Según el estudio realizado por TECHO, el aumento de campamentos y familias ha sido sostenido, las cifras son preocupantes. El ministro del MINVU, Carlos Montes, apunta las causas al déficit habitacional acumulado y a la migración. Hay al menos 229 campamentos con amenazas formales o informales de desalojo, mientras que con orden desalojo, estarían 52. Los habitantes de asentamientos informales indican que la principal razón de llegada a estos espacios es por el alto costo del arriendo y los bajos ingresos, causas que políticas de vivienda y arriendo a precio justo han abordado, como es el caso de la comuna de Recoleta.
“El Siglo”. Santiago. 5/2025. Mil 187 campamentos, 88.174 familias, una población aproximada de 251.975 personas, son algunas de las cifras sobre asentamientos informales en el país, según el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 realizado por la fundación TECHO-Chile.
Una realidad que va en alza. En el catastro anterior (2022-2023) se registraron 1.290 campamentos y 113.887 familias, un incremento del 5,8% en la cantidad de familias y del 10,6% en el número de campamentos.
Según detalla el estudio realizado por TECHO, el aumento de campamentos y familias ha sido sostenido, pero se ha producido un quiebre a partir del año 2019, cuando se registró un aumento sin precedentes, asociado principalmente a causas coyunturales, tales como la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19. “Lo anterior refleja una profunda crisis en el acceso a la vivienda, ya que el 51,3% de las familias que viven en campamentos se han formado después del 2010, y un 19% lo han hecho después del 2020, demostrando así, que las causas estructurales de la emergencia habitacional no han logrado ser atendidas”, aseguran.
Las opciones de radicación de campamentos
TECHO indica que al menos 229 campamentos estarían actualmente con amenazas formales o informales de desalojo, mientras que con orden desalojo, según reportaje de La Tercera, estarían 52, entre los que se encuentran Dignidad en La Florida, Cerro 18 en Lo Barnechea, El Edén en Viña del Mar y Colcura en Lota.
Gran notoriedad pública tuvo el caso del mega campamento ubicado en San Antonio en que viven cerca de 10 mil personas (4 mil familias), el cual a comienzos de año estuvo cerca de ser desalojado por una acción judicial interpuesta por los dueños del terreno. La intervención del gobierno, que logró un protocolo de acuerdo con sus propietarios para su adquisición, evitó lo que habría sido un drama para un gran número de personas y una complicación para Carabineros, que tendría que haber realizado un operativo gigantesco, desatendiendo otras labores de seguridad y colocando en riesgo a miles de pobladores.
Techo presentó un informe titulado “Factibilidad técnica de radicación de campamentos en Chile”, el cual analizó 1.095 campamentos en el país para ver cuáles de ellos cumplen todos o alguno de seis criterios para poder radicarse en el lugar donde están. Es decir que pasen de ser toma ilegal, a una solución habitacional permanente, como lo que se está buscando hacer en San Antonio.
Entre las variables que analizaron está si el terreno tiene permiso de uso de suelo para edificar, si existen al menos dos servicios básicos, y si no tiene riesgos naturales inminentes.
El estudio arrojó que un total de 226 campamentos en Chile pueden ser radicados en el lugar en el corto plazo, por cumplir la mayoría de los requisitos dispuestos por la legislación. El principal número está en la Región de Valparaíso, con 109 campamentos factibles de radicar. Por otro lado, las regiones más críticas, y en las cuales se debería optar por otras alternativas principalmente por estar en zonas imposibles de edificar -como quebradas- se concentran principalmente en las regiones de la macrozona norte de Chile, sumadas a la Metropolitana y Magallanes.
“En la actualidad, existen al menos 1.290 campamentos en Chile, de los cuales un 68% prefiere la radicación como solución habitacional, mediante regularización de servicios básicos y obtención de títulos de dominio o construcción de proyectos en los mismos espacios”, explica el estudio.
Y agrega que “las políticas habitacionales han sido insuficientes para enfrentar la crisis habitacional, sumado a que los campamentos no son una prioridad para éstas. Lo anterior se traduce en la falta de acceso a los subsidios por parte de la población más vulnerable, que se ve expuesta a seguir viviendo en exclusión sociohabitacional, desplazándose a estos asentamientos en busca de un lugar donde habitar y subsistir ante el encarecimiento de los distintos aspectos de la vida”.
Plan de emergencia habitacional
El Plan de Emergencia Habitacional, publicado en el año 2022 y mandatado por la Ley de Integración Social y Urbana, tiene como objetivo principal reducir el déficit habitacional con enfoque en las familias de los tramos socioeconómicos más vulnerables, por medio de la entrega de vivienda adecuada, ya sea para propiedad individual o colectiva, con enfoque en la generación y promoción de la organización comunitaria.
El plan tiene diversos programas, dentro de los cuales existen dos para atender a familias de campamentos: Gestión Habitacional y Construyendo Barrios. Respecto del primer programa, tiene como propósito la relocalización de familias hacia una vivienda definitiva, mientras que el segundo busca mejorar las condiciones de acceso a servicios básicos y la urbanización de los terrenos.
Hace una semana el Ministerio de Vivienda y Urbanismo anunció que a abril de 2025, se había alcanzado la cifra de 193.444 viviendas terminadas o entregadas. Un 74,4% de avance de las 260.000 comprometidas por la administración del Presidente Gabriel Boric. Además, hay 128.710 viviendas en ejecución y 80.126 viviendas por iniciar.
Con respecto al aumento de campamentos en el país, durante esta semana en diálogo con Radio Pauta, el ministro de Vivienda y Urbanismo (MINVU), Carlos Montes, aseguró que se debe al déficit habitacional acumulado y a la migración, que representa entre un 30% y un 40% de las familias que viven en estas condiciones.
El Catastro 2024-2025 realizado por TECHO confirma esta cifra. En él se asegura que un 39,3% de las familias que habitan en campamentos nivel nacional son de origen migrante. 47.391 familias. “Se identifica que las regiones del norte y centro del país albergan un porcentaje mayoritario de familias migrantes, destacándose los casos de la región de Tarapacá, en donde un 63,6% de las familias de campamentos corresponden a familias de origen migrante, seguido por la región Metropolitana, con un 61,5% y Antofagasta, con un 59,9%. También es importante destacar que en las zonas centro-sur y sur del país el porcentaje de familias migrantes por región es significativamente menor”, señala el estudio.
Alto costo de los arriendos: La principal razón para llegar a un campamento
Según TECHO, el 80,4% de las personas explicó como motivo de su llegada a campamentos el alto costo de los arriendos, un 75,2% los bajos ingresos, un 70% por la necesidad de dejar de ser allegados y un 56,7% por falta de empleo (se podía entregar más de un motivo).
La candidata Jeannette Jara, en sus propuestas de campaña ha señalado la idea de “Ordenar el territorio, habitar con dignidad”. Esta se basa en promulgar una Política Nacional de Ordenamiento Territorial con participación ciudadana vinculante y crear un Banco de Suelo Público. “Construiremos viviendas públicas a precio justo, apoyaremos cooperativas de vivienda, fortaleceremos el arriendo protegido y fiscalizaremos estrictamente el mercado inmobiliario, priorizando a mujeres y sectores vulnerables. Desarrollaremos un plan dirigido a los comité de vivienda para que accedan dentro de nuestro periodo a viviendas sociales”, asegura.
En el mismo sentido, están por cumplirse los cinco años del proyecto impulsado por la Municipalidad de Recoleta durante la administración de Daniel Jadue, política a la cual su sucesor, Fares Jadue, ha dado continuidad. Esta innovadora iniciativa ha sido fundamental para proporcionar viviendas dignas a precio justo a las familias de la comuna. Las y los residentes de los departamentos construidos por la Inmobiliaria Popular pagan sólo el 25% de su ingreso familiar en arriendo.