Saltan a la mesa, pero no están muy a la vista.
Hugo Guzmán. Periodista. Santiago. 11/8/2023. 1.-Leyes y proyectos que involucran más de 9 mil millones de dólares para planes sociales y territoriales, respaldos para decenas de comunas de todo el país, tipificar y sancionar delitos recurrentes como las colusiones e irregularidades de grandes empresas, la constatación de una importante reducción en la cifra de pobreza nacional, junto a concreción de avances de políticas públicas, son buenas noticias que saltan a la mesa pero que no siempre están muy a la vista.
2.-Claro, situaciones de alto impacto, controversiales y confusas como el “caso convenios” (con 37 fundaciones indagadas, más de una decena de entidades del Estado involucradas, con unos 13 mil millones de pesos comprometidos), y la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson, más las mediáticas trifulcas en los pasillos de la política, se ganan el escenario comunicacional e invisibilizan buenas noticias que junto con beneficiar a millones de chilenas y chilenas. A las malas noticias, por lo demás, se suman actitudes de antropofagia en el campo del oficialismo y de obstrucción en el campo opositor que complica más las cosas. Es cuestión de revisar las vocerías y acciones de la última semana. Lo que, por cierto, incluye debates en torno a malas gestiones, malas prácticas, errores comunicacionales y deficiencias del oficialismo, junto a una clara ofensiva política de la oposición con un golpeteo fuerte al Gobierno.
3.-Como sea, no parece despreciable que en los últimos días se hayan promulgado dos leyes de impacto social, territorial, probidad y anticorrupción. Una es la del royalty minero y la otra de delitos económicos. Con la primera se recaudarán mil 350 millones de dólares que permitirán apoyar planes en varias regiones y decenas de comunas. Se explicó, por ejemplo, que habrá 225 millones de dólares para el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, 55 millones de dólares para el Fondo Comunas Mineras (beneficio directo a 32 comunas), 170 millones de dólares para el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial (302 comunas beneficiadas) y recursos para otras políticas públicas. Las tasas tributarias para grandes empresas de la minería quedaron entre 8 y 26 por ciento dependiendo del margen operacional, con una carga tributaria tope de 46.5% para operaciones entre 50 mil y 80 mil toneladas. Este royalty minero se venía promoviendo hace muchos años y ahora se concretó. En cuanto a la segunda ley promulgada, se trata de la de tipificación y sanciones por delitos económicos y medioambientales, que apunta a la evasión, la colusión, la corrupción, las irregularidades y el incumplimiento de normas, protocolos y de la legislación vigente. Es, en concreto, atacar los llamados “delitos de cuello y corbata” y apunta a castigar a grandes empresas, directivos inescrupulosos y grupos financieros que evaden la ley y provocan daño a la población. Basta recordar los conocidos casos de colusión en los precios, organizada por consorcios de farmacias y pollos entre otros. El Presidente Gabriel Boric hizo referencia a que “por muchos años la ciudadanía ha visto con impotencia cómo los llamados delitos de cuello y corbata suelen recibir castigos menores que otros delitos, aun cuando involucran grandes sumas de dinero”. En esa línea, esta ley apunta a descartar que haya “justicia para ricos y otra justica para los pobres”. La nueva legislación apunta a sancionar el daño causado en materia económica y medioambiental por poderes financieros, y castigar prácticas como cambios unilaterales de contratos, donaciones ilegales a la política y a campañas políticas, actos de colusión y evasión. Es sintomático que frente a esa nueva ley, se hayan opuesto agresivamente la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC) y la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), precisamente representantes del gran empresariado, de directorios empresariales y de grupos financieros.
4.-Es una noticia en desarrollo, pero se debería tener en cuenta el alcance social y de beneficio para amplias capas de la población que contiene el pacto fiscal propuesto por el Gobierno y que permitirá captar 8 mil millones de dólares para políticas públicas. Más allá de tecnicismos, que poco le importan a muchísima gente sino los efectos, la posibilidad de captar esos recursos significa aumentar la PGU a 250 mil pesos mensuales, lograr aumento de las pensiones, tener mil 500 millones de dólares para el combate a la delincuencia, crear un fondo para Salas Cunas y reducir las listas de espera en el sistema de salud. Es cierto que comenzó el debate de este pacto fiscal con una postura muy dura de la derecha y el rechazo inicial de sectores financieros y empresariales, que hay aspectos técnicos y de concreción en cuestionamiento/discusión, pero es constatable un esfuerzo para captar recursos después de que la oposición cerrara la puerta siquiera a la idea de legislar una reforma tributaria.
5.-Siempre en la economía y las políticas públicas habrá polémicas, visiones encontradas, contrapropuestas, iniciativas alternativas, pero que hubo noticias positivas parece innegable en base a los datos y antecedentes. Se sumó la cifra entregada por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) de baja del índice de pobreza de 10.8% a 6,5%, la decisión de no aplicar el alza de la tarifa de invierno en la luz, nuevos proyectos habitacionales como el de Renca, el avance en el proyecto de la Línea 9 del Metro, la promulgación de la ley del denunciante parea uso de funcionarios públicos que detecten situaciones de corrupción, y los apoyos conocidos a través de bonos y ayudas a los sectores más vulnerables. Hay cuestionamientos de fondo, como que no se puede concentrar todo en políticas de focalización o acotadas a los segmentos más pobres, y avanzar hacia respuestas más estructurales. Hay quienes exigen mayores y mejores avances en las políticas sociales. Ante lo cual persisten las posturas de mayor irradiación de tesis de mercado, mejores condiciones para el empresariado y el sector privado, defensa de la industria privada en pensiones y salud, no aumento de tributación, e insisten, de hecho, en la tesis “del chorreo”. Un marco en el que continúan activándose leyes y proyectos de incidencia social y territorial.