Entre el alcalde de Algarrobo y la exalcaldesa de Maipú suman más de 30 mil millones de pesos en delitos cometidos en sus gestiones. Torrealba quiere salir de la cárcel y está a la espera de trámite el 18 de diciembre. Se suman a lista de casos irregulares protagonizados por jefes comunales de la oposición como Pedro Sabat, Virginia Reginato y Karen Rojo.
“El Siglo”. Santiago. 1/12/2023. Sólo en las últimas semanas la opinión pública supo de nuevos casos de jefes comunales de la derecha investigados y procesados por graves como malversación de fondos, cohecho y gastos irregulares en su gestión.
Es parte de una seguidilla histórica de jefes comunales de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), principalmente, y algunos de sus aliados, descubiertos en operaciones de fraude al fisco, situaciones que datan desde que existían los alcaldes designados, en los tiempos de la dictadura.
El alcalde UDI de Algarrobo
Durante los últimos días se conocieron detalles de las acusaciones en contra de José Luis Yáñez (UDI), jefe comunal de Algarrobo, por malversación de mil 69 millones de pesos pertenecientes al municipio. Se investigan 77 giros fraudulentos. Los dineros fueron a parar a cuatro cuentas corrientes de particulares y las arcas personales de Yáñez.
Ello llevó a que el Fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, Claudio Rebeco, solicitara orden de detención del alcalde. El funcionario explicó que “hasta ahora, tenemos acreditado lo que entendemos que puede ser una participación en delito de malversación y un delito de cohecho”.
Además, la PDI detuvo y se decretó detención preventiva contra Belén Carrasco, funcionaria del Departamento de Tesorería de la Municipalidad de Algarrobo, por malversación de fondos públicos. Ella sería la autora de la extracción de los más de mil millones de pesos, adulterando documentos municipales. Según abogados y personal de la Municipalidad, la mujer tuvo o mantiene una relación sentimental con el alcalde.
Los otros vinculados son amigos de Yáñez y de Carrasco, y habrían facilitado el uso de sus cuentas corrientes y acreditación de supuestos gastos, a cambio de recibir dinero.
La Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, estableció acusaciones contra José Luis Yáñez por malversación de fondos públicos, cohecho, y recibir un soborno de un contratista para ejecutar una obra. El jefe comunal transfirió dineros a una cuenta en Estados Unidos.
En tanto, el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra Belén Carrasco, indicando que la funcionaria “en el ejercicio de sus funciones y manteniendo a su cargo fondos públicos en su calidad de encargada de Tesorería, procedió a adulterar las nóminas de pago a proveedores del municipio, incluyendo al menos a cuatro personas naturales, a quienes no les correspondía recibir pago alguno…concertándose con estas últimas con el objeto de sustraer un monto superior a $1.069 millones, a través de la autorización de transferencias bancarias”. En todo esto estaría involucrado el jefe comunal.
Es así que la fiscal Perivancich sostuvo que “el alcalde ha tenido conocimiento y ha permitido que se ejecuten los actos concretos que supusieron estas transferencias de dinero de más de mil millones de pesos hacia cuatro personas, dos de ellas vinculadas además por parentesco con el alcalde y que no decían relación naturalmente con pagos adeudados por la municipalidad”.
Añadió que “además está el delito de cohecho, y que dice relación con la siguiente imputación. El alcalde recibió en su cuenta bancaria personal un monto de alrededor de exactamente 25 millones de pesos de parte de una empresa que ha sido contratista de la Municipalidad, tanto en licitaciones públicas, solamente dos casos y en 15 en que por la vía del trato directo se han acordado determinados contratos para la ejecución por parte de esta empresa”.
Cathy Barriga no sale de escena delictiva
Hace tiempo que la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, vinculada a la UDI y que fuera en la lista de Chile Vamos, tiene problemas por irregularidades y eventuales delitos cometidos cuando ejercía como jefa comunal.
Ahora se supo que se fijó para el 16 de enero próximo su formalización por los delitos de fraude al fisco y corrupción. El juicio tendrá lugar en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago. El monto defraudado llegaría a 31 mil millones de pesos.
Se informó que se suman como imputadas otras cinco personas del círculo cercano de la exjefa comunal, entre ellas, Ana María Cortés, directora Secpla; Luis Japaz, asesor de Barriga; Andrea Díaz, administradora; Andrea Monsalve, periodista y María Palma, directora de Control. Desde el ámbito judicial se indicó que se trata de “fraude al Fisco”. De hecho se investigan pagos indebidos de 95 millones de peso a Andrea Monsalve, en un caso de empleo ficticio, donde se le pagaba sin cumplir con horas de trabajo. Se analiza el pago de un bono denominado “Años Dorados” a 14 empleados municipales al dejar sus puestos, implicando un fraude fiscal de 81 millones de pesos. También se le imputa a Barriga una desviación por más de 20 millones de pesos por incremento no justificado del presupuesto comunal.
La fiscal adjunta Constanza Encina presentó solicitud de audiencia de formalización en contra de la exalcaldesa por los delitos defraude al fisco del artículo 239, el Código Penal y falsificación de instrumento público del artículo 193 número 4 del Código Penal, estosen calidad de autoray los delitos en grado de desarrollo consumados y reiterados los dos.
El actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, de Revolución Democrática, confirmó que durante la gestión de Cathy Barriga la defraudación al municipio llegó a los 31 mil millones.
“Nos deja muy satisfechos que la Fiscalía haya decidido formalizar no sólo a la exalcaldesa, sino a todos quienes participaron de los hechos que le imputamos a ella”, reaccionó José Pedro Silva, abogado del municipio.
Torrealba quiere salir de la cárcel
Otro que está a la espera de decisiones judiciales es el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, conocido exdirigentes de Renovación Nacional (RN). El lunes 18 de diciembre habrá una audiencia para revisar las medidas cautelares en su contra y determinar si puede abandonar la prisión preventiva. Es otro intento por darle garantías al exdirigente de RN, autor de delitos de “cuello y corbata”.
El antiguo jefe comunal está preso desde el 15 de junio de este año, acusado de asociación ilícita, fraude al fisco y lavado de activos. Es acusado de ser líder de una organización criminal para defraudar dineros desde la Municipalidad de Vitacura. En su momento fue acusado de 29 delitos de fraude fiscal.
Se reportó a inicios de año que el jefe comunal giró dos centenares de cheques con fondos de sus cuentas personales destinados al menos a siete funcionarios contratados por la municipalidad, dando un total de 127,6 millones de pesos a subalternos. Hay cheques a choferes y empleados por varias decenas de millones de pesos dados durante varios años. Se informó que de acuerdo a antecedentes del fiscal Francisco Jacir, las operaciones ilegales de Raúl Torrealba llegaron en un momento a 527 millones de pesos que estaban en sus cuentas corrientes bancarias desde el 2010 hasta el 2020. Hasta hoy se piensa que habría más dinero involucrado.
“En los hechos existe una organización ilícita que excede con creces el simple acuerdo de voluntades para cometer crímenes y/o simples delitos. Se trata de una estructura conformada para colocar en práctica el esquema de corrupción ideado por los querellados, la que contaba con un solo jefe, el exalcalde Raúl Torrealba de Pedregal, a quién todos los demás querellados debían subordinación y dependencia, y cuyas órdenes se cumplían sin cuestionamientos”, se lee en un documento judicial.
El fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, a cargo de la formalización contra Torrealba y exfuncionarios de Vitacura, entregó una serie de antecedentes sobre la relación entre la Municipalidad de Vitacura y los programas VitaSalud, VitaDeportes, VitaEmprende, VitaJoven, que se usaban para los movimientos ilegales de sumas millonarias.
Armendáriz estableció que el exjefe comunal que militó décadas en RN, junto a otros acusados, “se asociaron con la finalidad de cometer de manera permanente, sistemática e indefinida en el tiempo diversos delitos atentatorios en contra del patrimonio fiscal, el orden público económico y otros bienes jurídicos, conformando e integrando con dicho fin una organización jerárquica en la que se distinguen jefes y miembros operativos que ejecutan labores necesarias y funcionales para la consecusión de sus fines ilícitos”.
Se suman situaciones irregulares y procesales, incluso con formalizaciones judiciales, en casos como los de Pedro Sabat en Ñuñoa (RN), Pablo Zalaquett en Santiago (UDI), Virginia Reginato (UDI) en Viña del Mar, Karen Rojo en Antofagasta (ligada a RN), Fernando Paredes (UDI) en Puerto Natales, Gustavo Hasbún (UDI) en Estación Central, Graciela Ortúzar (RN) en Lampa, Felipe Guevara (RN) en Lo Barnechea, Juan Castro en Talca (ligado a RN), entre otros.