Las medidas y proyectos del actual gobierno están provocando convocatorias de organizaciones como la CUT, ANEF, CONFECH, FENATS, Colegio de Profesores y colectivos feministas, de derechos humanos, poblacionales y regionales.
Gonzalo Magueda. Periodista. «El Siglo». Santiago. 28/6/2026. Al menos una decena de sectores sociales están en alerta y movilizados ante las medidas económicas y administrativas que está tomando y quiere tomar el actual gobierno.
Entre ellas están el magisterio, los trabajadores del sector salud, los estudiantes secundarios y universitarios, los colectivos de derechos humanos, pobladores, organizaciones feministas y empleados fiscales.
Las inquietudes surgen del impacto del megaproyecto financiero y tributario, recortes presupuestarios, eliminación de ministerios y organismos estatales, priorizaciones por el sector empresarial y financiero, por objetivos macro económicos y ajuste fiscal, así como iniciativas coercitivas.
Así, por ejemplo, en el sector estudiantil hay preocupación -y rechazo- ante el acotamiento de la gratuidad universitaria, la baja de presupuesto en educación y a las universidades, y leyes como «escuela protegida» y de registro de vándalos e incivilidades. Hay un explícito rechazo a los embargos a los deudores del CAE (Crédito con Aval del Estado). Distintas organizaciones de estudiantes secundarios y la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), que reúne federaciones universitarias de todo el país están en disposición movilizadora.
El Colegio de Profesores, la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (ANDIME), la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud y la COFUSAM (Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de Servicios de Salud Municipales) entre otras organizaciones del sector salud, están movilizados por amenazas a sus condiciones laborales y servicios y anunciadas bajas presupuestarias que pueden precarizar la educación y salud públicas. Se preveen problemas en la atención primaria y con la «pausa» en la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). La reducción de personal y dificultades presupuestarias tienen en alerta a los gremios de educación y salud.
Los colectivos de derechos humanos vieron la eliminación del Programa de DDHH para los próximos años, reducción de recursos para museos y Sitios de Memoria, y tienen dudas e inquietudes respecto a la continuidad y eficacia del Plan Nacional de Búsqueda de más de mil 400 detenidos desaparecidos. Está instalada la preocupación real que tenga la administración de José Antonio Kast de promover los DDHH. Generó críticas y protestas la decisión del gobierno de volver a tener el penal de Punta Peuco para uso exclusivo de condenados como violadores de derechos humanos y autores de crímenes de lesa humanidad. En este cuadro radica la posibilidad de futuras movilizaciones.
En el ámbito de los empleados fiscales crecen las inquietudes y molestias por despidos, bajas presupuestarias y los efectos negativos qué generaría la eliminación de ministerios y otros organismos estatales. Eso no sólo por el despido de cientos de funcionarios, sino la eliminación de políticas públicas y planes sociales y el llamado «achicamiento» del Estado chileno. En esa línea hay un seguimiento y posibilidad de movilizaciones desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
Políticas conservadoras, reducciones presupuestarias, eliminación y acotamiento de planes, desde carteras de la Mujer y la Equidad de Género, Vivienda y Urbanismo, Trabajo y Previsión Social, Culturas y Patrimonio, tienen en alerta a colectivos feministas, pobladores, el mundo de la cultura y trabajadoras y trabajadores.
La leve alza del salario mínimo, la flexibilización en la implementación de la ley de 40 horas, la eliminación del proyecto de negociación ramal, las dificultades en torno del proyecto de Sala Cuna, el alza en el costo de la vida, son parte de las tensiones.