Partes II y III (Final). La situación por países.
Sergio Rodríguez Gelfenstein (*). Colombia
Como “socio global” de la OTAN, Colombia goza de atención privilegiada por parte de la alianza guerrerista. Como expresión de ello, en tiempos recientes, Estados Unidos está haciendo grandes esfuerzos para instalar una base naval en la Isla Gorgona en el Pacífico colombiano que no se detienen a pesar del gran rechazo de científicos y de organizaciones civiles de la región que se proponen salvaguardar un conjunto de derechos que serían vulnerados. Estas organizaciones consideran que la instancia estadounidense que financia las obras de la base (Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de Estados Unidos) genera una pérdida de soberanía toda vez que pondría a la isla bajo el poder de otro Estado.
De acuerdo con el Departamento de Estado, la administración Biden contempla además la compra de motores de barcos por un monto de 2,6 millones de dólares para mejorar la capacidad operativa de la Guardia costera en la isla.
Piedad Córdoba, senadora por el gobernante Pacto Histórico, se pronunció a principios de diciembre en contra de toda injerencia de Estados Unidos en Colombia a través de la instalación de bases militares o a través del despliegue de sus fuerzas armadas, y le ha solicitado al presidente Petro que cancele la obra. Córdoba ha manifestado que resultaría extraño que Estados Unidos le preste tanta atención a una obra como esta, si no se comprende que para Estados Unidos la región de la Cuenca del Pacífico tiene carácter estratégico lo cual se “expresa a través del despliegue de la Cuarta Flota y el Comando Sur con la instalación de bases militares, entre ellas, la de la Isla Gorgona”.
sí mismo, la senadora opinó que la concreción de las obras en Gorgona que en los hechos significaría la instalación de la novena base militar de Estados Unidos en Colombia, podría provocar daños similares a los ocurridos en Filipinas, Panamá y Puerto Rico, donde Washington ha conseguido instalar bases militares.
También en Colombia, a principios del mes de diciembre el presidente invitó a las fuerzas armadas de Estados Unidos y la OTAN a la Amazonia para cooperar en la salvaguarda del territorio y combatir el narcotráfico. Se adujo que la maquinaria, equipos y personal que se introduzcan para realizar los trabajos, podrían ser reutilizados como “policía para proteger” el medio ambiente cambiando la lógica tradicional de lucha contra las drogas. Para ello, propuso la utilización de helicópteros Black Hawk estadounidenses para apagar incendios argumentando que tal acción simbolizaría un “cambio completo de lo que siempre ha sido la ayuda militar de Estados Unidos”.
En este marco, ya en el gobierno de Gustavo Petro, a finales de agosto del año pasado, las fuerzas armadas de Estados Unidos y Colombia realizaron ejercicios conjuntos en el marco de la OTAN. En ese contexto, Petro recibió a la generala Richardson quien realizó una visita de cinco días al país. Richardson se deshizo en elogios hacia “nuestro socio número uno en materia de seguridad en la región”, describiendo a Colombia como el “eje de todo el hemisferio sur” que según ella era “libre y seguro gracias a los esfuerzos estabilizadores de Colombia”.
Al respecto, Petro afirmó -no se sabe si con inocencia o ignorancia fingida- que había “logrado algunos cosas: la conversación con la OTAN –de la cual somos miembros, no sé, un status rarísimo ahí, pero ahí estamos metidos, creo que es el único país latinoamericano en eso– que es llevar a esa alianza al cuidado de la selva amazónica, prestando una colaboración tecnológica en esto”.
La lucha por la defensa de la Amazonia como sujeto de intervención militar.
La idea de utilizar la lucha por el medio ambiente como instrumento de intervención es bastante antiguo. Ya en 1989, Al Gore sentenció: “El Amazonas no es su propiedad. Nos pertenece a todos”. En esa tónica, en 2019, en medio de los incendios en la Amazonía, el presidente francés Emmanuel Macron llamó a los países del G7 a intervenir: “Es una crisis internacional”, dijo, lo cual tuvo eco hasta en el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, rememorando su época de líder de un país miembro de la OTAN. La red social de preguntas y respuestas Quora consultó retóricamente: “¿Por qué la OTAN no invade Brasil para salvar el Amazonas?”
Pero el presidente Petro no es tan inocente como para suponer que Estados Unidos y la OTAN tienen buenas intenciones en el Amazonas. Ha criticado públicamente la política de guerra contra las drogas de Estados Unidos señalando sus obligaciones por ser el mayor consumidor mundial. Petro afirmó: “Yo lo que intento es llevar el diálogo con los Estados Unidos a un eje diferente que es el tema de la crisis climática y de ahí la importancia de la selva amazónica. Con los Estados Unidos hemos logrado que se cree ya la primera unidad militar con helicópteros Black Hawk”.
La visita de Richardson a Colombia fue parte de una gira que realizó por varios países de la región con el expreso fin de contrarrestar la influencia de China y de Rusia, y de promover el aislamiento de Nicaragua, Cuba y Venezuela.
En noviembre Petro informó que el presidente francés Emmanuel Macron le ofreció “ayuda” para preservar la Amazonía. Hay que recordar que Francia posee un departamento de ultramar en la Guayana Francesa, fronterizo con Brasil y a escasos 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas. En ese territorio se ubica la base de lanzamiento de naves espaciales usada por el país y por Europa. Sin saber el contenido del ofrecimiento ni la contra prestación que debía conceder Colombia, el acuerdo entre los dos países ubica a Francia en una posición de influencia en ambos extremos de la estratégica cuenca.
Ecuador
El pasado diciembre, Estados Unidos aprobó una ley orientada a fortalecer la cooperación con Ecuador en materia de defensa. Dicho instrumento denominado Ley de Asociación Ecuador-Estados Unidos 2022, forma parte de la Ley de Autorización de Gastos de Defensa Nacional de Estados Unidos y es posterior al también recientemente aprobado acuerdo en materia de cielos abiertos, con miras a reducir tarifas, aumentar viajes y comercios y estimular la creación de empleos relacionados con los puentes aéreos entre ambos países.
Todo ello se quiere hacer entender como una estrategia de fomento al comercio, pero los recursos comprometidos por Estados Unidos (858.000 millones de dólares) van a estar bajo jurisdicción del Departamento de Defensa, lo cual deja claramente establecida su orientación.
Antes, en septiembre, del año pasado la generala Richardson, también visitó Ecuador donde se reunió con el presidente Lasso y dirigió durante dos días la Conferencia Sudamericana de Defensa Southdec 2022, a fin de coordinar “mecanismos para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico”.
Uruguay
El pasado 3 de febrero, el destacado analista político uruguayo Julián González Guyer publicó en la revista Brecha de Montevideo un artículo en el que informaba que el buque US Coast Guard Cutter (USCGC) Stone, el más moderno de la Guardia Costera de Estados Unidos entraría al puerto de Montevideo por 10 días. Según el articulista el navío estadounidense permanecería unos diez días en aguas uruguayas bajo el argumento de “llevar a cabo ejercicios de entrenamiento en operaciones de búsqueda y rescate en el mar y de control de aguas jurisdiccionales con la Armada Nacional”. Pero en realidad los objetivos del USCGC Stone son otros, a saber “obtener información sobre el Atlántico Sur y, en particular, la actividad de los pesqueros chinos en la zona”.
Este es el segundo viaje del navío a Uruguay, después del primero, realizado dos años antes para ejecutar actividades de “patrullaje y apoyo a actividades de interdicción de pesca ilegal en aguas de Guyana, Brasil y Uruguay” aunque la visita programada a Argentina fue cancelada.
En esta ocasión, al igual que en la anterior, la explicación pública acerca de los objetivos de la visita ha estado rodeada de contradicciones entre lo que ha informado el gobierno nacional y la embajada de Estados Unidos en Montevideo.
González Guyer concluye señalando que mientras el aprendizaje que pudiera haber obtenido la Armada uruguaya es nimio, el barco estadounidense recogería “un significativo volumen de información sobre nuestras costas, aguas jurisdiccionales y zonas adyacentes. También, acerca de nuestra Armada y su oficialidad”.
Desde hace varias décadas atrás, la Armada uruguaya fue entrenada por Estados Unidos para actuar como fuerza dedicada a “proteger” la entrada al Río de la Plata, dándole espacio privilegiado a la armada estadounidense en este aspecto. En esta lógica se pueden inscribir las dos visitas del Stone a Uruguay en tan corto espacio de tiempo.
Pero junto a ello, el Stone desarrolló misiones de patrullaje del Atlántico Sur, junto a otros tres barcos, estableciendo en los hechos un mayor control sobre un triángulo estratégico en el Atlántico Sur y el estrecho de Magallanes entre Montevideo, Malvinas y la 3ra. Zona Naval de la armada de Chile con sede en Punta Arenas.
La creciente presencia militar de la OTAN en América Latina y el Caribe (III y final)
Guatemala
Aunque en 2021 el Congreso de Estados Unidos emitió un decreto que prohibía la entrega de fondos a los ejércitos de Guatemala, El Salvador y Honduras mientras no hubiera mejorías en el combate a la corrupción, el Departamento de Defensa utilizó un subterfugio para burlar tal decisión al utilizar una partida que no está restringida.
La donación de vehículos militares J8 que Estados Unidos entregó al gobierno de Guatemala para combatir el narcotráfico, en realidad fueron utilizados para dar protección perimetral a agentes de seguridad privada que quemaron casas de campesinos en El Estor, Izabal, en 2021. Esta donación se inscribió en el programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF) que es el programa de asistencia militar más grande aprobaba por el Congreso. Así mismo, en 2018, el gobierno de Jimmy Morales los utilizó para amedrantar a la propia embajada de Estados Unidos y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) surgida de un acuerdo entre la ONU y las autoridades del país.
Unos años después, el Congreso de Estados Unidos limitó las donaciones de vehículos al ejército guatemalteco habidos los antecedentes sobre el uso de los mismos. Ya en el actual gobierno de Alejandro Giammattei, nueve congresistas demócratas pidieron explicaciones al gobierno de Biden, pero la respuesta fue el silencio ante la decisión de las fuerzas armadas de Estados Unidos de fortalecer al ejército guatemalteco. .
En este contexto, el pasado 13 de octubre, la embajada de Estados Unidos en Ciudad de Guatemala anunció la donación de 95 vehículos entre camiones, camionetas y motocicletas, valorados un US$4.4 millones. Según el portal Prensa Comunitaria, el origen de ese dinero es una partida presupuestaria del Departamento de Defensa (DOD) aprobada en 2019, durante la administración del ex presidente Donald Trump.
En un comentario escrito por el investigador Adam Isacson en el portal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), asegura que “la donación se financió a través de una autoridad de construcción de capacidad militar extranjera del DOD establecida en 2017 como Sección 333 del Título 10 del Código de los Estados Unidos”.
Un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) fechado en marzo de 2022 hace saber que “El presupuesto de operaciones para el año fiscal 2021 prohíbe la ayuda a Guatemala, El Salvador y Honduras, al mismo tiempo que condicionaba el 50% de otras asignaciones del Departamento de Estado relacionadas con seguridad para estos países, a que sus gobiernos combatan la corrupción, protejan los Derechos Humanos y atiendan otras preocupaciones del Congreso”.
Isacson afirmó que se estaba utilizando “un programa del DOD para proporcionar una categoría de ayuda que Guatemala no puede recibir a través del principal programa de ayuda militar del Departamento de Estado”, toda vez que se utilizó un presupuesto alternativo para financiar al ejército de Guatemala pasando por arriba de las limitaciones establecidas por el Congreso que el DOD desestimó y no tuvo en cuenta.
Panamá
En octubre del año pasado, la generala Richardson arribó a Panamá en su segundo viaje al país en menos de 5 meses. En esta ocasión, el motivo de la visita fue la realización de una “reunión bilateral sobre seguridad”. En su primer viaje del año, en junio, la Jefa del Comando Sur discutió con las autoridades panameñas temas referidos a la seguridad y la crisis migratoria regional. Así mismo, participó en el Diálogo de Seguridad de Alto Nivel (DSAN) entre Panamá y Estados Unidos que se celebró en ese país.
La problemática migratorio ocupó lugar central en las deliberaciones cuando Panamá enfrentaba una crisis en esa materia. En el contexto, solo unos días antes, en Estados Unidos había entrado en vigencia una nueva política que legalizó la expulsión de nacionales venezolanos que intentaban ingresar por la frontera terrestre con México o que habían llegado de forma irregular a Panamá.
Sobre este asunto, la directora del Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá, Samira Gozaine, informó que estaban “clamando a la Embajada de Estados Unidos que nos ayuden, nos asistan económicamente como hacen con otros países. Para Estados Unidos, la crisis migratoria generada por sus propias políticas, se ha transformado en una gran oportunidad de intervención e injerencia “legal” en los asuntos internos de los países de la región.
Brasil
Durante una visita a Brasil en septiembre del año pasado, la generala Richardson manifestó que había un “esbozo” de fuerza militar conjunta entre su país y Brasil con helicópteros para -presuntamente- luchar contra los incendios en la selva amazónica.
Según el analista uruguayo Luis Vignolo “la información pasó muy desapercibida, quizás no casualmente, mientras los medios dominantes miran en otras direcciones”. Pero lo cierto es que hubo fuertes acercamientos en el ámbito militar entre los dos países durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Tres meses antes, durante la IX Cumbre de las Américas, realizada en Los Ángeles, California, entre el 6 y el 10 de junio, Brasil y Estados Unidos anunciaron un grupo bilateral de respuesta rápida a fin de combatir la deforestación de la Amazonia brasileña, para lo cual se creó un grupo de trabajo de alto nivel conformado por autoridades de ambos países.
Como antecedente, en agosto de 2019, Donald Trump había designado a Brasil como “aliado preferencial extra OTAN de Estados Unidos” para beneplácito de Bolsonaro y de su vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourão. Según Vignolo, “Mourão hizo referencia en ese marco al rol de las Fuerzas Armadas brasileñas como garantía frente a la toma del poder por quienes considera enemigos, en lo que pudo ser considerado una advertencia contra la oposición al gobierno derechista”.
La irrupción violenta de bandas fascistas pocos días después de la toma de posesión de Lula -al igual que había ocurrido dos años antes en Washington con el protagonismo de los seguidores de Trump- y la actitud de las fuerzas armadas ante el hecho, parecieron marcar la pauta de cuál sería el comportamiento de los militares en el desempeño de las funciones presidenciales de Lula, generando una amenaza aceptada por los sectores más reaccionarios del establishment estadounidense y por importantes sectores de sus fuerzas armadas que consideran a sus pares brasileños como importantes aliados para el control estratégico de la región.
Lula tendrá que enfrentar los intereses estadounidenses y europeos sobre la Amazonía, sobre todo ahora que su “corrimiento” hacia posiciones de centro le ha hecho acercarse al partido demócrata que controla la administración en Estados Unidos y la social democracia europea, que gobierna en países como Alemania y España con quien ha establecido lazos privilegiados que podrían facilitar el acercamiento de sus fuerzas armadas a Brasil para un supuesto “manejo sustentable” de la Amazonia. De hecho, ya Lula los ha invitado a “invertir” en proyectos ecológicamente sostenibles en la región y ha asegurado que eso se hará respetando la soberanía brasileña. No obstante, no se tienen muchos detalles al respecto.
El muy informado analista y escritor Andrew Korybko que ha investigado mucho sobre “guerras híbridas” ha advertido que “una fracción del PT podría ser usada por Estados Unidos para sus fines injerencistas”. Así mismo ha manifestado su opinión en torno a que la intervención estadounidense en Brasil no cesará bajo el nuevo gobierno de Lula, pero sí cambiará de forma, asumiendo un tipo de “desestabilización radical” para dar pretextos a la OTAN de intervenir y ´salvar` a un Lula políticamente maniatado”.
Koriybko opina que “todos los elementos para una desestabilización total del Brasil están servidos, habida cuenta los problemas estructurales de la economía, el escaso peso parlamentario del partido de gobierno y la seria polarización en la calle entre los partidarios de Bolsonaro y los partidarios de Lula”.
Bolivia
El plan secesionista en Bolivia es de larga data. Tuvo un momento de realización tras el golpe de Estado apoyado por Estados Unidos contra el presidente Evo Morales en 2019 y recientemente ha rebrotado en la forma de violento “paro cívico” organizado por un grupo paramilitar fascista del departamento de Santa Cruz que forma parte de la Amazonía boliviana que constituye el 43% del territorio nacional.
El operador principal de la política estadounidense contra Bolivia ha sido Mark Falcoff, asesor de la administración Bush para América Latina. En su artículo “¿Los últimos días de Bolivia?”, publicado en American Outlook en mayo de 2004, Falcoff “predijo” la división étnica de Bolivia tras la oleada de levantamientos populares que desembocaron en el derrocamiento del presidente Sánchez de Lozada en 2003.
En su artículo, Falcoff señala que: “… es un hecho fundamental sobre Bolivia, saber que es una sociedad dividida a lo largo de dos grandes líneas de fractura: la raza y la geografía”. Falcoff contrasta la situación en la “Bolivia andina, pobre, con cultivos de coca para fabricar droga, violenta, subdesarrollada y levantisca con la próspera Santa Cruz, que generando el 51% de los ingresos del país solo recibía ´un pequeño porcentaje` de las ganancias generadas por el petróleo y el gas”.
Por eso, Falcoff recomendaba una nueva Constitución que debería “remediar la necesidad de descentralizar la autoridad y los recursos” acompañada de “un verdadero intento de solución federal, con una redistribución regional de los recursos y una política energética racional”
En esta lógica se insertaron el plan que devino en el golpe de Estado contra Evo Morales y la reciente intentona fascista para repetir tal hecho, aunque ahora se han elaborado modificaciones operativas sin cambiar el objetivo de derrocar al gobierno. En la mira del Pentágono está –como lo ha hecho saber abiertamente la generala Richardson- los gigantescos yacimientos de litio que no se encuentran en la zona amazónica del país, sino en el altiplano andino. La explotación y posterior industrialización del litio por empresas extranjeras no estadounidenses despiertan preocupación en Washington que no ceja en sus intenciones de desestabilizar el país.
Perú
El pasado 18 de enero de 2023 la presidenta de Perú, Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola le dirigieron un oficio a José Daniel Williams, presidente del Congreso de la República en el que solicitan aprobación para autorizar “el ingreso de unidades navales y personal militar extranjero con armas de guerra al interior de la República”. Eso debe leerse como ingreso de fuerzas militares de Estados Unidos en el momento de grandes movilizaciones contra el gobierno que ha derrocado al presidente Pedro Castillo y ha usurpado el poder, lo cual ha sido resistido por importantes sectores de la población que han sido sometidos a una fuerte represión. Estas acciones han tenido el abierto y claro apoyo de la embajada y el gobierno de Estados Unidos.
México.
De última hora, cuando cerraba este trabajo en tres entregas, llegó la información de que dos representantes del partido republicano de Estados Unidos, Dan Crenshaw y Michael Waltz, presentaron ante el Congreso de su país un documento para autorizar a las Fuerzas Armadas a realizar operaciones contra carteles mexicanos, sin contar con la aceptación del gobierno de ese país.
De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la posibilidad de que Estados Unidos decida “quién es el bueno y quien es el malo” auto asumiéndose como “gobierno del mundo”, con potestad de intervenir por la fuerza en cualquier país del planeta.
Conclusiones
Para finalizar, es válido tener en cuenta que la adopción por parte de Estados Unidos de su nuevo concepto militar de “disuasión integrada” en el que manifiesta supuestos “valores compartidos” con América Latina que en realidad no existen, persiguen incorporar a los países de la región a su guerra global contra China y Rusia.
Esta “disuasión integrada” es una suerte de agrupamiento de los recursos de los países de América para combatir a un enemigo supuestamente común. Washington llama a la “unidad” para enfrentar a quien ha definido unilateralmente como enemigo, que no necesariamente es el mismo de América Latina y el Caribe, que más bien debe apostar por la neutralidad y la búsqueda de la paz.
Lo decía con mucha precisión en Ecuador la jefa de Comando Sur al afirmar que “el avance de China es un problema de seguridad nacional”. Agregaba que Estados Unidos y América Latina y el Caribe debían “trabajar juntos como un equipo, jugando en nuestras respectivas posiciones de manera armoniosa y altamente efectiva para resolver ese problema”.
Como se ha visto, los instrumentos son variados, las acciones manifiestan distintas dimensiones y características, pero todas apuntan a mantener a la región sujeta al control estratégico de Washington.
NOTA: Este artículo no ha recogido la acción intervencionista de Estados Unidos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, porque ella ha sido permanente y continua por más de 60, 40 y 20 años respectivamente. Cada uno de ellos ameritaría un informe especial.
(*)Sergio Rodríguez Gelfenstein. Licenciado y magíster en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Investigador del Centro de Estudios Sociales y Políticos de América Latina de la Universidad de los Andes (Venezuela).