Las protestas no cesan. Hay tres presentaciones para reclamar inconstitucionalidad. El próximo miércoles organizaciones de trabajadores llegarán hasta la Corte Suprema para presionar la derogación del decretazo. El Congreso está con los plazos justos para comenzar la discusión. No habría ni urgencias ni necesidad en las 366 normas que se buscan eliminar y el Ejecutivo estaría tomando atribuciones propias del Legislativo, son algunos de los argumentos para invalidarlo. El gobierno libertario no acusa recibo, sigue adelante y endurece la represión.
“El Siglo”. Buenos Aires. 22/12/2023. Los cacerolazos no han cesado desde que el Presidente Javier Milei anunció el Decreto de Necesidad y Urgencias (DNU) que busca derogar y reformar unas 300 normas. Como respuesta inmediata el pueblo argentino salió a las calles la noche del 20 de diciembre en repudio a las medidas que van en contra del pueblo y no de la casta como lo prometió el ahora mandatario en la campaña.Miles de argentinos y argentinas en Buenos Aires caminaron hasta el Congreso y estuvieron en un largo cacerolazo hasta la madrugada, lo mismo se replicó en los distintos centros y barrios de la nación. Al día siguiente fueron los funcionarios y funcionarias del Banco Nación quienes convocaron una marcha hasta la Casa Rosada, “el Banco y la Patria no se venden”, fue la consigna que levantaron. Hasta este viernes seguían los cacerolazos espontáneos y otras actividades en el obelisco convocadas por sindicatos, federaciones y agrupaciones de trabajadores y trabajadoras como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
En tanto, la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) tras reunirse de urgencia para debatir un plan de lucha para hace frente al decretazo convocó a una manifestación para el 27 de diciembre en los Tribunales de Plaza Lavalle, donde está la Corte Suprema, para presentar el reclamo formal a los fines de obtener una sentencia judicial que avale la postura de inconstitucionalidad y se derogue el DNU. “El objetivo es voltear el DNU y eso va a terminar pasando”, dijo el dirigente de la CGT, Héctor Daer.Mientras el despliegue policial represivo sigue en marcha y tal como lo anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya solicitó el detalle de los gastos a las fuerzas que se desplegaron en la conmemoración del 20 de diciembre, cuando se recuerda la masiva protesta de fines de 2001, en la que la represión dejó un saldo de más de 30 muertos. El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que “la factura asciende a los 60 millones de pesos y son unas catorce organizaciones sociales, entre las que se incluye tanto el Polo Obrero, como la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Evita, las que deberán pagar”.
Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, aseguró que “vamos a ir a la Justicia e inclusive vamos a presentar una denuncia por discriminación. A las movilizaciones de otro tipo no les pasa la factura. Es todo una cosa absurda” y agregó que “se ataca a las organizaciones y no a los individuos porque no saben quiénes son. Es una cosa totalmente absurda de toda ilegalidad como viene haciendo la ministra Bullrich. Por eso creemos que tiene que renunciar”.
Milei de Presidente a Emperador
En el debate del país trasandino además de la brutal carga que se está llevando a cuesta los bolsillos del pueblo argentino con las nuevas medidas, está el cuestionamiento respecto a la constitucionalidad del decretazo, ya que este tipo de decretos deben tener la característica de ser celebrados cuando hay necesidades urgentes y ninguno de los 366 artículos cumple con ello. Además, el Ejecutivo estaría tomando las atribuciones del Legislativo, algo que va en contra de la República y todas sus instituciones.
Daniel Sabsay, profesor titular y director de la carrera de posgrado en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires aseguró que “el decreto es inconstitucional porque no se da ni la necesidad, ni la urgencia, ni tampoco está impedido el Congreso para reunirse. Es una locura, no recuerdo una cosa así, ni en la época de Menem, ni en el gobierno militar”.
Mientras que Antonio María Hernández, abogado de la Universidad de Córdoba que fue convencional constituyente durante la reforma constitucional del 1994, subrayó que “el Poder Ejecutivo no puede en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Esto tiene que ver con el equilibrio de los Poderes”.
En tanto, el exprecandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois, señaló que “a Milei nadie lo nombró como rey. Es un decreto que instaura una monarquía absoluta en Argentina. Es una suerte de pinochetismo que llega al Gobierno vía electoral y en los primeros días usa mecanismos ilegítimos para imponer un sistema que no perjudica a ninguna casta, salvo a las medias e inferiores”.
“Es una confiscación de la propiedad privada de los trabajadores. El contenido del DNU es profundamente antipopular. Se está abriendo la compuerta de rifar el patrimonio nacional y se está abriendo la puerta para privatizar el Banco Nación. Nadie nombró a Milei como rey. Facilita los despidos, aumenta el periodo de prueba para que haya rotación laboral y que haya gente sin derechos”, añadió.
No obstante, frente a la ola de críticas el gabinete y el propio jefe de Gobierno se sienten fuertes y convencidos de seguir adelante con la implementación libertaria.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, sostuvo que “el Gobierno del presidente Milei fue electo para realizar un cambio en la Argentina, lo que ha expresado en toda la campaña lo está llevando adelante. Tiene la legitimidad del 56% de los argentinos que lo votaron, eso hace que el presidente se sienta absolutamente empoderado para llevar adelante este proceso de transformación en la Argentina. Por supuesto, vamos a dialogar con todos, pero con la firme convicción de que este es el camino”.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, apuntó que “todo va a ser materia de debate en Diputados y en el Senado, y va a tardar un tiempo. El decreto es lo mínimo que se necesita para tener una Argentina de futuro, una Argentina distinta. Se trató de abarcar todo lo posible para tener un único objetivo: el único designio de la ley es la libertad de mercado” y añadió que “hay normas que los constitucionalistas pueden discutirlas”.
El futuro del DNU
El DNU debe pasar por el Congreso, sin embargo, si no se llegan a algunos plazos se aplicaría sin debate. El pack de derogación de 366 artículos fue promulgado el jueves 21 de diciembre, pero en el Boletín Oficial no se especifica su fecha de entrada en vigencia y según establece el Código Civil y Comercial, la normativa comenzará a regir automáticamente dentro de ocho días, es decir, el próximo 29 de diciembre, aunque Milei afirmó que «ya está vigente».
Ya están corriendo los diez días que tienen el Senado y la Cámara de Diputados para debatirlo, pero si ninguna cámara decide tratarlo o si el documento es aprobado solo por una de ellas, el DNU continúa vigente. Para que el decreto pierda vigencia debe ser rechazado por ambas cámaras.
Legisladores del peronismo, Juntos por el Cambio y bloques provinciales adelantaron su desacuerdo con el decretazo libertario y reclamaron que las propuestas sean debatidas en el Parlamento.
Frente a la presentación en la Corte Suprema de gremios como la CGT y ATE que buscan que se declare la inconstitucionalidad del decretazo, desde la Casa Rosada anunciaron que el equipo para defender el DNU estaría listo. El ministro del Interior, Guillermo Francos, destacó que “se han hecho todos los análisis desde el punto de vista constitucional para llevarlo adelante. Cualquiera que tenga intereses en judicializarlo, lo podrá hacer, pero la justicia lo tendrá que resolver”.
A esta presentación se sumaron dos nuevas, una del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez que recayó en el juzgado de Pablo Cayssials. En tanto, Bingo del Oeste también presentó sus reparos al DNU en un texto que recayó ante el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Esteban Furnari. Éste último juez ya recibió este jueves las primeras de las presentaciones por parte del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Se espera que en los próximos días persistan las protestas y las medidas represivas, es posible que la próxima semana se anuncie un Paro Nacional. Al mismo tiempo, el costo de la vida seguirá en alza, ya que se está desarrollando el plan económico o tarifazo que liberó los precios y eliminó los subsidios.