE y de las Isapres.
La derecha ofició después al Consejo Nacional de Televisión por la cadena nacional ordenada la noche de la Cuenta y reclamó porque todos los canales transmitieron el acto en el Congreso Pleno una actividad histórica, legal y protocolar, cada 1 de junio a cargo del Presidente de la República que debe ser conocida por todos.
Hablando de planes “piloto”, la idea de ofrecer gas licuado a “precio justo” se desdibujó no sólo por malos cálculos y precipitación en su implementación, sino porque los medios de comunicación desperfilaron sus objetivos y alcances a favor de algunas comunas del país. Aclararlo es tarea pendiente de la televisión, la prensa y la radio. Pero no son los únicos casos.
Vale la pena detenerse -por ejemplo- en un debate sostenido en el matinal “Mucho gusto” del Mega el lunes 29 de mayo pasado cuando el colega José Antonio Neme terció entre el gobernador metropolitano Claudio Orrego y el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, sobre política de seguridad y el tema de los balones de gas con una superficialidad abismante.
Demás está decir el énfasis que todos los canales de TV ponen día a día sobre los hechos delictuales, el crimen organizado y el narcotráfico, pero sobre todo en las “noticias” al respecto y prácticamente nada de propuestas ni menos soluciones. El caso del gas puede fácilmente homologarse a esos métodos “informativos”. Como si fuera negativo bajar el precio del gas, así como terminar con el sobreprecio de la energía eléctrica en invierno, que fue anunciado por el Presidente Boric.
Mientras el presidenciable Carter en el Mega -calificado como “populista” por algunos politólogos- insistía en que es tarea de Gobierno enfrentar sin ambages la delincuencia, el ex DC Orrego -definido por otros como “institucionalista”- aclaraba que la comunidad también debe asumir roles en este caso. Mientras el alcalde remarcaba la “inacción” gubernamental -del Ejecutivo y el Legislativo- Orrego enfatizaba las dificultades institucionales en los plazos y las demoras que medidas concretas tenían en cada caso ante el exceso de burocracia y la falta de acuerdos políticos.
El colega Neme -al igual que Rodrigo Sepúlveda, Iván Núñez, Matías del Río, Mónica Rincón y Constanza Santa María- afirma que la “gente común”, entre los que se encasillan, no entiende de procedimientos, recursos ni acciones esporádicas, sino que esperan planes definitivos para erradicar estas lacras de nuestra sociedad. Es cierto, pero los periodistas no pueden olvidar que las comunicaciones a través de los medios cumplen precisamente un rol difusor y de prevención, aspectos que faltan notoriamente en esta política social, desde hace varios gobiernos atrás.
La televisión, desde las series norteamericanas, los noticieros que destacan los hechos policiales hasta los debates políticos al respecto no contribuyen al correcto conocimiento de lo que realmente ocurre ni las mejores medidas que se adoptan. Varias decisiones serían naturalmente de carácter reservado en materia de inteligencia pero la urgencia de una institucionalidad para estas labores constituye un primer paso infaltable.
Las sensaciones de inseguridad, de temor y de victimización se han acentuado desde la teleaudiencia hacia toda la población y en ello tiene una grave responsabilidad precisamente la televisión chilena. No se trata de ocultar hechos delictuales, pero en ningún caso ensalzarlos ni reiterarlos hasta el cansancio y, de alguna manera, naturalizarlos.
La libertad de expresión y de prensa son esenciales para un país democrático pero la actual pertenencia de los principales medios de comunicación en manos de poderosas familias, clanes económicos y empresas transnacionales no aportan precisamente al pluralismo, al debate abierto ni a recoger iniciativas ciudadanas.
Está bien el debate sobre un plan “piloto” para asumir tareas y responsabilidades desde los barrios y poblaciones, hasta las máximas autoridades del país. Ver noticias -por muy trágicas y violentas que sean- por sí solo no aporta a la reducción de los delitos, ni a conseguir un precio justo para los balones de gas licuado, así como tampoco encerrarse en sus casas ni responsabilizar de todo al Gobierno.
No olvidar el rol cultural de la televisión, la necesidad de formar conciencia ante la magnitud de los problemas, pero también de la complejidad de las soluciones, que van más allá del populismo y los excesos de la institucionalización. Asimismo, no corresponden frases de comunicadores públicos como: “a mí me da lo mismo”, “no tengo ni la menor idea”, “no me interesa”, “no soy político”, con las cuales se refieren a menudo los colegas periodistas sobre temas trascendentes para la teleaudiencia y para todos los habitantes de este país.
Si de “pilotos” hablamos, nada mejor que experimentarlos y fiscalizarlos en serio desde la pantalla chica, inclusive en los matinales más frívolos e intrascendentes. Hagamos, finalmente, planes piloto para contribuir al rol cultural de la televisión, sin chistar por la longitud de los mensajes, porque en materia de publicidad, los spots comerciales cansan hasta a los televidentes más consumistas presas del neoliberalismo más abyecto.