El oficialismo, el empresariado y los super ricos celebran: bajan de 27 a 23 por ciento los impuestos para grandes empresas, se instaló la invariabilidad tributaria por un plazo de 25 años que beneficia a grandes financistas, y a millonarios se les quitó el pago de contribuciones. La jefa de la bancada legislativa PC-Independientes, Daniela Serrano, declaró: “Lo dijimos desde un principio, este no es un proyecto de reconstrucción nacional, es un proyecto que consagra los privilegios de los más ricos de este país”. “Esta es una ley que representa un saqueo del Estado en tanto perjudica la salud pública, perjudica a la educación, significa privar a la gente de sus derechos por la vía de la rebaja de impuestos”, indicó el diputado Luis Cuello. La legisladora Ana María Gazmuri declaró que “esperamos que el Senado revierta este proyecto porque Chile necesita una reforma tributaria que reduzca desigualdades”.
“El Siglo”. Valparaíso. 20/5/2026. Malas noticias para Chile se dijo desde el mundo progresista y de izquierda. Buen resultado para la derecha, la extrema derecha y el gran empresariado. Son las primeras reacciones frente a la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del megaproyecto financiero y tributario presentado por el gobierno, como un eje de su gestión.
Lo principal para la administración de José Antonio Kast, su sector ideológico y los gremios patronales y grandes consorcios, es que se aprobó bajar el impuesto a los super ricos y a las grandes empresas de 27 a 23 por ciento, lo que, de inicio, les generará ganancias por arriba de mil millones de dólares en un año.
Entre los logros aplaudidos por el oficialismo y el sector privado está la eliminación del pago de contribuciones para propietarios mayores de 65 años respecto de su primera vivienda, la invariabilidad tributaria por un plazo de 25 años para determinadas inversiones (lo que no podría ser modificado en el futuro), y la reintegración del sistema tributario, que permitirá, hacia 2031, que los contribuyentes descuenten el 100% de los impuestos pagados por sus empresas de sus tributos personales.
Después de la aprobación en la Cámara Baja, pasará al Senado, donde el resultado de la votación es incierto. El día de hoy el megaproyecto se aprobó con 87 votos a favor, 65 en contra y dos abstenciones.
La jefa de la bancada legislativa del Partido Comunista e Independientes, Daniela Serrano, declaró que “lo dijimos desde un principio, este no es un proyecto de reconstrucción nacional, es un proyecto que consagra los privilegios de los más ricos de este país”.
Añadió que “lamentablemente la noticia que hoy día le tenemos que dar a todos quienes nos están escuchando es que hoy empezó el plan de desestabilización de nuestro país, empezó el plan de desmantelamiento del Estado”.
“La derecha aplaude y celebra beneficios para sus bolsillos y los de sus amigos, amarrando al país por décadas. Chile merece más”, afirmó Daniela Serrano.
La diputada del Partido Comunista (PC) expuso que “se aprueba la invariabilidad tributaria por 25 años: 6 gobiernos y 6 legislaturas sin poder modificar la carga tributaria”. Por eso, indició, “como bancada de diputados PC e independientes realizamos reserva de constitucionalidad”.
Como ahora el megaproyecto pasa al Senado, la legisladora señaló: “Acá la ciudadanía tiene que preguntarles a sus senadores si están dispuestos a ser cómplices de este gobierno o están dispuestos hoy día a seguir garantizando prestaciones de salud, a garantizar la educación gratuita y sobre todo garantizar el acceso para que todos y todas las familias de nuestro país puedan vivir tranquilamente”.
La subjefa de la bancada PC-Independientes, Ana María Gazmuri, señaló que “hoy es un día triste para Chile. La megarreforma aprobada es un atentado a la democracia, porque impide que las mayorías futuras puedan decidir soberanamente sobre la política fiscal del país. Se profundizan beneficios para grandes empresas mientras se debilita la justicia ambiental, avanzando en la dirección contraria al Acuerdo de Escazú.”
“Aun cuando este proyecto fue aprobado, seguimos convencidos de que esta es una reforma profundamente nefasta para el país” dijo la legisladora.
Añadió que “la rebaja del impuesto corporativo significa menos recursos permanentes para financiar derechos sociales, debilitando la capacidad del Estado para responder a las necesidades de las familias chilenas, mientras las grandes empresas son nuevamente las principales beneficiadas”.
Gazmuri advirtió: “Grave también es la invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones extranjeras, porque amarra a futuras generaciones y limita la soberanía democrática para adecuar la política tributaria a los desafíos económicos, sociales y ambientales del país. Se establecen verdaderos candados que privilegian certezas para grandes capitales por sobre la capacidad del Estado de responder a las necesidades ciudadanas.”
La legisladora enfatizó que “esta reforma además afecta la participación ciudadana y debilita los estándares de justicia ambiental, reduciendo espacios de incidencia de las comunidades en decisiones que impactan directamente sus territorios. Se avanza en flexibilizar procesos ambientales cuando lo que Chile necesita es fortalecer la confianza pública, la transparencia y la protección de las comunidades”.
Y explicó: “A esto se suma la disminución del Fondo Común Municipal, afectando directamente a las comunas con menos recursos y debilitando la capacidad de los municipios para financiar servicios esenciales. También se incorporan medidas regresivas como nuevas exenciones de IVA a viviendas y beneficios tributarios para la tercera vivienda, favoreciendo nuevamente la acumulación patrimonial y los sectores de mayores ingresos en lugar de enfrentar la crisis habitacional con foco en quienes más lo necesitan.”
Como el megaproyecto ahora va al Senado, manifestó que “esperamos que el Senado revierta este proyecto porque Chile necesita una reforma tributaria que reduzca desigualdades, fortalezca la justicia territorial y ambiental, y entregue más herramientas para financiar derechos sociales, no una legislación diseñada para consolidar privilegios y limitar las decisiones democráticas del futuro”.
En tanto, el diputado Luis Cuello (PC) opinó que la aprobación del proyecto de Kast es “un regalo tributario” para las grandes fortunas y cuestionó que ministros de Estado “no hayan transparentado cuánto van a recibir producto de esta ley”, acusando además un eventual impacto sobre el principio de probidad.
“Hoy es un día para la infamia. La Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado una reforma tributaria que es una ley de súper ricos. Una ley que beneficia al 1% de la población, que beneficia también a ministros de Estado, que no han sido capaces de transparentar cuánto van a recibir producto de esta ley”, afirmó Cuello.
Asimismo, el diputado advirtió que la reforma tendrá efectos estructurales sobre la salud pública, la educación y programas sociales, acusando que las rebajas tributarias se compensarán con recortes y desfinanciamiento de derechos sociales.
“Esta es una ley que representa un saqueo del Estado en tanto perjudica la salud pública, perjudica a la educación, significa privar a la gente de sus derechos por la vía de la rebaja de impuestos”, señaló el legislador.