Cuando se instala que “sin crecimiento no hay derechos”, lo que se está diciendo, en el fondo, es que los derechos pueden esperar. Que primero está la rentabilidad, luego -quizás- la redistribución. Que el bienestar de la mayoría es una consecuencia eventual, no un principio organizador.
Javier Albornoz. Miembro Comisión Política PC. Santiago. 29/4/2026. Hay una coincidencia que no es casual. Mientras las editoriales de El Mercurio, La Tercera y Diario Financiero insisten en que el crecimiento, la inversión y la “certeza para el mercado” son la única salida posible, en paralelo se despliega un conjunto de medidas que, en la práctica, trasladan el costo de la crisis al mundo del trabajo, a las capas medias y a los sectores populares.
No se trata de una percepción ni de una consigna. Es la constatación de un proceso en curso: un ajuste regresivo que no aparece como tal, que se presenta fragmentado, técnico, inevitable, pero que en su conjunto configura una redefinición del rol del Estado y del sistema de protección social.
Ahí está el punto de fondo. Porque mientras desde estas tribunas editoriales se advierte contra la “incertidumbre” o los “riesgos regulatorios”, lo que queda fuera del foco es la incertidumbre real que viven millones de familias: el costo de la vida, la presión sobre la salud, la educación, el empleo. Se habla de estabilidad macroeconómica, pero se omite la inestabilidad cotidiana.
Y no es un descuido. Es una forma de ordenar el debate.
Cuando se instala que “sin crecimiento no hay derechos”, lo que se está diciendo, en el fondo, es que los derechos pueden esperar. Que primero está la rentabilidad, luego -quizás- la redistribución. Que el bienestar de la mayoría es una consecuencia eventual, no un principio organizador.
Sin embargo, lo que hoy se discute en Chile va mucho más allá de una política puntual. Estamos frente a un conjunto de decisiones que, articuladas, afectan educación, salud, gasto social y condiciones de vida, beneficiando de manera directa a los sectores más concentrados de la economía. No es una medida aislada: es una orientación.
Y frente a eso, el debate no puede seguir siendo abstracto.
Porque cuando se recortan programas sociales, cuando se debilita la capacidad del Estado, cuando se establecen amarras que condicionan el futuro, no estamos ante simples ajustes técnicos. Estamos ante decisiones políticas que profundizan la desigualdad y consolidan un modelo donde una minoría gana a costa de la mayoría.
Lo complejo -y a la vez desafiante- es que este proceso convive con un descontento social evidente, pero aún difuso, que no se ha transformado automáticamente en fuerza organizada. Ahí hay una tarea: traducir este conflicto en lenguaje claro, en experiencia compartida, en organización concreta.
Porque no existen movilizaciones exitosas solo por voluntad. Requieren tiempo, articulación, sentido. Requieren construir mayoría social, no solo tener razón política.
Y en ese camino, también es clave entender que el debate público no es neutro. Que las páginas editoriales no solo opinan: fijan marcos, delimitan lo posible, buscan naturalizar un camino único.
Por eso, disputar ese sentido común es parte central de la tarea.
No basta con constatar la ofensiva ni con describir sus efectos. La tarea es más exigente: articular una respuesta que conecte lo institucional con lo social, que convoque a mayorías reales y que transforme el malestar disperso en fuerza organizada. Eso implica coordinación política, despliegue territorial y capacidad de hablarle con claridad a quienes hoy sienten el impacto de estas decisiones en su vida cotidiana.
Porque cuando el ajuste se presenta como única alternativa, la disputa no es solo contra una medida, sino contra la idea de que no hay otro camino. Y esa idea -más que cualquier editorial- es la que hoy se vuelve imprescindible confrontar.