Alrededor de medio centenar de muertos ha provocado la represión contra manifestantes, en acciones policiales y de militares validadas por Dina Boluarte y ministros del Gobierno peruano. El país continúa en una situación de alta inestabilidad y extendidas manifestaciones sociales.
Agencias. Lima. 11/01/2023. Perú continúa en una situación de alta inestabilidad política y crisis social, con una táctica represiva diseñada e implementada por la administración de la presidenta designada Dina Boluarte, en medio de extendidas protestas populares en varias regiones del país.
Hasta este día se contabilizaban 47 muertos producto de la ola represiva ejercida por policías y militares. La Defensoría del Pueblo confirmó la cifra de víctimas, lo que incluye la muerte de un policía a quien le prendieron fuego, según informes de prensa.
El coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez, dijo que está en curso una investigación por delitos tipificados como “homicidio calificado y lesiones graves”.
Al mismo tiempo, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, confirmó la apertura de una investigación preliminar contra la presidenta designada, Dina Boluarte, tres ministros y dos exministros por presuntos delitos de genocidio, homicidio modificado y lesiones graves.
La Fiscalía anunció que empezó la investigación preliminar contra Boluarte por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en diciembre de 2022 y lo que va de enero en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
Las indagatorias también tienen en la mira a Otárola; los ministros del Interior, Víctor Rojas, y de Defensa, Jorge Chávez; al ex presidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo, y ex titular del Interior César Cervantes, tuiteó la Fiscalía.
En apenas cuatro semanas, desde que el expresidente Pedro Castillo fue condenado a dieciocho meses de prisión por delito de rebelión, seis de las veinticinco regiones de Perú que viven en mayor desigualdad han manifestado su rechazo a su encarcelamiento por medio de bloqueos y protestas masivas.
En las manifestaciones, así como protestas en el Congreso peruano, en espacios sociales, políticos, universitarios, sindicales, se está exigiendo la salida de Boluarte, la elección de un nuevo Congreso y la restitución de derechos democráticos.
Las últimas 18 muertes se produjeron cerca del aeropuerto de la ciudad de Juliaca, ubicada en el departamento de Puno, un epicentro de las manifestaciones. Diecisiete ataúdes vacíos, sin los cuerpos de los jóvenes fallecidos el lunes en Juliaca Puno, recibieron este miércoles el adiós público de forma simbólica por parte de una multitud que mostró su dolor y su protesta por la dura represión que acabó en una masacre en la que también murió un policía.
Desde el inicio de las protestas, grupos de derechos humanos han acusado a las fuerzas de seguridad de usar armas de fuego para hacer frente a los manifestantes, así como de lanzar bombas de humo desde helicópteros.
La crisis política, el descontento social y el alto nivel de violencia que vive en este momento Perú, a juicio de varios especialistas políticos, no deberían sorprender a nadie. En cuatro años han llegado al poder seis presidentes y se han establecido tres congresos. Los números económicos señalan al país andino como uno de los que mantiene un buen crecimiento y una baja inflación. Pero el 45% de los ciudadanos justificaría el cierre del Congreso y, después de Haití, los peruanos son los segundos más insatisfechos con la democracia. El 88% de ellos considera que los políticos son unos corruptos.
El jefe de gabinete, Alberto Otárola, defendió a las fuerzas de seguridad y las acciones represivas. Sin embargo, las autoridades recibieron el repudio de legisladores en el Congreso, que les enrostraron frases y carteles de “asesinos”.
Otárola manifestó que el Consejo de Ministros aprobó un decreto supremo que declara inmovilización social (toque de queda) en Puno por tres días, de las 20 a las 4 horas.
La Conferencia Episcopal peruana exigió al Gobierno a frenar la ola de violencia y las muertes.
En la región de Ayacucho, miles marcharon en la ciudad de Huamanga en demanda de la renuncia de Boluarte, nuevas elecciones y convocatoria a una Asamblea Constituyente. En las zonas mineras del sur, los líderes de las protestas prometieron una lucha interminable contra el gobierno, lo que amenaza con desestabilizar aún más a la nación andina.
La crítica situación que se vive en Perú, y las muertes provocadas por la represión, han provocado la repulsa de la mayoría de gobiernos latinoamericanos y europeos. El Presidente de Chile, Gabriel Boric, planteó en Twitter que “Es inaceptable y doloroso ver la cantidad de personas que han muerto en enfrentamientos con la policía en el sur del Perú. El Estado debe siempre resguardar y respetar los DD.HH. Nuestro apoyo a la @CIDHque visitará el país para ver la grave situación”.