Luis Echeverría se consideró amigo de Salvador Allende, recibió a su familia y a miles de exiliados después del golpe de Estado de 1973, al tiempo que era señalado como gestor político de la masacre de Tlatelolco y terminó acusado de genocidio.
Hugo Guzmán. Periodista. Santiago. 10/07/2022. Nadie podría discutir la solidaridad del ex presidente mexicano Luis Echeverría con el pueblo chileno y particularmente con la familia de Salvador Allende. Como también, pocos se atreven a negar que Echeverría tuvo responsabilidad política en la masacre de estudiantes en Tlatelolco, en 1968, y en la matanza de jóvenes en junio de 1971, y fue artífice de una política represiva contra movimientos políticos e insurgentes que terminó en miles de desaparecidos, ejecutados, torturados, encarcelados y perseguidos en México.
Echeverría acaba de fallecer a los 100 años de edad. Un hombre que repudió las dictaduras militares en América Latina, rompió relaciones diplomáticas con la dictadura cívico-militar de Chile, dio asilo y protección a miles de latinoamericanos, apoyó a Cuba y fue amigo político de Fidel Castro y respaldó movimientos populares y antidictatoriales en la región.
Fue, al mismo tiempo, acusado y despreciado en su país por sus labores como secretario de Gobernación (Interior) y Presidente, y las afectaciones a los derechos humanos que protagonizó desde esos cargos. Señalado como responsable de crímenes de lesa humanidad, genocidio, y ser promotor de grupos paramilitares y de acciones represivas de agentes del Estado.
Posiblemente, Luis Echeverría sintetiza lo que fue en algún momento el Partido Revolucionario Institucional (PRI), su partido: progresista y solidario hacia afuera, autoritario y represor hacia adentro.
Hoy muchas y muchos chilenos exiliados rinden homenaje al ex presidente -tienen sus razones concretas-, y llegan a reconocer “complejidades”, “matices”, “claroscuros” o “diferencias” respecto a su gestión. Pero fue y es más que eso.
El Comité 68 (organización de víctimas de la represión de Tlatelolco, que dejó alrededor de 300 estudiantes asesinados el 2 de octubre de 1968), el Comité Eureka (madres de detenidos desaparecidos) y varias organizaciones mexicanas de derechos humanos, ante la muerte del ex mandatario, se manifestaron y expresaron: “2 de octubre no se olvida. Es de lucha combativa, Ni perdón ni olvido”. “Castigo a los asesinos”. “Echeverría, asesino, la impunidad no es tu destino”.
No se trata de “diferencias” o “matices” respecto a su gestión. Echeverría fue investigado y procesado por tribunales internacionales y mexicanos y tuvo orden de arresto domiciliario alrededor de tres años, con muchas posibilidades de ser condenado como genocida y autor de crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, tramitaciones judiciales, enredos en instancias judiciales, presiones políticas y burocracia, no terminaron con el proceso y el ex presidente no fue a prisión, pese a consistentes pruebas respecto a su actuar represivo. Como sea, nunca fue exonerado de los cargos, nunca fue liberado judicialmente de las responsabilidades que se le imputaron.
Involucrado en asesinatos y operaciones represivas
Según la documentación formal, investigaciones judiciales, antecedentes en manos de abogados, los registros y testimonios de las organizaciones de derechos humanos y estudiantiles y averiguaciones legislativas, Luis Echeverría, principalmente como secretario de Gobernación y luego como Presidente, ordenó y avaló acciones represivas, como la de policías y militares en la Plaza de las Tres Culturales, la zona de Tlatelolco en la Ciudad de México, ataques y agresiones a estudiantes en la Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la organización y actuación de “grupos de porros” (agresores), y de las paramilitares y parapoliciales Brigada Blanca y Los Halcones, y jugó un papel en el “halconazo” de junio de 1971, en que el grupo parapolicial y paramilitar de Los Halcones asesinó a unos 225 jóvenes estudiantes.
Eran tiempos en que los gobiernos del PRI tenían ilegalizados a los partidos de izquierda, entre ellos el Partido Comunista mexicano, y desarrollaban una cruenta actividad en contra de organizaciones populares y grupos guerrilleros. Suman varios miles los desaparecidos, ejecutados, encarcelados y perseguidos.
Al mismo tiempo, esos gobiernos, y específicamente el de Luis Echeverría, mantenían una postura regional e internacional de repudio a las dictaduras y condenas a las violaciones a los derechos humanos (inclusive en Naciones Unidas). Rompieron relaciones o vínculos estrechos con países donde había dictaduras y dieron refugio a miles de latinoamericanos, generando incluso condiciones financieras y logísticas para sus espacios de solidaridad en el territorio mexicano (Echeverría apoyó la creación de la Casa de Chile en México, centro de actividad del exilio chileno). Las relaciones con Cuba y con Fidel Castro eran óptimas. Durante los últimos años del mandato de Echeverría y los primeros años de su sucesor, José López Portillo, hubo respaldo a los sandinistas en Nicaragua y a la guerrilla salvadoreña.
Paralelamente, Echeverría, al igual que otros altos funcionarios mexicanos, reprimía a la izquierda, los movimientos populares, los grupos guerrilleros, a los activistas culturales, al interior de su país. Funcionaban grupos represivos que asesinaban, desaparecían y torturaban a mexicanas y mexicanos.
“Buscábamos no hablar con los chilenos”
Un testimonio sensible y gráfico de esto se lo dio al autor de esta nota, la lideresa de la lucha por los derechos humanos en México, doña Rosario Ibarra, madre de un joven detenido desparecido. En entrevista, ella señaló que “la fachada gubernamental al exterior era tremenda, un engaño, era el fraude llevado a la máxima expresión. Echeverría, por ejemplo, rompía relaciones con la España de (Francisco) Franco y con (Augusto) Pinochet. Se hacía amigo de Fidel Castro y asilaba chilenos, argentinos, uruguayos”.
Y remarcó: “Lo de Chile fue para nosotros muy difícil. Creo que los chilenos se daban cuenta de lo que pasaba aquí. Pero uno de los Artículos de la ley de México es el 33, de expulsión del país. Para los chilenos era terrible denunciar lo que hacía el Gobierno mexicano porque les aplicaban el 33. Nosotros lo entendíamos porque si los mandaban a Chile era muerte segura”.
Se trataba de buscar la solidaridad de grupos del exilio chileno y de partidos de la izquierda chilena con el pueblo mexicano, pero no se recibía una vuelta de mano a toda la solidaridad que daban mexicanas y mexicanos al pueblo chileno.
Doña Rosario contó: “Por eso buscábamos no hablar con los chilenos, no verlos. En una ocasión vino Clodomiro Almeyda. Lo busqué a escondidas, en la sede del Partido Comunista, y hablé muy poquito con él. Era poco lo que podía hacer. Ni modo que le fueran a decir a Echeverría que soltara a los desaparecidos”.
Lo cierto es que durante muchísimos años, pese a toda la solidaridad y el apoyo del pueblo mexicano al pueblo chileno y específicamente a los miles de exiliados, la solidaridad de chilenas y chilenos con el pueblo mexicano, con las víctimas de la represión, con los ejecutados políticos y los detenidos desaparecidos, fue escasa y casi no hay registros de aquello. Sobre todo de los partidos políticos chilenos. La solidaridad con los derechos humanos en México siempre fue esquiva desde Chile.
Doña Rosario Ibarra sólo rescató en aquella entrevista el respaldo y amistad de Sola Sierra, de Viviana Díaz y de las mujeres de las agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos.
Repudio al ex presidente
Conocido el fallecimiento de Luis Echeverría, decenas de personas del Comité 68, fueron al Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, a expresar su protesta y reclamar justicia para los casos de desapariciones y ejecuciones políticas. Se volvió a repudiar “la guerra sucia” desatada durante los sesenta y setenta en México.
“Pese a la política represiva y la impunidad sostenida hasta el presente, logramos que se abriera un proceso penal contra Echeverría y otros responsables en la Suprema Corte de Justicia, que reconoció la comisión del delito de genocidio”, indicaron voceros del grupo de derechos humanos y memoria.
En estas horas se recuerda que Luis Echeverría hizo en 1975 una visita a la UNAM y tuvo que salir literalmente corriente ante la protesta de los estudiantes universitarios que lo consideraban un represor, y recibió un piedrazo que le produjo una herida leve en la frente.
En varias oportunidades siendo jefe del Ejecutivo y ya retirado, al llegar a algún lugar público recibía pifias o consignas de derechos humanos, exigiendo su encarcelamiento.
En 2005, integrantes del Comité 68 presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se investigara y se conociera el caso de Echeverría, y se acusó al Estado mexicano de negar sistemáticamente justicia en ese caso.
Durante el sexenio presidencial de Echeverría, se sitúa en alrededor de 400 las personas desaparecidas y posiblemente ejecutadas, y se denuncia la existencia de bandas paramilitares destinadas a reprimir a gente de izquierda, guerrilleros e integrantes del movimiento social.