Los casos de Noboa, Milei, Bukele, Bolsonaro. Se conoce, por hechos históricos, que la derecha y la ultraderecha son renuentes a respetar el Estado de Derecho, la instituciones del Estado, el derecho internacional, las normas democráticas y el respeto a derechos civiles y humanos.
“El Siglo”. El Editorial. Santiago. 8/4/2024. Varios episodios de los últimos días, sumados a otros anteriores, dan cuenta del peligro que implica a escala regional e internacional, y en los escenarios nacionales, el que partidos y personajes de la derecha y la ultraderecha asuman las jefaturas de gobiernos.
El caso a la mano es el del Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien ordenó el violento allanamiento de la Embajada de México en Quito, para secuestrar a un exvicepresidente que ejercía el derecho a asilo, violando el Convenio de Viena y el derecho internacional. Hasta el momento, y seguro será así en los días que vienen, el Gobierno de derecha justifica el acto violatorio en una actitud prepotente y autoritaria, pese a la condena casi unánime de la comunidad internacional. Es obvio que la actitud de la administración conservadora en Ecuador pone en peligro el derecho a asilo y el respeto a la inmunidad diplomática.
El Presidente de Argentina, Javier Milei, recibió -y posó junto a ella vestido de militar- a la jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (EU), Laura Richardson, y anunció una serie de acuerdos militares con la potencia del norte, que podrían incluir una base militar conjunta en la Patagonia. Además, dijo que habrá una alianza estratégica de Argentina con EU, lo que implica sumarse a una política exterior afín a Occidente. Claramente es una posición amenazante y que tiende a reforzar posturas militaristas, intervencionistas y agresivas en América Latina y otras partes del mundo.
A pocos días del encuentro Milei-Richardson, viajó a Estados Unidos la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, para materializar acuerdos policiales entre el país sudamericano y los estadounidenses, sobre todo en “el combate al terrorismo”, que ya se sabe qué significa para gobiernos de derecha y ultraderecha.
La Presidenta de Perú, Dina Boluarte, tuvo que declarar ante un tribunal de justicia por la investigación sobre ella por corrupción, entre otras cosas en torno a la posesión ilegal de relojes de lujo, joyas millonarias y enriquecimiento ilícito. El tema es que en medio de eso, hubo expresiones amenazantes y prepotentes de parte de la mandataria, que nuevamente la pusieron cuestionando el Poder Judicial y el funcionamiento de instituciones del Estado. Boluarte criticó la acción judicial, la cual calificó de “medida arbitraria, desproporcionada y abusiva”, volviendo a poner de manera peligrosa en entredicho los procedimientos judiciales.
En Brasil, se volvió a constatar que los grupos conducidos por el expresidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro, siguen activos y con planes desestabilizadores, ilegales y violentos, todo lo cual es investigado y monitoreado por fuerzas de seguridad y el propio Gobierno. Se sabe que junto a actividades ilegales del propio Bolsonaro, los grupos de derecha y ultraderecha en Brasil persisten en organizar protestas violentas, acciones conspirativas y manifestaciones desestabilizadoras como fue el ataque a las sedes presidencial y legislativa.
En El Salvador, el mandatario Nayib Bukele, insiste en medidas autoritarias y represivas contra el conjunto de la población, en el marco de lo que define como “combate a la delincuencia y las pandillas”, con denuncias continuas de violaciones masivas a los derechos humanos, vulneración de derechos ciudadanos, y aplicación de planes que acrecientan la pobreza y la migración en ese país. Persisten los cuestionamientos en cuanto a que, en definitiva, las políticas de seguridad implementadas por el gobernante de ultraderecha, pasan por arriba de la Constitución y violan derechos civiles y humanos de salvadoreñas y salvadoreños.
En México, hace unas semanas se conocieron denuncias y preocupaciones por la intervención de la ultraderecha española, sobre todo a través del partido Vox, en el proceso electoral mexicano, utilizando actividades políticas y operaciones comunicacionales. Esto se produce en el marco de planes y coordinaciones de la ultraderecha europea y latinoamericana que tiene por objetivo, sobre todo, hostigar, agredir y atacar a gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina.
Por cierto, desde Chile, la derecha y la ultraderecha local permanecen en silencio frente a situaciones como el ataque de Ecuador a la Embajada de México, o los acuerdos militares de Milei con Estados Unidos que, por lo demás, tiene incidencia en la situación de seguridad en el Cono Sur. De hecho, en Chile la derecha y la ultraderecha respaldan las acciones de Noboa, Milei, Bolsonaro y Bukele y hasta plantean que querrían seguir sus modelos de acción.
Lo importante es no perder de vista los peligros que revisten las acciones de esos gobiernos ultraconservadores, y de las fuerzas organizadas y coordinadas de esos sectores, porque se trata de atentados al derecho internacional, a la democracia, al funcionamiento de las instituciones, a los derechos humanos y a derechos civiles de la población.
Se conoce, por hechos históricos, que la derecha y la ultraderecha son renuentes a respetar el Estado de Derecho, la instituciones del Estado, el derecho internacional, las normas democráticas y el respeto a derechos civiles y humanos, cuando busca imponer sus proyectos y sus medidas como violar la inmunidad diplomática o llegar a acuerdos militaristas con potencias extranjeras.
En este contexto, no parece apropiado perder de vista lo peligroso que son en un Gobierno los sectores ultraconservadores, y no relativizar o dejar pasar medidas y acciones que constituyen violar la ley, quebrar el sistema democrático, atentar contra el derecho internacional y accionar operaciones represivas de distinto tipo.