El mea culpa que los empresarios hicieron las tres semanas posteriores al estallido social quedó en nada. Los desfiles por matinales y los litros de tinta gastados en columnas, editoriales y notas de prensa, se esfumaron. Del “no lo vimos venir”, pasaron al “aquí no ha pasado nada”. Los puntos del paquetazo empresarial.
Jean Flores Quintana. Cientista Político. 4/1/2024. El día martes 2 de enero, El Mercurio sacó en portada -y en exclusiva- el paquete de medidas económicas propuestas por las principales agrupaciones de la clase patronal, a saber, la Confederación de la Producción y el Comercio, y la Sociedad de Fomento Fabril.
Tales medidas son una señal, a modo de respuesta, de la postura que tendrá el sector privado durante el año 2024 en materia de redistribución económica.
Ya en junio del 2023, tras fracaso en el congreso de la reforma tributaria en marzo, y la propuesta de pacto fiscal que se les presentó en el Ministerio de Hacienda, sostuvieron: “Estimamos que recaudar por la vía de alzas tributarias o nuevos impuestos no es el camino adecuado, pues ello impide que Chile recupere su capacidad de crecer, de crear mejores condiciones para la inversión y de generar empleos formales y de calidad, elementos esenciales para satisfacer de manera sostenible las demandas de la sociedad”.
El mea culpa que los empresarios hicieron las tres semanas posteriores al estallido social quedó en nada. Los desfiles por matinales y los litros de tinta gastados en columnas, editoriales y notas de prensa, se esfumaron. Del “no lo vimos venir”, pasaron al “aquí no ha pasado nada”.
Amplio consenso se había alcanzado en aquella idea del “nuevo trato social”, uno donde, por ejemplo, las riquezas que se producen en el país sean redistribuidas en forma de políticas sociales que beneficien a los sectores más necesitados.
Sin embargo, a todo ello se le viene cerrando la puerta desde la campaña del terror y mentiras con que se impuso el rechazo en el primer plebiscito constitucional.
En lo central, en el documento titulado “Agenda pro Crecimiento y de Convergencia Tributaria: Propuesta alternativa de los gremios empresariales al Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal”, buscan pagar menos impuestos -del 27% al 23%- y meter mano a la feble institucionalidad ambiental para agilizar la tramitación de mega proyectos. Así lo expresan:
“Nuestra propuesta de convergencia tributaria combina una reducción al impuesto de primera categoría al 23% (prácticamente el promedio de la tasa de impuesto corporativo en los países OCDE), sumado a una tasa marginal combinada máxima a las rentas del capital de 35%. Esto sería un importante incentivo a nuevas inversiones, pues reduce de manera relevante la carga máxima que enfrentaría una empresa o inversionista que se embarque en un nuevo proyecto de inversión en Chile o en el extranjero desde Chile. Esta propuesta tributaria es un factor determinante para reimpulsar el crecimiento económico.
Además, proponemos un conjunto de 30 medidas sectoriales, que no implican grandes alzas de gasto público y que son en su mayoría administrativas o de fácil despacho legal. Estas propuestas constituyen un incentivo a la inversión, el empleo y la productividad”.
Dentro de este paquetazo, destacan las siguientes propuestas; Reducir los tiempos de tramitación de proyectos para la obtención de una RCA; Limitar el alcance de materias objeto de la evaluación ambiental; Incorporar el concepto de flexibilidad en la interpretación de la vida útil de los proyectos; Ampliar la definición de empresa mediana a 1.000.000 UF de venta anual efectiva para construir un nuevo destinatario de políticas públicas de fomento productivo; Mantener para las concesiones de acuicultura existentes en áreas protegidas las actuales condiciones de operación y tramitación, entre otras 25 medidas que buscan profundizar el sistema de chorreo; pagando menos impuestos y salarios, y explotando la mayor cantidad de recursos naturales que se pueda.
La primera respuesta del Gobierno, ante esta bravata del empresariado, estuvo a cargo de la Ministra Vocera, Camila Vallejo, quien contestó: “Quienes tienen que pagar el aumento de la Pensión Garantizada Universal a 250 mil pesos son la gente de más altos ingresos. O la gente que hoy día, teniendo altos ingresos, hace elusión tributaria y no paga sus impuestos. Empresas, empresarios o gente de alta renta. Cuando hablamos de justicia tributaria tiene que ver con esto. El esfuerzo tiene que estar en que quienes realmente tienen más, puedan aportar más para financiar políticas permanentes”.
Desde esta semana, en lo sucesivo de este primer semestre se proyecta una nueva tensión entre el ejecutivo y la oposición en torno a lo tributario. Los voceros de la clase patronal en el Congreso utilizarán toda clase de artimañas para trabar la discusión sobre el pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal presentado por el Ministerio de Hacienda, Mario Marcel, el 21 de diciembre pasado, y por cierto, la derecha mediática se pondrá en disposición de defensa de sus intereses. Reflotarán una y otras vez los casos político-judiciales que involucran a gente del Gobierno, o cercana al oficialismo, mientras que ocultan tras alfombras y cortinas de humo el fraude del siglo que involucra a 55 empresarios, y los casos Luis Hermosilla, Cathy Barriga, Raúl Torrealba, Virginia Reginato, por mencionar solo los más recientes.
La derecha política, económica y mediática durante toda nuestra historia ha evitado pagar lo justo a los trabajadores y trabajadoras, contribuir con el crecimiento integral del país por la vía de los impuestos e invertir más en la línea del desarrollo sustentable. Nada ha sido regalado por los poderosos, todos los derechos han sido conquistas populares.