No es casualidad que denuncias ciudadanas de ese tenor hayan escalado en fallos y resoluciones de órganos mandatados a investigar, sancionar y fiscalizar su uso.
Nathalie Castillo. Diputada Partido Comunista. Distrito 5. 08/02/2023. Las actividades económicas del mundo campesino y rural hoy se ven gravemente perjudicadas por la escasez de agua, un recurso que hasta un par de años, veíamos con tanta lejanía la posibilidad de no disponer más de él. Sin embargo, el agua, ese bien esencial para la humanidad, los animales y los bienes naturales, hoy escasea. Chile y nuestra región de Coquimbo ven cómo el efecto de la sequía impacta negativamente la vida cotidiana de las comunidades y sus territorios.
Podemos argumentar, casi como una intervención autocomplaciente, que la sequía se debe principalmente por la baja producción de lluvias en diversos territorios del país. Podemos reforzar esa idea dando énfasis a que el cambio climático ha repercutido en el normal flujo de las aguas y nosotras como seres humanos poco y nada podemos hacer al respecto. Pero quienes nos involucramos con las comunidades que dependen de este bien para su sobrevivencia cultural, alimentaria y económica, hacemos eco a las suspicacias sobre la reducción de este recurso en sus territorios, mientras en paralelo opera la gran minería o la agroindustria.
Nosotras creemos importante centrar la crítica en quienes inescrupulosamente optan por lucrar con el agua a través de prácticas como el desvío de canales y el acaparamiento de aguas. Esto, por supuesto, en desmedro de aquellas familias que por “obligación” deben administrar diariamente este recurso y disponer lo suficiente para cocinar, bañarse, regar su cultivo y alimentar su ganado.
No es casualidad que denuncias ciudadanas de ese tenor hayan escalado en fallos y resoluciones de órganos mandatados a investigar, sancionar y fiscalizar su uso.
Por ejemplo, la Dirección General de Aguas multó a la familia Luksic por la desviación ilegal de aguas precordilleras por ¡15 años! (sí, 15 años) en la localidad de Paihuano, Valle del Elqui, región de Coquimbo. Por este fallo el holding minero y su empresa Agrícola El Cerrito S.A debió pagar $60 millones de pesos en multa porque canalizó, desvió y acumuló aguas para regar las parras de su familia. A la empresa no le importó perjudicar a los agricultores/as y el normal abastecimiento de agua potable para los habitantes del Paihuano, La Serena, Vicuña, Andacollo y Coquimbo. Sí hubiera existido una mínima preocupación no habrían instalado una bomba de agua y ¡construido un dique para acumularla!
No fue la primera ni será la última vez que particulares roben agua y priven a otros de un derecho esencial mientras no exista una norma que sancione severamente para quienes insisten con el saqueo.
Es por todas conocidas que la propuesta constitucional rechazada el 4 de septiembre contemplaba un apartado especial sobre esta área, donde reforzaba sin titubeos la urgencia de consagrar el derecho humano al agua para las comunidades y delimitar claramente las actividades extractivas que conllevara la utilización de este recurso, especialmente en zonas con profunda sequía. Pero la ciudadanía rechazó esa histórica iniciativa y volvimos al punto de partida de la Constitución de Jaime Guzmán, lo que, en lo absoluto, no nos puede frenar como parlamentarias y parlamentarios.
Así, por ejemplo, presentamos un Proyecto de Resolución que solicita al presidente Gabriel Boric aumentar de 50 a 100 litros diarios a todas las personas que viven en comunas decretadas como zonas con “escasez hídrica”. La cifra actual no da abasto, ya que es imposible que una familia cuente cada 24 horas con 50 litros para todo su quehacer humano.
El agua es un derecho fundamental inalienable y no comercializable. Claramente no todos lo piensan así porque lo consideran un recurso posible de privatizar. Según el estudio titulado “Cambio climático y uso excesivo: desafíos de los recursos hídricos durante el crecimiento en Coquimbo” la falta de agua en la región no es por el calentamiento global sino que por el consumo productivo y humano.
El panorama a ratos -por no decir casi de manera permanente- es desalentador. El 72% de la superficie del país sufre algún grado de sequía y 156 comunas (de 345) presentan riesgo de desertificación, afectando al 38% de la población, vale decir, seis millones de personas. Además, según el ranking elaborado por el World Resources Institute, Chile se ubica en la posición n°24 a nivel mundial (y primero del continente), corriendo serio riesgo profundizar su sequía para el año 2040. Asimismo, según un informe de Naciones Unidas, se estima que siete mil millones de personas en el mundo padecerán de escasez de agua para el 2050.
Los comités de Agua Potable Rural (APR) y los animales viven en carne propia esta realidad. La suspensión de las veranadas de este 2023 y la muerte del ganado así lo confirman. Pero de lamentos no revertiremos la sequía local y junto al Proyecto de Resolución, llamamos a modificar la Ley de Riego, para que ésta normativa no privilegie a la agroindustria, una de las actividades motoras y causantes de la escasez. La reforma debe ir en beneficio de la pequeña agricultura que utiliza este recurso para su sobrevivencia económica y no para erigirse como magnates del agua.
En este problema el Estado de Chile debe asumir su responsabilidad de manera seria, responsable y de forma urgente. Es de público conocimiento que para el periodo 2030-2060 la disminución de las cuencas del Aconcagua, Maipo, Rapel, Mataquito y Maule alcanzaría un 50 por ciento, y frente a eso el Estado y los privados deben aplicar soluciones.
La regulación, planificación y sostenibilidad en la materia son los principios básicos y centrales que debiera regir toda la acción del Estado. Los aporte sociales -bonos, exenciones tributarias, aplazamiento de leyes- para la pequeña agricultura sin dudas que también debe integrar la guía estratégica de paliación de los efectos de las sequía, pero ¿y la inversión pública y tecnológica que permita garantizar la eficiencia en los procesos productivos y en el consumo humano?
Reaccionar ante los problemas parece ser una cuestión de época, pero pasar a la primera línea, adelantarnos a la catástrofe hídrica, creemos puede ser la mejor alternativa ¿Cómo empezar? ¿Un acuerdo nacional que involucre a las organizaciones campesinas, a la sociedad civil en general, al Estado de Chile y el empresariado donde se zanje el cuidado y preservación de este recurso, visibilizando que si no actuamos ya nuestra existencia como especie corre peligro o al menos será paupérrima? Puede ser una opción.