El nuevo texto, que echaría atrás leyes progresistas, entre otras cosas, es apoyado por el Partido Republicano, los partidos de Chile Vamos y los medios de prensa afines. Se constitucionalizan las AFP, se limita derecho a huelga, de abre puerta a dejar atrás legislación que garantiza derechos sexuales y reproductivos, se frena reforma solidaria en pensiones, se priorizan conceptos privatizadores en salud y educación, se impide penalizar el negacionismo, se opta por privatización del agua. La nueva Carta Magna puede ser “peor que la actual”, dijo la consejera Karen Araya. Se advirtió que “los Republicanos y la derecha están pasando la aplanadora”. Álvaro Ramis, Rector de la UAHC escribió: “Buscan que veamos como avances lo que, en realidad, es perder derechos que se conquistaron en luchas ganadas hace décadas”. En consejeras y consejeros oficialistas prevalece la idea expresada por la expresidenta Michelle Bachelet de “no tirar la taolla”.
Gonzalo Magueda. Patricia Ryan. Periodistas. “El Siglo”. Santiago. 22/9/2023. La consejera constitucional del Partido Comunista (PC), Karen Araya, afirmó que el proyecto de Constitución que está saliendo del Consejo Constitucional puede derivar en una Carta Magna “peor que la actual y retroceder en materia legislativa”. La consejera de Evópoli, Gloria Hutt, indicó que sólo se trata de “un desafío de tono” y apuntó como solución para destrabar temas a que “el tono se corrija y volvamos a tener conversaciones fundamentadas más que emocionales”. El representante del Partido Republicano en el Consejo, Luis Silva, afirmó que las materias que están aprobando junto a Chile Vamos “responden al mandato que hemos recibido” de la ciudadanía. “Estamos en una etapa compleja”, advirtió la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic. En tanto, el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, enfatizó que “el fracaso del proyecto de una nueva Constitución para Chile es ya inocultable”.
Son algunas miradas instaladas en estos días en torno a los contenidos que están aprobando representantes de la derecha y la extrema derecha que tienen la inmensa mayoría en el Consejo Constitucional. Se apunta a la configuración de un texto constitucional de carácter ultraconservador 2.0 que replantea a estos tiempos las ideas retardatarias y regresivas en materias económicas, valóricas, políticas e institucionales.
De allí que se dijera en la semana que “los Republicanos y la derecha están pasando la aplanadora” y que “están cometiendo el mismo error de la Convención Constituyente, de sacar un texto que satisface sólo a un sector político”.
Algunos de los contenidos que dan cuenta de un texto constitucional ultraconservador pueden dar cuenta de la inquietud de sectores progresistas y transformadores no sólo en el ámbito político, sino social y ciudadano.
Se dio luz verde a la ley que “protege la vida de quien está por nacer”, que abre la puerta a que se derogue la actual legislación que permite la interrupción del embarazo en tres causales y a vulnerar derechos sexuales y reproductivos de la mujer; con el nuevo texto, las personas mayores de 75 años con enfermedades terminales privadas de libertad, podrán cumplir sus condenas en sus domicilios, lo que beneficiará de inmediato a violadores de los derechos humanos y responsables de crímenes de lesa humanidad que cumplen condena; se impedirá penalizar el negacionismo, por ejemplo, en cuanto a violaciones a los derechos humanos y víctimas de la represión; se garantiza que sectores religiosos puedan tener sus escuelas y se sancionará gravemente ataques a templos religiosos; se aprobó que “los extranjeros que ingresen al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, serán expulsados en el menor tiempo posible o devueltos a su país de origen”, lo que apunta a institucionalizar medidas duras contra migrantes; en la línea de reforzar al sector privado, mantener el modelo neoliberal y restar al papel del Estado, se aprobó la libertad de elección en salud y el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, que es una tesis programática de la derecha y la ultraderecha; considerado un respaldo a las ideas conservadoras y que podría torpedear avances en reforma en pensiones, la derecha y la ultraderecha dieron el vamos a que “cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por éstas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”; también se determinó dejar en libertad a las y los trabajadores para sindicalizarse o no, se mantuvo el criterio de negar negociaciones y coordinaciones laborales ramales, supeditado “a cada empresa”; también se estableció que “todo acto que promueva la violencia es contrario al orden constitucional, y generará las responsabilidades y sanciones establecidas en la Constitución y la ley”, lo que para muchos apunta sobre todo a criminalizar la protesta social; se establece constitucionalmente la “objeción de conciencia”, lo que podría llevar a vulnerar las normativas institucionales; se aprobó la exención del pago de contribuciones para vivienda principal, lo que se vio como un apoyo al porcentaje de familias más ricas del país; el nuevo texto dejó establecido que se puede privatizar el agua y se reivindicó “el derecho de propiedad” lo que ayuda a grupos financieros privados; se acotó el ejercicio de derecho a huelga, acordonándolo al proceso de negociación colectiva; se estableció que los empleados públicos y municipales, y quienes trabajen en empresas de servicios públicos, no podrán declararse en huelga.
La lista de contenidos impuestos por la mayoría del Partido Republicano, apoyado por las y los consejeros de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evópilo es y será más larga.
Frente a eso, Álvaro Ramis escribió: “Se promete como novedad lo que ya está aprobado en la actual Constitución, y buscan que veamos como avances lo que, en realidad, es perder derechos que se conquistaron en luchas ganadas hace décadas. El Consejo reinventa el pasado y manipula la historia”.
En este cuadro, el consejero Yerko Ljubetic, de Convergencia Social (CS), se lamentó de que “se hayan rechazado sistemáticamente todas las enmiendas propuestas por nosotros”. Expuso que vemos una Constitución antiderechos sociales y garantizados”. Dijo que como va el contenido “no llamaría a aprobar un texto que establece menos derechos, menos libertades que, incluso, la Constitución vigente”.
Karen Araya, entrevistada en Radio Universidad de Chile, advirtió que “seguimos con los artículos que van a constitucionalizar las Isapres, las AFP, que ponen en grave riesgo la posibilidad de concesionar los bosques, playas y ríos de nuestro país y mantiene el lucro en la educación”. Además, señaló que “la redacción es la peligrosa (…) porque en el caso al derecho a huelga y trabajo decente, habla de igualdad salarial de hombres y mujeres y le pone después el apellido de ‘una misma empresa’ y eso implica que nunca vamos poder avanzar hacia una negociación ramal”.
“Desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores, lo que acaba de aprobar el Consejo es mucho peor que el texto de la dictadura. Ni Pinochet de atrevió a tanto”, expresó Flavio Quesada, comisionado del Partido Socialista (PS).
El consejero Fernando Viveros (PC) opinó que con los contenidos aprobados se “selló el ataúd del Estado Social Democrático como lo tienen países desarrollados o con una visión social como muchos chilenos y chilenas anhelábamos”. Añadió que “la derecha ha terminado por convertir la salud, la educación, las pensiones en una mercancía con la cuales se lucra y pasan a ser un producto más del mercado. Es una pena tener que vivir este momento que sella el futuro de estos derechos sociales”, dijo Viveros.
Paulina Vodanovic, en El Mostrador, advirtió que “no es la oportunidad de darse gustitos y lo vimos claramente en el proceso anterior, donde, al querer incluirse temas tan en contra del sentido común de los chilenos, terminaron haciendo que la Constitución se rechazara. Ya tenemos una experiencia fallida. Y para que esta sea positiva y resulte exitosa tiene que responder a las necesidades de la sociedad en general”.
En esa línea, en consejeras y consejeros oficialistas prevalece la idea expresada por la expresidenta Michelle Bachelet de “no tirar la taolla” y seguir con los trabajos en el Consejo Constitucional. Pese a que todo indica que los contenidos ultraconservadores, religiosos y neoliberales seguirán siendo aprobados por Chile Vamos y los Republicanos en la idea de diseñar una Constitución conservadora 2.0. Y la idea de rechazar el nuevo texto crece en distintos ámbitos políticos y sociales.