La derrota electoral de este proyecto excluyente, delirante y beligerante, es una también una derrota cultural e ideológica de un discurso político diseñado de manera exprofeso para emular lo ocurrido con Bolsonaro o más recientemente con Milei. Quienes somos parte de los partidos de Gobierno, tenemos el deber de impulsar una agenda social potente. Se requieren señales y acciones contundentes desde el Gobierno con miras a gestionar con mayor efectividad y oportunidad las urgencias ciudadanas.
Marcos Barraza Gómez(*). 22/12/2023. El domingo recién pasado la ciudadanía puso freno a una propuesta constitucional que pretendía retrotraer la historia, privando al pueblo de derechos conquistados tras largos procesos de lucha.
Por ello, este resultado favorece a la ciudadanía, y constituye a la vez una derrota de proporciones para la derecha, en la que resaltan dos aspectos. En primer lugar, el electorado se opuso a un texto redactado por una mayoría derechista sin contrapeso alguno, desechando de cuajo los contenidos elaborados de manera equilibrada y habilitante por la Comisión de Expertos, que habrían permitido construir acuerdos transversales, en caso de haber existir voluntad para ello. En segundo término y, a diferencia de lo ocurrido en el plebiscito anterior donde la derecha apeló a una retórica en base al “Amor”, en esta ocasión levantó nueva y desembozadamente las banderas típicas de la exclusión, todo un clásico en este sector político, graficadas en una frase no centrada precisamente en el Amor, sino más bien en el “Que se jodan”, dicho sin ambigüedad alguna.
La derrota electoral de este proyecto excluyente, delirante y beligerante, es una también una derrota cultural e ideológica de un discurso político diseñado de manera exprofeso para emular lo ocurrido con Bolsonaro o más recientemente con Milei, pero yendo más allá, esto es buscando una refundación neoliberal constitucional, sostenida en un ultraliberalismo económico y una convivencia cultural ultra conservadora e integrista. Es decir, los defensores de un modelo incapaz de dar respuesta a las demandas ciudadanas, enfrentan la crisis social con fórmulas demagógicas de ultraderecha para aprovechar las debilidades de un sistema político que no procesa ni responde efectivamente las urgencias que demanda la ciudadanía.
Para que esta derrota cultural, política y electoral se consolide, requiere que las fuerzas de izquierda y progresistas implementen respuestas que permitan movilizar el apoyo de las grandes mayorías. Al respecto, un elemento clave es entender que si bien la Constitución de 1980 mantiene su vigencia, esto de ninguna manera la dota de una reforzada legitimidad ya que su esencia privatizadora de los bienes públicos, subsidiaria, exterminadora de la responsabilidad estatal, se conserva tal y como fue diseñada décadas atrás. En los hechos sigue siendo incompatible con las aspiraciones de derechos sociales y de calidad de vida de la ciudadanía,
Es importante recordar que el texto constitucional vigente fue plebiscitado en octubre de 2020. En aquella ocasión una aplastante mayoría del 80% se manifestó por un cambio constitucional. Sin embargo, la imposibilidad de converger en una idea de país y modelo de sociedad, hacen necesario abordar otra agenda política y social.
Quienes somos parte de los partidos de Gobierno, tenemos el deber de impulsar una agenda social potente, maciza, elaborada a partir de un paquete de políticas públicas que, en conjunto a la activa participación de la sociedad civil, permitan enfrentar la difícil situación que vive gran parte de nuestra población, generando las condiciones que habiliten la reactivación económica, la recuperación del empleo, el fortalecimiento de los salarios, todas ellas medidas para mitigar el alza del costo de la vida y que no pueden significar abrir espacios para precarizar el trabajo ni el bienestar social.
La intensidad de la agenda sobre Seguridad debe mantenerse. El Gobierno debe promover políticas para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, el uso de armas de fuego, todos ellos delitos e incivilidades que alarman e insegurizan a la ciudadanía. También debemos enfrentar los crímenes de cuello y corbata, delitos económicos que impactan no solamente en la economía, sino también en la credibilidad y confianza institucional. Basta de clases de ética. El escándalo de las facturas falsas emitidas y adquiridas para defraudar al Fisco por más de 240 mil millones de pesos; o los audios del abogado Luis Hermosilla, muestran claramente el nivel de descomposición que afecta a una buena parte de la élite económica local. Estos casos deben ser perseguidos con rigurosidad, más aún cuando ocurren al interior del propio Estado, señal inequívoca de querer alcanzar mayor estándar de probidad.
Otra área prioritaria es la reforma al sistema de pensiones. La derecha, nuevamente, ha cerrado las puertas a cualquier iniciativa que no recoja íntegramente sus postulados. Esa negativa sólo es conducente a impedir cualquier avance razonable para mejorar las jubilaciones, posponiendo por motivos de aprovechamiento político una reforma que no puede esperar.
La derecha tampoco ha mostrado disposición para ayudar a resolver el problema que las propias ISAPRES han creado al aplicar cobros irregulares, pretendiendo evadir la restitución de estos recursos a sus afiliados ordenado por la Corte Suprema. Lo anterior no es más que una muestra de la necesidad de avanzar de igual forma en una reforma profunda en materia de salud, que permita fortalecer el sistema público, dotándolo de los recursos que requiere.
Descrito lo precedente, la mera derrota electoral de la derecha no es condición suficiente para construir un mejor escenario social y político, más aún cuando ésta lejos de atenuar su obstruccionismo lo profundiza, y pretender que la inercia del triunfo del En Contra es suficiente para construir un nuevo escenario es equivocado.
Se constató que la derecha no es imbatible, pero se requieren señales y acciones contundentes desde el Gobierno con miras a gestionar con mayor efectividad y oportunidad las urgencias ciudadanas. Recuperar la confianza social está condicionado a que el gobierno retome y sostenga la iniciativa política en una serie de ámbitos, que superan con creces lo legislativo, para acometer con decisión en la formulación y concreción de condiciones transformadoras.
El plebiscito del 17 de diciembre muestra nuevamente las fisuras que profundizan las brechas al interior de la sociedad chilena. Mientras el pueblo expresa una desconfianza generalizada hacia instituciones percibidas como indolentes ante sus problemas, la derecha se atrinchera en posiciones retardatarias, inquisitorias, suprimiendo las voces dialogantes existentes en su sector.
Hoy, debemos elaborar una política que represente de manera efectiva los anhelos populares de cambio y bienestar social. Esa tarea interpela a todos y todas quienes confían en la democracia como forma de vida en común y que va más allá de las fronteras de un sector político u otro. En este sentido es correcto señalar que el 17 de diciembre no fue un triunfo de la izquierda, pero sí una derrota histórica y cultural para la derecha.
(*)Marcos Barraza es miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile.