¿Realmente están funcionando como deben las instituciones? Las sospechas e inquietudes frente a los recientes casos de colusión de las empresas de oxígeno, la muerte del conscripto Franco Vargas, el perdonazo al exgeneral Fuentealba y a las Isapres, las situaciones del abogado Hermosilla y el exjefe de la PDI, las medidas de beneficio al general Yáñez, la Ministra en Visita que quiere quitar del camino a la Justicia Civil. Más que salir con respuestas formales, de buena crianza, retóricas o ambiguas, sería conveniente dar cuenta de lo que está pensando la ciudadanía, la gente, de lo que está observando en silencio el pueblo, y hacerse cargo de varias situaciones que sigue conociendo el país donde, por lo general, salen beneficiados personajes vinculados al poder, en ocasiones, al poderes fácticos.
“El Siglo”. EL EDITORIAL. Santiago. 13/5/2024. ¿Realmente están funcionando como deben las instituciones? Habría que ver cómo responde la ciudadanía, el pueblo, a esa pregunta. Es más importante que lo que puedan decir autoridades, legisladores, juristas o dirigentes políticos.
Es que parece innegable el clima de sospechas, desconfianzas, dudas, en una continuidad de impunidades, desinformaciones, resquicios, vinculados a sucesos importantes y que tienen que ver con el funcionamiento institucional y del mundo de los negocios.
Hubo una colusión de consorcios privados que venden oxígeno, gases medicinales y gases industriales, para cobrarles más a los hospitales del servicio público. Lo hicieron en medio de la pandemia del Covid-19. Una empresa y su gerente responsable de la inhumana acción, quedaron libres de polvo y paja porque usaron la “ley de la delación compensada”. Un gerente (o quizá un par) de la otra empresa, seguramente tendrá una pena mínima. Los dos consorcios siguen operando sin restricciones y teniendo millonarias ganancias. Pagarán reducidas multas y todo sigue tal cual.
Muere un conscripto, a otro le amputan una mano, otro continúa en estado grave, 45 tuvieron que ser internados, y a 17 días del episodio no hay versión del Ejército ni del Ministerio de Defensa sobre qué ocurrió, cuáles fueron las condiciones del entrenamiento de instrucción que desencadenó todo, quiénes eran los oficiales al mando de esa práctica y dónde están ahora, de qué enfermaron los soldados, por qué se amputó una mano, y la Ministra en Visita del caso planteó que todo deber quedar en manos de “la justicia militar” y no debe entrometerse la Justicia Civil. Con el agravante de que el propio jefe del Ejército dijo que “hubo falta de diligencia y omisiones” y que hay que determinar si “existió ocultamiento de información o derechamente se mintió”. Aunque no se ha dicho explícitamente, está instalado que desde que ocurrió el trágico hecho, se conformó un estado de desinformación que, parcialmente, se ha despejado. Sin olvidar que si las madres de los jóvenes soldados no se movilizan, quién sabe si la opinión pública habría conocido el episodio y sus detalles.
La ciudadanía estuvo meses conociendo informaciones de acusaciones consistentes de lavado de activos, uso de dineros fiscales, posesión de autos de lujos, cuentas bancarias y gastos millonarios del exjefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y resulta que a la hora de la sentencia era inocente y fue absuelto por un Tribunal. Sumado a que siguen pendientes otros procesamientos a exjefes del Ejército y la gente no sabe a ciencia cierta en qué está y en qué parará el Milicogate.
A ojos de ciudadanas y ciudadanos, ¿en qué va, qué ha pasado con el caso del abogado Luis Hermosilla, tan estimado y solicitado por distintos sectores políticos, judiciales, mandos policiales, empresarios, entre otros? Poco o nada. Al exjefe de la PDI le quitaron rápidamente la prisión preventiva y tampoco la opinión pública conoce en detalle qué está pasando con él. ¿Finalmente todo se diluirá, quedará en nada?
Unidades de fiscalía y justicia mueven la fecha de fiscalización del jefe de Carabineros, Ricardo Yáñez, acusado de “apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio” y se le ratifica en el cargo en medio de explícitos apoyos políticos, y él desarrollando una constatable campaña comunicacional, política y judicial siendo el mando de una institución no deliberante. Todo se acomodó a sus plazos y objetivos, de paso, mal utilizando el asesinato de tres carabineros.
Las Isapres durante muchísimo tiempo realizaron cobros indebidos a sus clientes, violaron normativas y resoluciones judiciales, establecieron discriminación cobrándoles más por planes de salud, por ejemplo, a mujeres en edad fértil, generándose multimillonarias utilidades, y cuando la Corte Suprema resuelve que los dineros deben ser devueltos a las personas, esos consorcios asumen el papel de víctimas, dicen que no pueden pagar, amenazan con no atender a sus usuarios y plantean que el Gobierno sería responsable de “una crisis en salud”. Y el Congreso les lanza una tabla de salvación; tienen 13 años para pagar lo que le deben devolver a los clientes y en tres años podrán subir el precio de sus planes de salud. Instituciones del Estado, otra vez, ayudando a grandes consorcios privados que cometieron irregularidades.
Hay muchas otras situaciones que tienen que ver con corrupción, uso ilegal de fondos fiscales, abusos, maltratos, violación de las leyes, donde los protagonistas son gerentes de consorcios empresariales, mandos policiales y militares, jueces y abogados, funcionarios públicos, alcaldes.
La madre de Franco Vargas, el joven soldado muerto en un entrenamiento, dijo que si el muerto hubiese sido el hijo de un general, todo habría funcionado rápido. O el hijo de un legislador o un gran empresario. Eso corre para otros casos. Si los delitos cometidos por Hermosilla, el general Yáñez, el exjefe de la PDI, Fuentealba y otros los hubiesen cometido ciudadanas y ciudadanos “de a pie”, ¿habrían corrido igual suerte?
Millones de chilenas y chilenos viven calvarios, sufrimientos, acosos, abusos, por delitos menores, por no poder pagar deudas contraídas para sobrevivir, por estar en manos de bancos y consorcios financieros, por deberle a una Isapre. Hay toda una maquinaria para perseguirlos y castigarlos.
En un país que tiene una historia reciente de montajes de oficiales del Ejército y de Carabineros para esconder delitos y eludir la justicia (sin hablar de los tiempos de la dictadura), donde la mayoría de los últimos comandantes en jefe del Ejército y generales directores de Carabineros han sido investigados y procesados, una Ministra en Visita quiere inhabilitar a la Justicia Civil a favor de tribunales militares y se pide confiar en los mandos militares y policiales, que en el caso de Carabineros, provocó la crisis en su institución.
En un país donde son escasas las condenas reales a directivos y gerentes que participaron en colusiones, delitos tributarios, fraudes al fisco, financiamiento ilegal de la política, pagos a legisladores, ¿se puede esgrimir que los grandes empresarios saldan su deuda con la ciudadanía, con la sociedad, y que el Poder Judicial garantiza penas reales y duras?
Se dirá que todo obedece a fallos y resoluciones judiciales. Sí, en el tecnicismo y la formalidad. Pero resulta extraño, al menos, que esos fallos absolutorios, de dilaciones e impunidades favorecen a personas del poder político, militar, policial y empresarial. ¿Alguien podría desmentir que la gente duda de los fallos de los tribunales, de los jueces, de los abogados, con las noticias conocidas? ¿Alguien podría desmentir que hay una estela de desconfianzas?
Más que salir con respuestas formales, de buena crianza, retóricas o ambiguas, sería conveniente dar cuenta de lo que está pensando la ciudadanía, la gente, de lo que está observando en silencio el pueblo, y hacerse cargo de varias situaciones que sigue conociendo el país donde, por lo general, salen beneficiados personajes vinculados al poder, en ocasiones, al poderes fácticos.