La mañana del 5 de septiembre de 1970 comenzó todo. Las reuniones en Washington, la creación de Patria y Libertad y el Comando Rolando Matus. La movida táctica contada por Alessandri. Los asesinados del general Schneider y el capitán Araya, ejecutados por la ultraderecha y oficiales del Ejército y la Armada. El “tanquetazo”, la marcha de las cacerolas vacías, la huelga de los mineros del cobre y la Ley de Control de Armas. La decisión de abortar el plebiscito, ante el temor de que la ciudadanía respaldara a Salvador Allende.
Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 10/9/2023. La mañana del 5 de septiembre de 1970 comenzó todo. Establecido el día anterior el triunfo del doctor Salvador Allende, candidato presidencial de la Unidad Popular, el 5/9 se produjeron reuniones en las sedes de los partidos Nacional y Demócrata Cristiano (DC), en oficinas de la embajada de Estados Unidos (EU) en calle Merced, en la residencia del dueño de El Mercurio, Agustín Edwards, y en las casas de altos oficiales castrenses y empresarios, de manera reservada.
Fue el preludio de la planificación meticulosa, conspirativa y financiera para, primero, evitar que Allende se sentara en el sillón principal de La Moneda y, luego, apuntar a su derrocamiento.
El clima lo graficaban sutilmente dos titulares de prensa del 5/9. Mientras Clarín aseguraba “¡Allende Presidente”!, El Mercurio relativizaba, “Allende: Mayoría Relativa”.
El candidato de la UP había obtenido el 36% de los sufragios y el del Partido Nacional (PN), Jorge Alessandri, el 35%. Ninguno tuvo mayoría absoluta y el Congreso, en una sesión del 24 de octubre de 1970, debía decidir entre ambos.
Así, el primer paso establecido por la derecha y respaldado por funcionarios estadounidenses, era que los parlamentarios no votaran por Allende. El propio Alessandri, en una entrevista en El Mercurio explicó la táctica: “Ésta consistió en que yo fuera elegido presidente en el Congreso pleno sobre la base de que no asumiera el cargo permitiendo así que el vicepresidente de la República, de acuerdo con la Constitución, llamara a una nueva elección y los que me apoyaron patrocinaron la reelección del señor Frei (Eduardo Frei Montalva)”.
Se barajó una opción paralela. Generar una situación de inestabilidad política y conmoción social que gatillara la intervención de las Fuerzas Armadas (FFAA) que apuntara a desechar los comicios del 4/9 y hubiera otra elección donde fueran juntos la derecha y la DC. En esa línea comenzaron a trabajar la Estación CIA (Central de Inteligencia Americana) en Santiago, civiles de extrema derecha, uniformados anticomunistas y empresarios conspiradores.
Ese camino se fortificó cuando se comprobó que el aspirante presidencial de la DC, Radomiro Tomic, y el comandante en jefe del Ejército, René Schneider, cerraron la puerta a salidas conspirativas, extremas y de fuerza.
Lo comprobado a través de documentos desclasificados de entidades de Inteligencia, gubernamentales y el Senado de Estados Unidos (EU), testimonios de actores políticos chilenos, investigaciones periodísticas y documentación académica/investigativa, es que desde septiembre de 1970, sin demora, se diseñó una estrategia destinada a echar abajo la presidencia de Allende con acciones conspirativas y violentas, generando inestabilidad política y desazón social, estrangulando la economía y saboteando la producción y el abastecimiento, boicoteando la venta del cobre y consecución de créditos en el exterior, y pasando por arriba de resultados electorales y acuerdos políticos.
Es larga la lista de reuniones y acciones en el camino golpista y sedicioso. Principalmente están los encuentros de militantes ultraderechistas encabezados por el abogado Pablo Rodríguez y la creación del grupo paramilitar Patria y Libertad; el visto bueno del presidente del PN, Sergio Onofre Jarpa, para que se creara el Comando Rolando Matus; los encuentros de empresarios agrícolas y de grupos financieros; las reuniones en septiembre en Washington entre el presidente Richard Nixon, el consejero de seguridad Henry Kissinger, el director de la CIA, Richard Helms, Agustín Edwards y el vicepresidente de la PepsiCola, Donald Kendall; la planificación de operaciones secretas de la CIA (Proyecto Fubelt o Track II); las conspiraciones de oficiales de las FFAA; los encuentros de la Cofradía Náutica; y reuniones de altos directivos de la ITT y el Banco Mundial para ahogar la economía chilena, entre otros episodios.
Todo derivó en millonarios financiamientos, entrega de armas, aportación de logísticas, respaldos de Inteligencia, de lo que fueron receptores El Mercurio, Patria y Libertad, oficiales castrenses, personeros del PN y la DC, dirigentes gremiales opositores a Allende y otras organizaciones y personajes. El objetivo: derrocar a Allende.
Las operaciones criminales
El primer golpe: asesinato de René Schneider.
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, hizo ver que “el objetivo de derrocar a Allende se comenzó a orquestar antes de que él asumiera y de ello da cuenta el asesinato del general René Schneider materializado por grupos de ultraderecha y la CIA”.
El agregado militar de EU en Chile, Paul Wimert, el jefe de la CIA en Santiago, Henry Hecksher, los generales Roberto Viaux y Camilo Valenzuela y un grupo de ultraderechistas, por órdenes impartidas desde la Casa Blanca acorde con el proyecto “Fubelt”, organizan y ejecutan el ataque contra Schneider. Wimert confesó que les entregaron a los terroristas chilenos 50 mil dólares, ocho metralletas, pistolas y gases lacrimógenos.
El objetivo era secuestrar al jefe del Ejército y generar un caos político, a partir del cual intervinieran las FFAA y se llamara a otra elección. El primer intento se hizo el 19 de octubre, pero un cambio de Schneider en su traslado, hizo que se postergara para el día 22. Cuando se concretó, Schneider resistió, lo que terminó en su asesinato.
El objetivo del criminal complot no se cumplió. La actitud constitucionalista del general Carlos Prats, sucesor de Schneider, la distancia de la DC sobre el suceso, temores en oficiales golpistas, el miedo en el PN y la postura democrática de diversos sectores, impidieron que se concretara el objetivo de generar una situación que frustrara la toma de posesión de Allende que se materializó el 4 de noviembre.
El asesinato del Capitán Arturo Araya.
Durante los tres años del Gobierno de la UP, Patria y Libertad, el Comando Rolando Matus, personal de las FFAA y gente ligada a “la familia militar”, efectuaron varios ataques y provocaciones a oficiales militares y de la policía uniformada.
Hubo agresiones al jefe de la Armada, almirante Raúl Montero (un constitucionalista, destituido por el golpista José Toribio Merino), al general director de Carabineros, José María Sepúlveda (que fue leal al Presidente de la República y fue sacado del cargo por el “general rastrero” César Mendoza), al jefe del Ejército, Carlos Prats (ultimado por agentes y personal de su institución) y en 1973 decenas de suboficiales y soldados de la Fach y la Armada fueron detenidos y torturados por denunciar planes golpistas.
El suceso más grave ocurrió a primera hora del 27 de julio de 1973, cuando miembros de Patria y Libertad, del Comando Rolando Matus y conspiradores ligados a la Armada y la CIA, efectuaron una provocación en torno de la residencia del Edecán Naval del Presidente, Capitán Arturo Araya, haciéndose pasar por un grupo de ultraizquierda. Cuando Araya salió al balcón de su casa para repeler la agresión, recibió un disparo y a las pocas horas murió.
Si hubo altos oficiales del Ejército ligados al crimen del general Schneider, en el caso del Capitán Araya los hubo vinculados a la Armada. “Camaradas de armas” traicionando y asesinando, como sucedió con el general Prats. Todo demostrado en los procesos judiciales, incluido el del asesinado del Edecán Naval, donde se consignó la participación de personas vinculadas a la Armada, a Patria y Libertad, el Comando Rolando Matus del PN y otros grupos de derecha.
El “tanquetazo”.
El viernes 29 de junio de 1973, en el afán de derrocar al Presidente Salvador Allende, un grupo de oficiales del Ejército, al mando del coronel Roberto Souper, y dirigentes de Patria y Libertad, coordinados por Pablo Rodríguez, movilizaron tanques y tropa del Regimiento Blindado Nº2, Tacna, rodearon La Moneda y efectuaron disparos. Murieron 22 personas.
Estaban coordinados con elementos de la derecha, oficiales castrenses y algunos agentes de la CIA, pero no lograron sumar y coordinarse con altos mandos golpistas y los grupos que estaban complotando a gran escala contra el Gobierno. Los militares sediciosos fueron detenidos y dirigentes de Patria y Libertad se asilaron en la embajada de Ecuador.
Se le define como un fallido intento de golpe de Estado, pero como sea, fue una operación de alcance, desestabilizadora y que tensionó mucho más el ambiente político y a las FFAA. Fue una señal más de la disposición golpista de militares y la derecha.
La Ley de Control de Armas.
Otra situación que ayudó a la organización golpista y ejercicios represivos, fue la aplicación de la Ley de Control de Armas, promovida en el Congreso por legisladores del PN y la DC para incautar armamento “que estuviese en manos de la población”.
Eso posibilitó, sobre todo a la Fach y al Ejército, efectuar allanamientos en poblaciones y fábricas, intimidando a pobladores y trabajadores. Algunos oficiales golpistas reconocieron más tarde que esas acciones fueron un ensayo para despliegues represivos concretado el golpe de Estado, tanto en regiones como en la capital.
La activación gremialista y política desestabilizadora
La marcha de las cacerolas.
Una de las movilizaciones que dio inicio a jornadas desestabilizadoras y de presión al Gobierno, se produjo el 1 de diciembre de 1971, con la denominada “Marcha de las Cacerolas Vacías”, liderada por mujeres adscritas al Partido Nacional y otros sectores de la derecha y la DC.
De esa manifestación surgió el grupo opositor a Allende, “Poder Femenino”, integrado por mujeres del PN, la DC, Democracia Radical, destinado a “luchar contra el marxismo” en representación de dueñas de casa y de madres chilenas. Ese grupo promovió la idea del golpe de Estado y efectuó varias acciones contra la administración allendista.
Paro de camioneros.
En octubre de 1972 se produjo quizá la ofensiva desestabilizadora más agresiva de parte de los gremios empresariales y patronales que buscaban el derrocamiento del Gobierno de la UP. El marco de paros y boicot de los últimos meses de ese año lo dio el “Plan Septiembre”, ideado por la CIA, dirigentes del PN y empresarios.
Lo principal fue el “paro de los camioneros” que duró tres semanas, provocando desabastecimiento, corte de carreteras, alentando hechos de violencia, y generando más conflictividad social y política. Contó, de acuerdo a documentos desclasificados, con al menos 2 millones de dólares de apoyo de la CIA.
Sumándose al boicot, se plegaron con paros y sabotajes a la producción, la Confederación del Comercio Detallista, la Confederación de la Producción y el Comercio, la Sociedad Nacional de Agricultura, los Colegios Médico, de Ingenieros, Agrónomos y Abogados, el gremio de bancarios y se conformó el Comando Nacional de Defensa Gremial que jugaría un rol importante en la confrontación con la UP y el aplauso a la intervención militar.
La huelga de mineros.
En entrevista con ElSiglo.cl, el exministro de Minería del Gobierno de Allende, Sergio Bitar, expuso que “una de las puntas de lanza de la caída del Gobierno, fue la huelga de El Teniente” iniciada en abril de 1973. Los mineros del cobre, que exigían un doble reajuste salarial, pararon durante 70 días, provocando un serio golpe a la economía con la baja en la producción y venta del cobre.
La huelga fue apoyada directamente por la DC y contó con el respaldo de la derecha y gremios patronales. Los mineros “alargaron y alargaron” las conversaciones, incluso de nada sirvió que el Presidente Allende recibiera a sus esposas en La Moneda, y provocaron graves disturbios en Rancagua y Santiago.
Fue un golpe a la estabilidad económica del país, se sumó al embargo del cobre en el extranjero y activó más la confrontación política contra Allende.
La resolución de la Cámara Baja.
El 22 de agosto de 1973, los legisladores de la Confederación Democrática, integrada por el PN y la DC, utilizando una mayoría relativa, dieron curso a una resolución en la Cámara de Diputados, declarando inconstitucional la gestión del Presidente Salvador Allende, e instando a los altos mandos militares y policiales a no colaborar con el Ejecutivo.
Fue y es considerada la carta política para dar luz verde al golpe de Estado. El texto contó con el respaldo jurídico de miembros de la Corte Suprema, el apoyo político de sectores empresariales y grupos financieros, la simpatía de oficiales golpistas y del Gobierno de Estados Unidos.
Abortar el plebiscito
Hay sobrada documentación y variados testimonios que ratifican que el Presidente Salvador Allende desde el 9 de septiembre de 1973 tenía decidido convocar a la ciudadanía a un plebiscito para que dirimiera el curso de los acontecimientos y, en definitiva, se ratificara el proceso de transformaciones o se convocara a elecciones anticipadas para un cambio de Gobierno.
Esa posibilidad se la comentó a generales de las FFAA, a dirigentes de la UP y a sus colaboradores. El anuncio de la consulta lo haría en una actividad en la Universidad Técnica del Estado en la mañana del 11 de septiembre. Era la salida democrática a la crisis política.
Sin embargo, el plan cayó mal en los mandos militares golpistas, en la derecha política y en los gremios empresariales. Era muy riesgoso someter el destino al escrutinio ciudadano. En la elección municipal de 1971, la UP obtuvo un poco más del 50% de los votos y en la parlamentaria de marzo de 1973, más del 43%. En ambas, el conglomerado de izquierda superó el 36% de la votación de Allende. Además, había una constante movilización popular en el país y una consistente organización social que respaldaba al Gobierno.
Así que ante el conocimiento del paso que daría el jefe de Estado, los golpistas apresuraron las cosas. Los contactos para activar la asonada militar se dieron el domingo 9 y el lunes 10, quedando fijado el día “D”. Ya nada, ni siquiera una consulta a la ciudadanía, paraba lo que se venía gestando desde el 5 de septiembre de 1970.