Propuesta demagógica e irresponsable de algunos senadores

Compartir

La propuesta de enmienda constitucional presentada ahora por el senador Elizalde y otros cuatro senadores, entre algunos efectos negativos, invalida políticas habitacionales vigentes hoy en Chile.

Miguel Lawner (*). Santiago. 21/09/2022. El Senador Álvaro Elizalde, del Partido Socialista, junto a dos senadores de Renovación Nacional: María José Gatica y Rodrigo Galilea; con un senador de la UDI: David Sandoval y un DC: Matías Walker, ha presentado una moción ante el Parlamento, destinada a una Reforma Constitucional que consagre el Derecho a la Vivienda Propia.

La moción presentada establece lo siguiente:

El derecho a la vivienda propia, digna y adecuada. “Corresponde al Estado implementar la política nacional habitacional, que permita garantizar este derecho y entregar las condiciones necesarias para su disfrute, considerando a lo menos la conformación del núcleo familiar, localización, accesibilidad, equipamiento de la vivienda, habitabilidad y asequibilidad, acceso a los servidas básicos, entre otros criterios que pueda establecer la ley. Es deber del Estado, a través de los órganos y servidos públicos correspondientes, velar por el trábalo coordinado e intersectorial para el desarrollo y cumplimiento del derecho. Asimismo, velar por priorizar en la disponibilidad de propiedad fiscal para el cumplimiento de fines de interés social habitacional, sin desmedro de otras priorizaciones estratégicas para el uso de suelo, por parte del Estado. El Estado promoverá y desarrollará planes o programas de subsidios habitacionales u otros que permitan garantizar el acceso al derecho a la vivienda propia, digna y adecuada, en especial, a los sectores vulnerables del país”.

Acabamos de concluir el plebiscito que rechazó el texto constitucional presentado por la Convención Constitucional electa por abrumadora mayoría hace ya más de un año.

La campaña del Rechazo, utilizó majaderamente el argumento, que el texto constitucional propuesto acababa con la casa propia. Se distribuyeron decenas de miles de panfletos diseminando dicha infamia. Las mentiras llegaron a plantear que se quitaría la vivienda propia o que nadie tendría acceso a una segunda vivienda…

Nos resulta inconcebible que el senador Álvaro Elizalde, comparta esta iniciativa con quienes participaron en la que probablemente pase a la historia como la campaña más sucia llevada a cabo en la historia electoral chilena.

Elizalde está enterado que el artículo 78 del texto rechazado, garantizaba plenamente “el derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes”. Hoy día hace sociedad con parlamentarios derechistas y un demócrata cristiano para levantar una propuesta demagógica.

Tras haber transcurrido más de cuarenta años con la Constitución de 1980, sin referencia alguna al Derecho a la Vivienda, que permitió la construcción de un parque habitacional público mayoritariamente desechable, el texto aprobado por abrumadora mayoría de los Convencionales, obligaba al Estado a tomar todas las medidas para asegurar una vivienda digna y adecuada para todos los chilenos.

Dicho texto menciona expresamente la seguridad de la tenencia, cualquiera que ella sea, en propiedad, en arriendo, en comodato, cooperativa o cualquier otra futura modalidad de tenencia que los chilenos deseen darse. ¿A título de qué había que afirmar expresamente vivienda propia, excluyendo las demás opciones de tenencia?

Depende de la voluntad de los gobiernos de turno, si el énfasis en sus políticas de vivienda se pone en la propiedad privada, en comodato, en el arriendo o en la forma cooperativa. El texto constitucional que aprobó la Convención Constitucional, permitía todas las formulas. No prohíbe ninguna. Cualquier otra interpretación es de mala fe, como de hecho ocurrió en la campaña electoral.

La propuesta de enmienda constitucional presentada ahora por el senador Elizalde y otros cuatro senadores, entre algunos efectos negativos, invalida políticas habitacionales vigentes hoy en Chile. Por ejemplo: ¿qué pasaría con el subsidio de arriendo? El MINVU destina hoy sumas cuantiosas de su Presupuesto Anual al subsidio de arriendo, que entraría en pugna con la propuesta de dichos senadores, al destinar fondos fiscales a una línea de acción contraria a la vivienda propia.

El programa del actual gobierno, cuyo Ministro de la Vivienda es Carlos Montes, compañero de Partido de Elizalde, consulta durante los cuatro años de su mandato, la construcción de 240.000 viviendas, en propiedad individual o cooperativa, y otras 20.000 en la modalidad de arriendos protegidos, que no podrían materializarse, de prosperar la iniciativa ya mencionada.

¿O que ocurriría si algún gobierno resolviera propiciar la Operación Sitio, tal como la impulsó Frei Montalva? Es evidente que sería inviable constitucionalmente por no tratarse de Vivienda Propia, sino que solo de Sitio Propio.

Todas las políticas públicas de Vivienda desde la primera Ley de Habitaciones obreras dictada en 1906, pusieron el énfasis en la vivienda propia. Esto resulta obvio, en un país con un sistema de previsión social tan deficiente, que la aspiración de una casa propia, de alguna manera cumple el rol de asegurar al menos un lugar donde vivir los últimos años de vida.

Así lo han entendido todos los gobiernos desde entonces hasta ahora, incluyendo el actual gobierno. Pero la tendencia mundial es a evolucionar a otras formas de tenencia en la medida que el país se desarrolla. También por causas imprevistas, como terremotos o aluviones, que exigen alojamientos de emergencia, todos los cuales entrarían en pugna con el precepto demagógico que acaban de presentar un grupo de Senadores, quienes aparentemente habrían quedado inoculados con la campaña de mentiras levantadas por ellos mismos, a los cuales se suma el incauto Elizalde.

Por último, digamos que Elizalde también infiere un agravio injustificado a los Convencionales de su propio Partido, quienes votaron favorablemente todos los artículos del texto constitucional relacionados con el derecho a una vivienda Digna y adecuada y a una ciudad justa.

(*)Miguel Lawner, arquitecto chileno, Premio Nacional de Arquitectura 2019, director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) durante el Gobierno de Salvador Allende.