EL EDITORIAL. ¿Quién le teme al lobo feroz?

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La movilización social es producto de la organización, el estado de consciencia y la capacidad de convocatoria de las organizaciones sociales, del pueblo, de la sociedad civil, de los colectivos ciudadanos. Frente a eso, los sectores de derecha y conservadores prefieren las cuatro paredes, los pasillos, los salones, no las grandes alamedas, ni las avenidas, ni las calles, ni las plazas, ni los espacios culturales, ni menos las expresiones populares masivas.

“El Siglo”. El Editorial. Santiago. 29/3/2024. Una primera consideración en torno del debate suscitado por convocar o no a la movilización social, es que aquella no se va a producir o masificar necesariamente porque la convoque un Gobierno, un partido, un dirigente o una orgánica política.

La movilización social es producto de la organización, el estado de consciencia y la capacidad de convocatoria de las organizaciones sociales, del pueblo, de la sociedad civil, de los colectivos ciudadanos.

Incluso, hay expresiones ciudadanas que tienen carácter espontáneo en muchos espacios y niveles.

Una segunda consideración es que la participación ciudadana y la expresión social en cualquiera de sus formas, incluidas una marcha por las calles, es un acto de carácter democrático y soberano.

Un tercer elemento a tener en cuenta, aunque algunos prefieren esfumarlo, son las multitudinarias marchas contra las AFP, del movimiento feminista por los derechos de las mujeres, la de casi dos millones de personas en 2019 reclamando por derechos sociales, de los estudiantes por sus reivindicaciones, las del Primero de Mayo de las trabajadoras y los trabajadores, entre varias otras, por mencionar manifestaciones de años recientes.

Esas fueron, indiscutiblemente, expresiones sociales pacíficas, de alta calidad y convocatoria, de amplificación de demandas e idearios y se sumaron a otros hitos masivos en la historia de nuestro país que dieron paso a procesos democratizadores, transformadores y de consecución de derechos de chilenas y chilenos.

Es así que hoy, plantear la condena y el cuestionamiento a la movilización social, es una postura antidemocrática, excluyente, autoritaria, destinada a inhibir y reprimir las distintas formas de manifestación que surjan de las organizaciones populares y de la sociedad civil.

La expresión popular, por lo demás, no riñe con las consecuencias de procesos electorales o la labor de un Gobierno, del Congreso o los partidos políticos. Es parte sustancial de la vida democrática del país.

Pese a todo eso, es sabido que a la derecha, la ultraderecha, los sectores conservadores y oscurantistas, las élites y los poderes fácticos, no les agrada el pueblo en las calles, plazas, cabildos y espacios públicos. No les gusta escuchar las voces expresadas en manifestaciones. Peor aún, instalan falacias como que los temas sociales y del país sólo deben discutirse en ámbitos de la política y llegan al punto de decir que las movilizaciones son antidemocráticas. A esos sectores les gustan las cuatro paredes, los pasillos, los salones, no las grandes alamedas, ni las avenidas, ni las calles, ni las plazas, ni los espacios culturales, y menos las expresiones populares masivas.

Es peligroso, como lo hizo esta semana el conglomerado de derecha Chile Vamos, establecer que la movilización social es violenta, destructiva, impune y que está circunscrita a episodios específicos como el estallido social de 2019. Encasillan y criminalizan a millones de chilenas y chilenos.

La movilización social, ante todo, tiene un carácter ciudadano, reivindicatorio, pacífico, de apoyos o protestas, de empuje a ideas y proyectos, de otorgar espacio a la gente. No es un tema de presiones o de radicalidades.

Hoy la inmensa mayoría de la población chilena -algo que suelen olvidar dirigentes políticos, legisladores, académicos y analistas- vive a diario las consecuencias de pésimas pensiones, bajos sueldos congelados, endeudamientos castigadores, abusos de empresas, malos servicios, desempleo o empleo precario, alza en el costo de la vida, entre otros problemas.

Plantearse siquiera que nadie puede movilizarse y expresarse para demandar que esas situaciones se solucionen, que no se debe recurrir a esa herramienta para mejorar las condiciones de vida de la gente, es retroceder a las cavernas, es construir un marco represivo, es continuar coartando la participación ciudadana y cercenando la soberanía popular.

Una sociedad sana, pacífica, democrática, participativa, abierta, inteligente, no puede cerrar el paso a las expresiones sociales en todas sus manifestaciones. En eso, por cierto, prima un carácter pacífico, de disciplina social, consciente, participativo, alegre, propositivo y de posicionamiento de una reivindicación, una idea o una propuesta.

Los gobiernos, los parlamentos, los partidos políticos, tienen que cumplir sus roles. Pero no pueden plantear que la gente no se movilice, menos cuando desde esos ámbitos no se solucionan las carencias y no se responde a las demandas de las mayorías.

No se debería olvidar que mientras se cuestionan los llamados a que la gente participe y se exprese, los sectores conservadores, los partidos de derecha, los gremios empresariales, la prensa afín a esos sectores, los colectivos ultraderechistas, los académicos y columnistas conservadores, los grupos sociales reaccionarios, se organizan, se reúnen, se agrupan, actúan, ocupando espacios y expresándose de distintas maneras.

En todo caso está claro que el movimiento social y la sociedad civil estarán donde quieran estar, independientemente de discusiones de sectores políticos y de la elite, como parte de los procesos sociales, transformadores y reivindicadores de derechos.