Más de 20 muertos y en aumento. Se reportó que miles de manifestantes coparon avenidas, calles y espacios públicos en Lima, Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, Ayacucho, y otras regiones en demanda del adelanto de elecciones y el cierre del Congreso. Presidencia y legisladores adelantaron para 2024 los comicios, pero la gente exige que sean el 2023. El Gobierno enojado con México y Colombia.
Agencias. Lima. 20/12/2022. Arrecian las protestas en Perú en contra del Gobierno de Dina Boluarte y del Congreso. Además, diversos sectores campesinos, estudiantiles y de trabajadores repudian la represión que se está ejerciendo y las actitudes racistas, discriminatorias y en contra de regiones provinciales del país.
En ese marco, los poderes Ejecutivo y Legislativo tuvieron que retroceder en su intentona de no hacer elecciones y se acordó adelantarlas para el 2024, aunque el movimiento social está planteando realizar los comicios el próximo año para decidir sobre quién debe ser Presidente y renovar un cuestionado Congreso.
La cifra de muertos por la acción del Ejército y la Policía está llegando a los 30. Hay alrededor de cien heridos confirmados y casi 500 detenidos a lo largo del país. Según un reporte de la Defensoría del Pueblo, la represión ha dejado 21 muertos y 646 heridos.
Se reportó que miles de manifestantes coparon avenidas, calles y espacios públicos en Lima, Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, Ayacucho, y otras regiones en demanda del adelanto de elecciones y el cierre del Congreso.
Un contingente del Ejército y la Policía se enfrentó con manifestantes en la carretera Panamericana Sur, que estaba tomada por más de 3 mil mineros informales que impedían el paso de vehículos en Chala, en el departamento sureño de Arequipa. La represión dejó un muerto.
La mayoría de los manifestantes exigen la liberación del Presidente Pedro Castillo, detenido luego de que disolvió el Congreso el pasado día 7, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones. Esto último es una demanda generalizada desde diversos sectores del país.
Boluarte, la presidente impuesta, recibió duras críticas tras anunciar que la justicia militar investigará las muertes reportadas durante las protestas sociales, de las que su gobierno culpa a la violencia y el vandalismo. El jurista Carlos Rivera, defensor de derechos humanos, y la parlamentaria progresista Ruth Luque señalaron que es ilegal encargar a los uniformados, señalados como autores de las muertes, el esclarecimiento de éstas.
Campesinos y dirigentes, simpatizantes de Castillo, realizaron un bloqueo en una carretera a la entrada de la ciudad de Abancay, en el sur. Las organizaciones sociales y gremiales del departamento de Puno retomaron ayer la huelga indefinida, tras una pausa durante el fin de semana, y volvieron a bloquear las vías. En la ciudad de Cusco, más de 2 mil ciudadanos de Acomayo llegaron a la antigua capital del imperio inca para exigir que el Gobierno atienda sus reclamos.
En tanto, más de un millar de camiones están varados desde hace más de 10 días en el paso fronterizo de Desaguadero, comentó Pedro Quispe, dirigente de los transportistas.El departamento de Arequipa registró escasez de gas doméstico debido a los bloqueos. Aún se mantienen 27 puntos de tránsito bloqueados en al menos seis regiones del país, según el mapa interactivo de la Super Intendencia de Transporte Terrestre.
Los trenes de PeruRail volvieron a dar servicio luego de que se vio interrumpido por las protestas y desmanes en sus vías. Un vehículo de la ruta Ollantaytambo-Machu Picchu, en Cusco, fue el primero en retomar los viajes para decenas de turistas varados.
El arzobispo de Huancayo, cardenal Pedro Barreto, cuestionó al Congreso por no aprobar el proyecto de reforma constitucional que permite el adelanto de elecciones generales para 2023 y el recorte del mandato presidencial y congresal. En Huancayo, cientos de ciudadanos, liderados por el cardenal Barreto, salieron a las calles a exigir que cese la violencia en todo el país.
Los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio anunciaron en un breve comunicado que, tras conversar con Castillo, ya no ejercerán la defensa legal del ex mandatario, sin dar explicaciones. Ahora lo hará un abogado de la Defensoría Pública.
Los cuestionamientos externos a las autoridades peruanas
La Cancillería de Perú manifestó a la embajada de Colombia en Lima su profundo malestar luego de que el mandatario colombiano, Gustavo Petro, sostuvo el fin de semana que Castillo fue víctima de un golpe parlamentario.
La Unión Europea exhortó al nuevo Gobierno peruano a respetar los derechos humanos y condenó la muerte de 21 manifestantes durante las violentas protestas.
Perú concedió el salvoconducto para que la familia del destituido presidente Pedro Castillo pueda irse con asilo a México al tiempo que declaró “persona non grata” al embajador mexicano y le dio “72 horas para abandonar” el país.
La decisión del gobierno peruano responde a “las reiteradas expresiones” del Gobierno mexicano “sobre la situación política del Perú que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos”, dijo el martes la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo sobre la familia de Castillo que “el asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir están en nuestra embajada y cuando están en la embajada les concedes el asilo es una decisión independiente y soberana de México”.