La precaria inquilina de Palacio de Gobierno, ha amenazado con descaro a toda la población, a propósito de la movilización popular programada para julio. Muy suelta de huesos, ha optado por preguntarle a la gente qué es lo que quiere. ¿Más muertos? En idéntica línea el titular del Interior también se refirió al tema y dijo más o menos textualmente: “Si quieren protestar, protesten; nosotros ya sabemos cómo debemos responder”.
Gustavo Espinoza M. Periodista. Lima. 26/7/2023. No cabe duda que el régimen actual comete errores cada día. Ellos se grafican en las declaraciones cotidianas de Dina Boluarte y sus voceros, en las resoluciones del Congreso de la República, la conducta del Poder Judicial, las decisiones del Tribunal Constitucional, el comportamiento del Ministerio Público y las acciones de la “Prensa Grande”. Todos ellos suman una sola voluntad que despierta la ira de los peruanos.
En los últimos días han ocurrido nuevos hechos francamente deplorables. La precaria inquilina de Palacio de Gobierno, ha amenazado con descaro a toda la población, a propósito de la movilización popular programada para julio. Muy suelta de huesos, ha optado por preguntarle a la gente qué es lo que quiere. ¿Más muertos?
En idéntica línea el titular del Interior también se refirió al tema y dijo más o menos textualmente: “Si quieren protestar, protesten; nosotros ya sabemos cómo debemos responder”.
En otras palabras, la opinión del Ejecutivo es clara. Si ya hubo 70 muertos en la primera etapa de la protesta; ahora habrá más. Solo les faltó decir a estos personajes de opereta que la voluntad del Ejecutivo es simplemente sumar muertos.
Estas declaraciones no solo constituyen una advertencia. Son, sobre todo, una amenaza que tiene fundamento. El régimen no solo cuenta con la experiencia acumulada en algo más de seis meses de gestión; sino también -por si fuera necesario- con la ayuda del Ejército de otro país. Los soldados yanquis, llegados recientemente a nuestro suelo, ya estarán “operativos” para la fecha en la que está programa la protesta.
En ese mismo marco, el Congreso de la República hace de las suyas. Procediendo de manera anticonstitucional, resolvió que la mandataria de hoy, gobierne a distancia y que se valga de los medios electrónicos para ejecutar sus acciones. Por eso, le ha asegurado a Dina Boluarte el “derecho” a retener los resortes del Poder estando en el extranjero.
Es esta una decisión contraria al texto de Carta Magna, que no por capricho señala cuál es la sede del gobierno, y contraviene también la práctica completa que señala -cada vez que se dicta una disposición de gobierno indica “dado en la casa de gobierno”. Para los detentadores del Poder, la “casa de gobierno” es una herramienta portátil y como tal, se puede trasladar de un confín a otro.
El Congreso, adicionalmente, ha destituido e inhabilitado a una fiscal suprema por la simple razón de que ella no actuó como ambicionan los hoy ocupantes de la sede Congresal.
En realidad la sanción contra Zoraida Ávalos es un ataque abierto al Ministerio Público y tiene el carácter de una venganza. La írrita mayoría parlamentaria no le perdona el haber dispuesto acciones contra gentes de la Mafia, como el fiscal Chavarrí. Adicionalmente, es una advertencia, una manera de decirles a otros fiscales que también podrán ser victimados de igual modo.
En este marco, resulta deplorable que las votaciones recientes “sumen coincidencias”. No solo las bancadas de la ultraderecha aportaron sus votos, si no también -con honrosas excepciones- lo hizo “Perú Libre” y algunos representantes del “Bloque Magisterial”. Sin los votos de ellos, no habría sido posible aprobar las disposiciones señaladas.
En el esfuerzo por construir una precaria “mayoría parlamentaria”, se manipuló también a los congresistas “vulnerables”. Los “niños”, los mocha sueldos y otros acusados por cualquiera de sus acciones, entregaron sus votos, a cambio que no les pase nada. Dicho de otro modo, hicieron un trueque para “salvarse”. Estas decisiones, además de muchas otras, pintan de cuerpo entero a quienes integran hoy el Poder Legislativo. Actúan como si tuvieran un garrote en la mano y lo usan como permanente amenaza.
El Poder judicial, no se queda atrás. No solo “convalidó” la ilegal detención y destitución de Pedro Castillo; si no que además le “echó el guante” a Betsy Chávez. También esa fue una advertencia. Una manera de decir: “acá nadie está a salvo”.
El Ministerio Público juega su propia carrera. Pero lo hace a la sombra de los tres poderes anteriores, sometidos al control de la derecha más reaccionaria. Conducta similar observa el Tribunal Constitucional, que fuera elegido por una suma de votos procedente de las bancadas de la extrema derecha y la adhesión, también de “Perú Libre”.
Todas estas acciones, tras las cuales asoma el perfil de la Keiko, son saludadas por la “Prensa Grande” que se empeña en respaldar no lo que le interesa al país, sino a ella misma y sus aliados. Es por cierto una manera de consolidar un bloque que garantice la capacidad operativa de la clase dominante.
La ciudadanía rechaza categóricamente todo esto. Por eso, la aceptación de Dina Boluarte registra un nuevo descenso y el Congreso de la República cae apenas al 6%.
Es claro, entonces que a éste aquelarre reaccionario, el pueblo lo detesta.