El tráfico ilegal de información reservada tuvo que ver con empresas, grupos financieros, políticos, jefes policiales, abogados y situaciones delicadas como la compra-venta de Dominga y caso Casino Enjoy. Hay preguntas clave que no tienen respuestas aún, como si había otros personeros públicos y privados que actuaron junto a Muñoz y Hermosilla. Están mencionados en llamadas de celular, WhatsApp, documentos confidenciales y otros materiales, un expresidente, un exministro del Interior, un exintendente y un exalcalde. Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia, dijo que “esto es un remezón que todavía no sabemos todo el alcance que tiene”. En este contexto, la ministra Camila Vallejo, declaró que “se han revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata”. Llamó la atención que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, arremetiera contra la ministra Vallejo: “Yo no sé qué información tiene la ministra para hacer una afirmación de esa naturaleza” y la UDI se sumara al emplazamiento del Fiscal. La analista Marta Lagos cuestionó a Vivanco: “¿La red de Hermosilla no le es suficiente para ser llamada red?”. Todo en medio del reconocimiento del exjefe de la PDI que dijo haber conocido al abogado en una actividad social en casa del investigado Héctor Espinoza, donde había prefectos de la policía civil y que entregó información reservada para proteger la institucionalidad presidencial porque Sebastián Piñera aparecía ligado a indagaciones judiciales.
Gonzalo Magueda. Patricia Ryan. Periodistas. “El Siglo”. Santiago. 20/3/2024. Un expresidente de la República, un exministro del Interior, un exintendente y un exalcalde, un “reconocido abogado de la plaza”, funcionarios públicos, empresas financieras son algunos de los que aparecen mencionados en los informes que de manera ilegal le entregaba el exjefe de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, al abogado Luis Hermosilla, y por lo cual Muñoz quedó en prisión preventiva en medio de un proceso judicial en marcha por constituir un peligro para “la seguridad de la sociedad y para el éxito de las diligencias de investigación”.
Se trató de tráfico de información oficial caratulada como “reservada”, trasvasije de informes secretos, aviso de acciones policiales para beneficiar a empresarios y autoridades, pérdida u ocultamiento de documentos oficiales y públicos.
Como señalan los reportes, Sergio Muñoz colaboró -transgrediendo la ley, la ética y la probidad como funcionario público- con Luis Hermosilla y le entregó informes reservados en relación al proceso contra otro exjefe de la PDI, Héctor Espinosa, acusado de fraude al Fisco; sobre las investigaciones por delitos financieros y cometidos por el exintendente Felipe Guevara y el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba; en cuanto a las indagaciones en torno de la compra-venta de Dominga y el caso Casino Enjoy, donde aparece involucrado el exmandatario, Sebastián Piñera (fallecido trágicamente hace unas semanas), y su familia; la entrega de informes al abogado y exministro del Interior, Andrés Chadwick, primo de Piñera.
Todo apunta a una nefasta red de personajes del poder financiero y político del país, donde el jefe de la policía civil ejerció como colaborador o empleado de un abogado, para reportarle sobre causas judiciales que comprometían a otro jefe policial, a altas autoridades gubernamentales, a políticos y a miembros de empresas financieras. Son muchos los personajes y situaciones comprometidas en este caso.
Desde la Fiscalía Metropolitana Oriente se apuntó que “nos encontramos al menos con cinco investigaciones, en una de ellas, que es la del exdirector de la PDI, Héctor Espinoza, hay cinco revelaciones. En la investigación del Proyecto Dominga hay cuatro relevaciones. Y, además, nos encontramos con tres causas distintas, aquella que lleva el fiscal Jacir por el caso de la Municipalidad de Vitacura, una revelación; la que lleva el fiscal Retamal por el caso del exdelegado (Felipe Guevara), una revelación, y por el caso, del decreto Enjoy que lleva el fiscal Armendáriz también una revelación”.
No hay manera de no establecer que había todo un entramado donde participaban distintos personajes de diferentes ámbitos, todos ligados al poder político y financiero.
En ese marco, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, declaró que “se han revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata. Una red que se habría organizado para entorpecer la labor investigativas de distintas causas asociadas a corrupción por parte de la Fiscalía”.
Y añadió: “La situación ha dañado la fe pública. Se han traicionado las confianzas de nuestros compatriotas, de la ciudadanía, frente a instituciones tan importantes como una institución que investiga el delito y el crimen organizado”.
Por el momento se sabe de 12 las filtraciones de causas secretas -vía WhatsApp-, que se habrían producido cuatro días después de que Muñoz asumió como director general de la PDI, el 23 de junio del 2021, y que se extendieron hasta el mismo mes del 2022. Las acusaciones formales tienen que ver con violación del secreto que deben mantener los funcionarios públicos, entrega de información reservada y lavado de activos, todo relacionado con violación del Artículo 31 de la Ley de Lavado de Activos y del 246 Bis del Código Penal y avisar de acciones que realizaría la policía en cuanto a indagatorias.
Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia, dijo en Radio Universidad de Chile que “esto es un remezón que todavía no sabemos todas las aristas que tiene, todo el alcance que tiene y, en definitiva, produce un daño muy profundo no solo a la policía sino que al sistema de investigación penal en general”.
Afirmaciones y dudas en torno de una red
Hay que considerar aspectos que dicen relación con el alcance de este episodio y la existencia de una red criminal.
¿Había algún jefe o funcionario de la PDI que sabía de los contactos de Muñoz con Hermosilla? ¿Quiénes en la oficina de Hermosilla estaban al tanto de esas informaciones filtradas y de las otras gestiones irregulares del abogado? ¿Qué hizo Andrés Chadwick con los datos que le dio Hermosilla? ¿Qué explica que prácticamente todos los involucrados sean personeros de la derecha y ligados al Gobierno de Piñera? ¿Además de Sergio Muñoz, qué otros oficiales o funcionarios participaron en el encubrimiento de Héctor Espinoza y, por ejemplo, la desaparición de su Hoja de Vida?
Respecto al relacionamiento que se va dando entre estos personajes de la elite o el poder político y financiero, el propio Sergio Muñoz dijo en su comparecencia judicial que conoció a Luis Hermosilla “en alguna actividad informal realizada por nuestros prefectos generales, la cual fue realizada en la casa del exdirector Espinosa. Eso fue en el año 2020, aproximadamente”. Hermosilla defendí a Espinosa por delitos financieros, pero además tenían cercanía personal. ¿Qué hacían esos altos oficiales de la PDI en un encuentro social y privado con “un abogado de la plaza”? ¿Esos prefectos tenían también vínculos con Hermosilla o con otros abogados?
El abogado del detenido exjefe de la PDI, Juan Carlos Manríquez, declaró que “se le presenta Hermosilla (a Muñoz) a quien no conocía y lo había visto en una oportunidad y le dice ‘yo soy el abogado del Presidente, soy el abogado personal, yo estoy a cargo de todas las causas del Presidente Piñera y también de las cuestiones del Ministerio del Interior: cualquier cosa que usted estime, me dice”.
De acuerdo con Sergio Muñoz, desarrollaron un vínculo de “confianza”, no de amistad. Pero fue suficiente para entrar en esa red: “Nunca tuve una relación de amistad con Hermosilla, sí de más confianza, pero no de amistad”. Claro que, contradictoriamente, contó que “debo señalar que un par de veces él fue a mi casa a compartir con mi familia; eso fue cuando ya ocupaba el cargo de director general”.
Respecto a por qué entregó información reservada sobre la investigación del exjefe policial Héctor Espinosa y sobre el caso del Casino Enjoy donde estaba involucrado el expresidente Piñera, el antiguo jefe de la PDI expuso algo propio de las redes, de los compromisos entre sujetos: “Fue una especie de lealtad; yo sentía que debía hacerlo, nadie me lo pidió” indicó.
Ante la pregunta de fiscales sobre la compraventa de la minera Dominga entre la familia del expresidente Sebastián Piñera y el empresario Carlos Alberto Délano, reconoció que envío información confidencial, y que le envío reportes porque eran “mensajes e investigaciones (en) que se encontraba involucrado el expresidente Piñera y (sobre) las cuales me comentó el abogado Hermosilla”. Añadió: “Recuerdo que él me dijo que las llevaba como defensor, por ende le envié información a Hermosilla con la finalidad (de) si le servía de algo, ya que involucraba al Presidente de la República de esa época”.
Sobre informe enviado a Luis Hermosilla en casos donde estaba metido de Sebastián Piñera, el exjefe de la PDI indicó que “reconozco el mensaje que se me exhibe y que se lo envié al abogado Hermosilla el 2 de noviembre del año 2021, pero lo hice ya que involucraba al expresidente Piñera y lo reenvié no obstante era un antecedente reservado, con la motivación de que se encontraba involucrado el expresidente Piñera”.
Hablando en general sobre la intención que tuvo de proteger al exdirector de la PDI y la figura presidencial, Sergio Muñoz manifestó que “…sentí la lealtad institucional con la finalidad de que él (Hermosilla) conociera estos datos”.
En definitiva un comportamiento a partir de proteger una red de personas y de manejar las cosas ilegalmente con tal de ayudar a personajes políticos indagados, como el Presidente Piñera o el director de la PDI, Espinosa.
¿No hay red?
En medio de esto llamó la atención que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, arremetiera contra la ministra Camila Vallejo porque ella planteó en medio de todo este caso que habría “indicios de una posible red de corrupción”.
“Yo no sé qué información tiene la ministra Vallejo para hacer una afirmación de esa naturaleza. Si efectivamente ella tiene información sobre la existencia de una red debería aportarla a la fiscal a cargo de la causa”, afirmó el Fiscal Valencia.
Se podría recordar que Ángel Valencia fue asesor y abogado de alcaldes y funcionarios de derecha en las municipalidades de Lo Barnechea, Vitacura y Ñuñoa, se le vinculó con un personero cercano a Felipe Guevara, y fue asesor parlamentario de Alberto Espina, reconocido dirigente y militante de Renovación Nacional (RN).
Y la Unión Demócrata Independiente (UDI) se sumó al emplazamiento del Fiscal Valencia a la ministra Vallejo. Legisladores de ese partido de derecha indicaron que quieren citar a la funcionaria por sus dichos. No han dicho nada de citar o investigar a Muñoz, Hermosilla, Chadwick, Torrealba.
La analista Marta Lagos indicó que redes sociales: “¿Qué le pasa al Fiscal? Pareciera que están en equipos antagónicos…a la Fiscalía no le debe interesar profundizar la persecución de la corrupción de altos mandos de la elite política y profesional? La red de Hermosilla no le es suficiente para ser llamada red”?