Por momentos se pareció olvidar que la actual es una administración de corte ideológico ultraconservador, lo que se expresó en el megaproyecto financiero y tributario y en medidas como la baja de presupuesto de los ministerios, operativos policiales y militares en territorio mapuche, la construcción de zanjas y barreras en zonas fronterizas, el acuerdo de tierras raras con Estados Unidos, la iniciativa de “escuelas protegidas” y ligar las movilizaciones sociales a la violencia.
Patricia Quiroz. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 24/5/2026. Por momentos parece que se olvida que en Chile está instalado un gobierno de extrema derecha. Con componentes ideológicos ultraconservadores, medidas de populismo derechista, acento en salidas autoritarias y represivas y una clara intención de beneficiar a los sectores de poder del país con un claro lineamiento ideológico.
De ellos dan cuenta proyectos, decretos, iniciativas y planes que se impulsaron en estos casi tres meses de administración del Presidente José Antonio Kast quien, por cierto, proviene de las filas de los partidarios de la dictadura, pasó por el ultraconservador partido Unión Demócrata Independiente (UDI) y creó el Partido Republicano de extrema derecha.
Varios legisladores y dirigentes de la oposición señalaron en semanas recientes que este gobierno busca la “refundación del neoliberalismo” y un “retorno a políticas restrictivas y antisociales”, “beneficia a los super ricos” y pretende “criminalizar al movimiento social”, vinculando las movilizaciones ciudadanas con la violencia.
En su diseño, la administración de Kast se anotó un avance en la pasada semana: la aprobación del megaproyecto financiero y tributario que es uno de sus ejes rectores. Lo logró con los votos de legisladores de la derecha tradicional, la extrema derecha y el Partido de la Gente que, finalmente, resolvió alinearse con el oficialismo. El contenido de la iniciativa grafica nítidamente la tendencia ultraconservadora, neoliberal y pro empresarial de esta administración. Contiene elementos como bajar el impuesto a los super ricos y a las grandes empresas de 27 a 23 por ciento; la eliminación del pago de contribuciones para propietarios mayores de 65 años respecto de su primera vivienda, beneficiando a miles de millonarios, ya que no hubo diferenciaciones de niveles socioeconómicos; la invariabilidad tributaria por un plazo de 25 años para inversiones; la reintegración del sistema tributario, que permitirá, hacia 2031, que los contribuyentes descuenten el 100% de los impuestos pagados por sus empresas de sus tributos personales. Todo beneficia a sectores de altos ingresos.
Hubo un componente autoritario, al dejar la invariabilidad tributaria por un plazo de 25 años, es decir, que futuros gobiernos y futuras legislaturas no podrían modificar esta situación, en un auténtico amarre impuesto por encima de mecanismos democráticos.
Otro plan eje del gobierno de claro corte conservador, fue imponer la baja de un 3% en los presupuestos de ministerios, lo que conduce a la reducción y/o eliminación de programas sociales y beneficios para la gente. Esto va en el sentido de lineamientos ideológicos de la extrema derecha, que son asumidos por el gobierno, particularmente por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz y que tiene que ver con el achicamiento del Estado y quitarle posibilidades de implementar políticas sociales.
En el sentido centralista de la política y de beneficio de sectores minoritarios bien identificados, los proyectos planteados por esta administración significarán restarle presupuesto a las Municipalidades, es decir, quitar recursos a las comunas de Chile, afectando sobre todo a las zonas populares y más vulnerables. Es así que jefas y jefes comunales denunciaron la afectación al Fondo Común Municipal y el recorte en recursos, lo que impactará negativamente en atención y servicios en áreas como salud, educación, vivienda, cultura, deporte, adultos mayores y variados servicios municipales como el abastecimiento de agua y recolección de la basura.
Hay otras situaciones presentadas en estos meses desde el gobierno de Kast que dan cuenta de su perfil ideológico y de sus objetivos no siempre confesados. Se desarrollaron operativos militares y policiales en territorio mapuche con el objetivo de detener a personas que habrían cometido delitos, pero acentuando la militarización y las medidas represivas en comunas indígenas y reforzando ideas criminalizadoras del pueblo mapuche. Se firmaron acuerdos entre autoridades chilenas y estadounidenses para impulsar la inversión, exploración y explotación de minerales críticos y tierras raras que están en territorio chileno, y que serán usadas principalmente por consorcios de Estados Unidos. Las tesis autoritarias y represivas como salida a situaciones de violencia y convivencia en escuelas fueron impuestas por el gobierno, y logró instalar la ley de “escuelas protegidas”, incentivando la aplicación “escuelas seguras”, mientras se reforzaron mensajes mediáticos de violencia estudiantil, privilegiando labores de vigilancia de los profesores y pidiendo rondas de Carabineros. Se canceló el programa de derechos humanos para los próximos años y se retiró el proyecto de negociación sindical ramal.
En la línea establecida por el oficialismo, sobre todo sus segmentos más extremos, se dio paso al Plan Escudo Fronterizo para impedir el ingreso de migrantes ilegales, construyendo muros y vallas de 5 metros de altura, zanjas medianamente profundas, e instalando cercos electrificados y drones. También se puso sobre la mesa un proyecto para que instituciones de salud y educación, públicas y privadas, entreguen información personal de migrantes, es decir, sus datos individuales y ubicaciones, para detenerlos y deportarlos y aumento de penas al transporte de migrantes indocumentados. Mejores condiciones para los grandes financistas que repatrien capitales y bajar considerablemente los impuestos a herencias.
Se vendrían otras iniciativas en la línea ideológica neoliberal y de extrema derecha como la fusión de ministerios, más reducción de presupuesto del Estado y despidos en el sector público, y otras medidas que serían anunciadas en la Cuenta Pública del próximo 1 de junio.
Foto: Prensa Presidencia.