Está abierta la posibilidad de que no siga en el cargo, formalizado por delito de omisión ante graves acciones represivas de Carabineros durante las jornadas de protestas sociales en 2019. Desde diversos ámbitos exigen su renuncia o sacarlo del puesto. “El director general de Carabineros debiera dimitir en el marco de este proceso” aseguró la diputada Nathalie Castillo. Desde Amnistía Internacional se dijo que “a nuestro juicio es insostenible la permanencia del general Yáñez” y colectivos de familiares y víctimas de la represión convocaron a una manifestación en el entorno del edificio del mando de la policía uniformada. Desde 2019 que abogados e instituciones de DDHH presentaron querellas y acusaciones contra Carabineros por violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, apremios ilegítimos, torturas, abusos sexuales, entre otros. Hubo más de 4 mil denuncias. En la “responsabilidad de mando” siempre estuvieron el entonces general director, Mario Rozas, el jefe de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez y el subdirector de la policía uniformada, Diego Olate. Algo que podría agravar las cosas para el general director es que sabiendo que sería formalizado por la Fiscalía Centro Norte, lanzó una arremetida contra los fiscales Ximena Chong y Xavier Armendáriz, acusándolos incluso de tener “odio” contra él y pidiendo que los inhabilitaran. El Gobierno mantiene “cautela”, es decir, no se ve alguna decisión al corto plazo. Se dijo que legalmente no hay impedimento para que Yáñez siga en el cargo y se insistió en valorar el buen trabajo con Carabineros. La llamada incómoda entre el Presidente y el jefe de Carabineros.
Gonzalo Magueda. Patricia Ryan. Periodistas. “El Siglo”. Santiago. 6/1/2024. A.- “Voy a seguir trabajando hasta que las condiciones así lo permitan”. La aseveración hecha por el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, ante un grupo de generales de la institución policial, tiene al menos dos derivadas: que él sabe que las conclusiones judiciales a partir de la formalización en su contra hecha por la Fiscalía Centro Norte lo pueden inhabilitar para ocupar el cargo, al tiempo que se puede generar un clima que no deje otra opción que renuncie o el Gobierno lo saque de la jefatura policial. Es un hecho que ese es el escenario en el que está el jefe de Carabineros, acusado del delito de omisión ante apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y de homicidio. Ocurre que el general Yáñez era jefe de Orden y Seguridad, es decir, era el mando inmediato y ejecutor de Fuerzas Especiales, el cuerpo de la policía uniformada que aplicó la represión durante las jornadas de manifestaciones sociales en 2019; unidad policial responsable de disparar perdigones, balas de goma y bombas lacrimógenas a las cabezas, ojos y cuerpos de manifestantes, dejando al menos un muerto, dos personas ciegas, 400 jóvenes con trauma ocular y más de dos mil heridos. Algunos expertos comentaron que en otros países sólo con esa acusación y formalización, un jefe policial habría renunciado o lo habrían sacado del puesto.
B.- En las últimas 48 horas, ante esta situación, desde distintos sectores se volvió a repudiar el actuar del general Ricardo Yáñez cuando estaba al frente de las Fuerzas Especiales y se exigió su salida del cargo de la policía uniformada. El diputado del Partido Socialista (PS), Marcos Ilabaca sostuvo que “no podemos tener a un general director que ha sido formalizado” y la diputada del Partido Comunista, Nathalie Castillo indicó que “hoy el director general de Carabineros debiera dimitir en el marco de este proceso y, además, responder a la justicia”. Andrés Giordano, diputado cercano al Frente Amplio, declaró que “existe una incompatibilidad con su permanencia en el cargo, como existiría frente a cualquier otra acusación de un funcionario público”. Agrupaciones de Familiares de Víctimas de la dictadura y Agrupaciones de Víctimas y Familiares del Estallido Social convocaron para este martes a las 11:00 horas a una manifestación en Alameda Bernardo O’Higgins y Zenteno, donde se ubica el edificio del mando superior de Carabineros, para “exigir la renuncia de Ricardo Yáñez. Se sumarían otros colectivos de derechos humanos y organizaciones sociales. Pese a que el jefe de Carabineros indicó que seguirá en funciones preocupado de sus tareas, la diputada Gael Yeomans, de Convergencia Social, apuntó que la formalización y el proceso que viene “lo va a tener preocupado y no va a tener todos sus sentidos puestos en una de las preocupaciones más importantes que tiene la ciudadanía que es la seguridad”. El Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, en entrevista en Radio Universidad de Chile, manifestó que “siempre señalamos que no solamente había que esclarecer la responsabilidad de quienes causaron directamente las lesiones a quienes se manifestaban, sino también de los mandos, sobre todo los mandos estratégicos como los que hoy día se están solicitando su formalización”. Agregó que “a nuestro juicio es insostenible la permanencia del general Yáñez a cargo de una institución es responsable de cumplir la ley, cuando su director está hoy día pronto a formalizarse por graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos”. El diputado del PC, Luis Cuello, citado por Emol, expresó que “el Estado tiene el deber de esclarecer y sancionar las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo la administración Piñera y estas investigaciones se sitúan en ese ámbito…Si se concreta la formalización del general, resultaría muy complejo que se mantenga al frente de la institución”. Por cierto que el jefe de Carabineros, como es común, tiene el respaldo de la derecha, de la extrema derecha y de sectores conservadores del país.
C.- Desde 2019 que abogados e instituciones de derechos humanos presentaron querellas y acusaciones contra Carabineros de Chile por violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, apremios ilegítimos, torturas, abusos sexuales, entre otros. Hubo más de 4 mil denuncias contra Carabineros en el Ministerio Público. En la responsabilidad de mando siempre estuvieron el entonces general director, Mario Rozas, el jefe de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez y el subdirector de la policía uniformada, Diego Olate. A parte de decenas de oficiales, suboficiales y carabineros acusados y algunos procesados. En un momento, fueron los fiscales Ximena Chong y Xavier Armendáriz quienes comenzaron las indagaciones que, hasta ahora, indican responsabilidades penales de Rozas, Yáñez y Olate. Ellos no habrían tomado medidas para corregir las actuaciones represivas y los protocolos en acciones contra manifestantes (a pesar de lo que estaba ocurriendo con víctimas oculares, heridos graves por distintas lesiones, la muerte de una persona por una bomba lacrimógena, el uso inadecuado de escopetas y municiones, del uso de gases y carros lanza-agua, golpizas, detenciones arbitrarias, apremios y abusos en Comisarias y carros policiales, etc.), habrían mantenido una actitud de omisión y no impartir instrucciones para modificar el actual policial como lanzar perdigones y bombas lacrimógenas a las cabezas de las personas. El general director está bajo el concepto de “responsabilidad de mando” y se ha señalado en documentos vinculados a este proceso que “el concepto de responsabilidad del superior se encuentra arraigado en el entendimiento de que en virtud de la autoridad que portan, los comandantes están preparados para ejercer control sobre sus tropas y las armas que utilizan; más que cualquier otra persona pueden evitar infracciones creando el estado mental apropiado, asegurando el uso racional de los medios de combate y manteniendo disciplina”. Se suma a versiones extraoficiales en cuanto a que, por el contrario, los generales Rozas y Yáñez, se dirigían a saludar y estimular a los integrantes de Fuerzas Especiales, valorando su labor, sin hacer alusión a actos indebidos, uso inadecuado de armamento represivo y no cumplimiento de protocolos. El caso de un trabajador muerto, producto de una bomba lacrimógena que lo golpeó en la cabeza, es parte del proceso en curso.
D.- Algo que podría tender a agravar las cosas para el general director es que sabiendo, antes que se informara públicamente, que sería formalizado por la Fiscalía Centro Norte, lanzó una arremetida contra los fiscales Ximena Chong y Xavier Armendáriz, y los acusó -a través de su abogado Jorge Martínez- de “enemistad, odio o resentimiento contra la persona del general director de Carabineros y contra la institución”. Acto seguido, se pidió la inhabilitación de esos fiscales para continuar en la causa. Un hecho inédito y que podría derivar en la intromisión de Carabineros en la aplicación de justicia y el debido proceso. A eso se suma que el general Ricardo Yáñez no quiso comparecer ante la Fiscal Chong cuando fue citado y la única vez que concurrió a Fiscalía guardó silencio. Es decir, no ha dado explicaciones ni comparecido realmente ante la Justicia.
E.- En medio de todo esto se apeló al rol que pudiera asumir el Gobierno, ya que de acuerdo a las atribuciones del Presidente de la República, se le puede solicitar el cargo al general director de Carabineros, en este caso, formalizado por omisión ante delitos cometidos por uniformados bajo su mando. Hay antecedentes no del todo similares, pero que tienen que ver con la permanencia en el cargo, como cuando renunció el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, citado a declarar por el caso de fraude y otros ilícitos dentro de esa entidad castrense. Él prefirió dar un paso al costado para no comprometer en nada a su institución. En este caso todo indica que Yáñez quiere seguir, no renunciará. Y el Gobierno mantiene “cautela”, es decir, no se ve alguna decisión al corto plazo. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, expresó que “legalmente no hay impedimento” para que el jefe de Carabineros siga en el cargo y aseguró que “vamos a estar a la espera de la formalización y del conocimiento de los antecedentes que ahí se entreguen”. El ministro subrogante de Interior, Manuel Monsalve, declaró ante la prensa que “la petición de formalización no altera en nada la relación con Carabineros, por lo tanto, la instrucción del Presidente es seguir trabajando con Carabineros de Chile”, lo que tácitamente se interpretó como seguir trabajando con Yáñez. “Hay que tomarse todo esto con cautela” expresó la vocera de Gobierno, Camila Vallejo y añadió: “Queremos esperar a la audiencia. Va a primar siempre el interés que las instituciones funcionen en este caso, además con toda la intensidad que está requiriendo”. Eso sí, las cosas se complicaron cuando el abogado del general director de la policía uniformada, expresó que “yo le confieso que el día de ayer el Presidente de la República ya habló con el general Yáñez y le manifestó todo su apoyo, tanto como Presidente de la República como persona” y reforzó: “Fue una llamada de absoluto respaldo, de mucha preocupación por parte del Presidente y que él por supuesto no va a tomar ninguna decisión hasta saber de qué antecedentes se tratan y cuál sería la magnitud de la formalización”. Por cierto que eso generó reacciones y entonces el Presidente Gabriel Boric dijo ante la prensa que “esto nace a partir de una declaración del abogado del general Yáñez, que el mismo abogado se vio en el deber de desmentir” y el mandatario aseveró que “las conversaciones privadas no se comentan públicamente”. Al menos quedó claro que la llamada existió. Y el jefe del Ejecutivo insistió en la continuidad del buen trabajo con la policía uniformada aunque advirtió que “no les quepa duda que como Gobierno estamos atentos a esto”, en alusión a la formalización del general director de Carabineros. Todo indica, entonces, que el Gobierno no daría ningún paso hasta mayo, cuando se materialice la formalización del general director y se conozcan más antecedentes y más conclusiones de las acusaciones en su contra.