En un hecho inédito, las medidas que implementa esta administración, como recortes en el Fondo Municipal y el no pago de contribuciones en zonas socioeconómicas altas, generó un conflicto entre el gobierno y los municipios no visto en tiempos recientes.
“El Siglo”. Santiago. 7/6/2026. Este está siendo el gobierno con más problemas con los municipios porque, entre otras cosas, las diferencias y los cuestionamientos los está teniendo transversalmente, con alcaldes y alcaldesas de su sector, y de la oposición.
Como en otras áreas, el origen de la tensionada la relación con jefas y jefes comunales de todo el país, está en las medidas financieras y tributarias que está tomando la administración de José Antonio Kast. Básicamente, medidas que afectan de forma dramática y determinante los presupuestos municipales. Eso implica afectaciones en servicios clave como atención en salud, desarrollo educacional, obras públicas, seguridad ciudadana, ayudas sociales, recolección de basura.
Un botón de muestra fue la declaración a la prensa del alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), identificado con el oficialismo, quien señaló que “los alcaldes y alcaldesas rechazamos cualquier disminución de presupuesto a los municipios y, por el contrario, proponemos el fortalecimiento del Fondo Común Municipal”. En tanto, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, de la oposición, contó que habló con el Presidente Kast y le dijo que “con el 1% que se va a reducir del Fondo Común Municipal, a Puente Alto nos impacta en 1.500 millones de pesos, más o menos. Pero con la eliminación del Mepco nos han subido todos los contratos. Hoy necesito 8.000 millones de pesos para los servicios que tengo contratados para el municipio: áreas verdes, seguridad, aseo domiciliario”.
Expresión de la tensión y el disgusto desatado por el mandatario fue el episodio en La Serena, cuando el jefe del Ejecutivo llegó al Encuentro Nacional de Alcaldes de la AChM, y fue recibido con abucheos, pifias y gritos de rechazo. Kast devolvió diciendo que “no hay que engañarse, pensamos distinto políticamente”, pero la protesta no era por esas diferencias, sino por las medidas que ha tomado y que afectan a los municipios de las 346 comunas de todo el país.
Las criticadas medidas del gobierno
Un punto de controversia es la decisión de la actual administración de quitar el pago de contribuciones de la primera vivienda a mayores de 65 años que, en concreto, beneficiará fundamentalmente a propietarios de altos ingresos, mientras socavará los presupuestos municipales. Desde el gobierno se dijo que eso afectará a algunas comunas, lo que fue desmentido por alcaldes y alcaldesas. Esencialmente, habrá menos dinero para el Fondo Común Municipal, afectando servicios municipales a lo largo del país. Con la decisión del Ejecutivo, se van a dejar de recaudar 200 millones de dólares paras los municipios de todo Chile.
La exención de pago de contribuciones es parte del megaproyecto financiero y tributario que es un eje de la política del gobierno y que está quitando cientos de millones de dólares al sector público, incluidas las Municipalidades. De hecho, con recortes en sectores como Salud y Educación, a nivel estatal, se golpean servicios comunales.
En una carta de jefas y jefes municipales de la oposición dirigida al Presidente Kast, se indicó que “las contribuciones no son un arriendo, sino el mecanismo directo que hace habitables nuestras comunas: pagan la iluminación de las calles, las ambulancias, los parques y la seguridad vecinal”.
Se hizo ver que “eliminar este impuesto beneficia exclusivamente al 30% de mayor patrimonio, agravando una brecha de financiamiento per cápita que ya es de 7,9 veces entre comunas ricas y pobres”.
Sólo de acuerdo con cifras oficiales, quitar las contribuciones a un segmento de propietarios, significará, por ejemplo, que la comuna de Huechuraba dejará de recibir 379 millones de pesos, Peñalolén tendrá un recorte de mil 270 millones de pesos, La Reina de casi 3 mil millones de pesos, igual que Providencia. En Ñuñoa se dejarán de percibir 2 mil 451 millones, La Cisterna más de 168 millones, Quinta Normal 58 millones. Y así, a nivel nacional, millonarias bajas en los presupuestos de las Municipalidades. Claro que este fin de semana varios municipios adelantaron que esas cifras no son exactas y que las bajas de ingresos serían mayores.
Hace un par de semanas, alcaldesas y alcaldes de oposición llevaron un reclamo a La Moneda donde expresaron su rechazo a recortes en programas como Alimentación Escolar, la Pensión Garantizada Universal, el Subsidio Familiar, el Bono al Trabajo de la Mujer y la Atención Primaria de Salud, todo derivado del megaproyecto oficialista. Se planteó al Ejecutivo el impacto negativo en las comunas por el alza en los precios de combustibles y productos, la falta de dineros para programas municipales, la subida de precios en distintos tipos de transporte y afectaciones directas “en servicios tan sensibles como el retiro de los desechos domiciliarios, el patrullaje preventivo, la entrega de medicamentos y diversas inversiones públicas”.
Otro punto crítico con los municipios, es la propuesta que está impulsando el gobierno de modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) que, según muchas alcaldesas y muchos alcaldes, quita atribuciones municipales sobre el territorio comunal “y debilita gravemente la planificación urbana comunal”. En una carta, jefes comunales indicaron que “esta es una reforma de liberalización regulatoria del suelo que persigue la lógica de bajar costos, aumentar oferta, pero que concentra sus efectos en quienes tienen acceso a suelo 2.500 m² y capacidad de desarrollar conjuntos armónicos. Los instrumentos de planificación comunal quedan debilitados frente a la norma nacional, y se anula la contribución habilitada por la nueva Ley N°21.718 recientemente aprobada, que empodera a la planificación intercomunal y metropolitana para esta función”.
También desde las comunas se cuestiona la idea de “pausar” los traspasos de escuelas desde los municipios hacia los SLEP (Servicios Locales de Educación Pública), generando incertidumbre y atrasos y afectando a gran cantidad de alumnas y alumnos a nivel municipal. Se señaló que operar esa pausa, “agudizará más los problemas que ya existen” en materia educacional.
Las tensiones con jefas y jefes comunales se incentivaron cuando la oficina presidencial dejó de invitar o no envío las invitaciones correspondientes en forma, a varias y varios alcaldesas y alcaldes, a un encuentro citado en La Moneda por el Presidente Kast. El malestar por aquello lo expresaron varias y varios y el mandatario tuvo que pedir disculpas, pero el hecho estaba consumado y se sumaba a las deterioradas relaciones con los municipios.
Reiteración de exigencia
Este fin de semana, concluido el Encuentro Nacional de Alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades, se enfatizó el cuestionamiento a las medidas del gobierno de Kast y se sostuvo la necesidad de mantener presupuestos municipales y no disminuirlos.
En una declaración final de la reunión, se planteó que “los municipios se hacen cargo de áreas sensibles como salud primaria, aseo, seguridad ciudadana, ayudas sociales y tanto más, llegando muchas veces a dar soluciones donde el Estado central no llega, y teniendo que cumplir con labores que están desfinanciadas y, en gran parte de los casos, haciendo mucho con muy poco. Es por ello que los alcaldes y alcaldesas rechazamos cualquier disminución de presupuesto a los municipios y, por el contrario, proponemos el fortalecimiento del Fondo Común Municipal”. Un punto directo de rechazo a lo que pretende el Ejecutivo.
En el sensible tema de exención de pago de contribuciones, desde la organización de alcaldesas y alcaldes se sostuvo que “estamos de acuerdo con que se aumente el número de personas mayores de 65 años que obtengan la exención del pago de contribuciones; sin embargo, de manera mayoritaria planteamos la necesidad de que esta no sea una medida universal y que se establezcan límites”.
Y explícitamente se cuestionó el megaproyecto de la actual administración, apuntando a que se discuta una nueva ley de rentas municipales. Además, se reiteró el rechazo a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones impulsada por el Ejecutivo.
Desde el encuentro de jefas y jefes comunales se insistió en que el gobierno abra una conversación para analizar, discutir y acordar políticas municipales, colocando énfasis en garantizar la atención y servicios en salud, seguridad, educación, recolección de basura y apoyos sociales a la población.
Se espera en el ámbito municipal que el gobierno, en los próximos días, analice las posiciones de alcaldesas y alcaldes y se allane a nuevas formulaciones que permitan destrabar conflictos, bajas tensiones y encontrar salidas, sobre todo, en materia de presupuestos. Por el momento, la tensión gobierno-muncipalidades, se mantiene.