El tránsito de hoy hacia una nueva Carta Magna parece enclaustrado, hasta ahora, en deliberaciones entre partidos políticos, en los pasillos del Congreso, con la insistencia de imponer “expertos” no electos, una entidad que redacte el nuevo texto no 100% electa, con un “arbitro” que podría ser la Corte Suprema o el Senado, sin que hasta el momento existan espacios para la gente, para las organizaciones sociales y de la sociedad civil, para representantes del mundo de la cultura y los derechos humanos, para los pueblos originarios y el feminismo Esto se está pareciendo a una representación elitista en que se terminará considerando a las y los ciudadanos solo a la hora de votar, como en muchas elecciones, con “bordes” y márgenes que ya habrán resuelto el contenido que se presente. Aunque se dice que hay tiempo para que la gente participe, delibere, incida, y sea escuchada. Pero por ahora es un pendiente.
Hugo Guzmán. Periodista. Santiago. 25/10/2022. Puede que a muchos en los partidos políticos, en el Parlamento, en las oficinas de dirigentes y legisladores, en redacciones de medios conservadores, en edificios de gremios empresariales, no les guste oír las voces disidentes, críticas y que tienen otra mirada, otra propuesta frente al llamado proceso constituyente de cara a una nueva Carta Fundamental.
Es que parece que todo ellos están súper conformes con que el nuevo proceso constituyente -que más parece un común proceso de negociación política-, lo estén comandando dirigentes de partidos políticos, legisladores y asesores, entre las paredes del Congreso en Santiago o Valparaíso, sin que por asomo se estén considerando las miradas, propuestas y opiniones de organizaciones sociales, de la sociedad civil, de los mundos de la cultura, los derechos humanos, el feminismo y la juventud.
Resulta que en estas negociaciones, con amenazas y bochornos de por medio, se acordaron “bordes” o “bases” que ya pusieron una camisa de fuerza a un nuevo texto constitucional. Están a punto de resolver que la entidad que redactará la nueva Constitución no sea elegida cien por ciento y que, para colmo, tenga un 50% o cercano a eso, de “expertos” con voz y voto, sin que la gente los haya elegido. Suma y sigue; para que nada se vaya a salir de los márgenes de lo que acuerden los partidos y eventualmente el Parlamento o los parlamentarios, es casi un hecho que habrá un “árbitro” que determinará que si lo que haga el órgano que redactará el nuevo proyecto, está bien o está mal. Ese “árbitro” puede ser la Corte Suprema o el Senado.
Sin pasar por alto que cuando se habla del Parlamento, del Senado, de la Corte Suprema, de los partidos, se habla se las instituciones peor evaluadas en cualquier sondeo de consulta ciudadana, con personeros ubicados en su mayoría en el sector conservador, y cuyo desempeño es cuestionado permanentemente en distintos ámbitos.
Todo en medio de un proceso que la ciudadanía no comprende, que se debate a través de dos o tres medios de prensa que la inmensa mayoría no lee, con complejidades conceptuales, y amenazas sobre todo de la derecha de que si no es como ellos quieren, se van y patean la mesa.
Es increíble que no se vea ni se palpe que la ciudadanía no está siguiendo este proceso, no lo entiende, lo ve muy lejano, lo mira como las viejas disputas entre partidos.
Para que después, cuando estén establecidos los “bordes”, se impongan los criterios de los “expertos”, se sigan las instrucciones del “árbitro”, y se implementen los “acuerdos” de partidos, se llame a la gente a votar, sin más, para cumplir con el acto electoral.
Cada día parece más aterrizada la idea de que con la cifra del 62% del rechazo, la derecha, los conservadores, los grupos “de centro”, quieren imponer su texto constitucional, sus mecanismos y sus condiciones. Y si las cosas no van por ahí, harán feroz campaña contra un teórico nuevo texto constitucional.
¿Qué se está escuchando en las bases sociales, en los territorios, en los mundos de la organización popular, en los barrios, en las bases de los partidos transformadores y de izquierda?
Que este proceso debe abrirse a la sociedad, a la ciudadanía, a la gente. Que deben reactivarse los cabildos y las asambleas, los encuentros. Que deben generarse espacios de participación e incidencia del pueblo en el proceso constituyente. Que debe haber garantías precisas de que este es un proceso democrático. Que el órgano que redactará la nueva Constitución debe ser cien por ciento electo y que no pueden haber árbitro que limite su soberanía. Que al final existe un real proceso constituyente y no una mera negociación de partidos políticos. Que se oiga la voz ciudadana y no se imponga el ruido de una elite.
¿Qué pasará si nada de eso ocurre? No es sólo el mecanismo y el texto lo que está en juego. Parece.