Se trata de frenar una de las últimas jugadas del Presidente Sebastián Piñera para satisfacer a consorcios privados. Quedan semanas para definir explotación de un mineral estratégico del país. Desde el equipo del presidente electo, Giorgio Jackson y Camila Vallejo expresaron que “es prudente que este proceso de adjudicación se postergue” y que “las bases sobre las cuales se ha conformado este proceso de económicamente perjudican a Chile”. Bancada parlamentaria del PPD presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para frenar la operación gatillada desde La Moneda. Detalles del plan del Gobierno. Se preparan movilizaciones en todo el país contra la licitación del “oro blanco” chileno.
Equipo “El Siglo”. Santiago. 04/01/2021. Desde distintos sectores se denuncia en estos días como escandalosa, sospechosa, inadecuada y apresurada la licitación del litio iniciada por el Presidente Sebastián Piñera para satisfacer a consorcios privados y que sería una de sus últimas jugadas antes de dejar el cargo.
El Gobierno de Piñera llamó a licitación nacional e internacional para la explotación del litio, a partir del 13 de octubre, y todo debe quedar zanjado el 14 de enero próximo. Se trata de explotar 400 mil toneladas del oro blanco. Estarían con ventaja Soquimich y Albemarle, empresas que tuvieron o tienen litigios pendientes con el Estado chileno. Otorgarles a esos consorcios la explotación del litio en el norte del país, significaría reforzar el modelo extractivista y empresas privadas, en desmedro de proyectos productivos, sostenibles y beneficiosos para Chile.
En distintos sectores hay sospechas respecto al apuro del Gobierno para esta licitación, que se haya programado “entre cuatro paredes” y que apuntale a fortalecer a ciertas entidades trasnacionales y grupos financieros locales, en lo que el diputado Daniel Núñez definió como “el cartel del litio”.
En este marco, y ante lo pronto que se concretaría la operación gatillada desde La Moneda y llevada a la práctica por el Ministerio de Minería y Energía, la bancada de diputados del Partido Por la Democracia (PPD) presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, solicitando “orden de no innovar” para suspender esta licitación.
El ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, defiende la licitación marcando la continuidad del extractivismo y priorizando el criterio de que Soquimich y Albemarle sean “empresas socias” del Estado que captaría unos mil millones de dólares, más del 50% del valor del recurso, sin invertir.
El plan, según el Gobierno
Según se indica en el Portal Web del Ministerio de Minería, “la convocatoria busca producir 400.000 toneladas de litio metálico comercializable, divididas en cinco cuotas de 80.000 toneladas cada una. Las adjudicaciones serán por un plazo de 7 años -prorrogables por otros dos- para hacer la exploración geológica, los estudios y desarrollo del proyecto, a los que se sumarán 20 años de producción”.
También que “en el proceso de compra de las bases de licitación, que se extendió entre el 13 de octubre y el 12 de noviembre pasado, participaron más de 70 empresas nacionales e internacionales, de las cuales finalmente ocho presentaron ofertas…Con la convocatoria se busca atraer mayor competencia para que Chile se beneficie de la oportunidad que representa la transición a las energías limpias para combatir el calentamiento global y el desarrollo de la electromovilidad. Y que ello se traduzca en obtener el mayor beneficio posible para el Estado”.
Se explicó que “el objetivo es que los socios estratégicos que se busca atraer para la producción de litio apuesten por soluciones tecnológicas que permitan generar una producción responsable y sustentable, en línea con los objetivos plasmados en el anteproyecto de la Política Nacional Minera 2050, presentada en agosto pasado”.
Así, todo parece ir sobre ruedas, pero surgieron críticas al concepto que aplica el Gobierno y específicamente el Ministerio a cargo de Juan Carlos Jobet, un ingeniero comercial adscrito a la derecha y proyectos económicos conservadores, en relación a la explotación del litio, la actuación de ciertos consorcios, la premura con que se lanzó la licitación y el no considerar que este es un asunto estratégico que lo quiere decir un Gobierno saliente, el cual se finiquitaría a dos meses de asumir una nueva administración gubernamental.
Lo prudente, postergar
Es así, que el integrante del equipo del presidente electo, Gabriel Boric, el diputado Girogio Jackson, sostuvo que “la forma en que en este caso se genera una concesión o bases para aquello, debe ser algo que no se haga a última hora. Por lo tanto, nosotros creemos y el equipo que ha designado el presidente electo para apoyarlo en distintas tareas, entre ellas la económica y la que se relaciona a la minería y el desarrollo productivo, considera que es prudente que este proceso de adjudicación se postergue”.
Enfatizó: “Es importante que si se van a hacer cosas de último tiempo que cualquier administración hasta el 11 de marzo tiene potestad, que se hagan de una forma que sea sostenible en el tiempo y que ojalá no genere un problema para la administración siguiente que no sea resuelto de manera oportuna”.
Jackson explicó que “para nosotros el litio constituye, como lo dice nuestro programa, un área estratégica para el desarrollo productivo de nuestro país. Es por definición un recurso, que según la actual Constitución y esperamos que eso no solo se ratifique sino que sea consensuado ojalá de manera unánime para que en la próxima Constitución siga siendo un bien que le pertenece a todos los chilenos”.
El integrante del equipo de Boric sostuco que el plantear lo inadecuado de la licitación del litio “no lo hemos dicho solo nosotros, ha salido en distintos medios de comunicación la opinión de expertos y expertas del mundo de la minería y de la academia que creen que las bases contienen una serie de problemas e inconvenientes que es razonable, para la envergadura de lo que se está haciendo, poder postergar”. Recalcó que “esa es la opción que se dio el jueves, se repitió el viernes y sigue invariable al día de hoy, por tanto no hay modificación y novedad respecto a una opinión que tenemos. Es cierto, es una atribución del Ejecutivo poder realizarlo, pero creemos que lo prudente sería esperar y no hacerlo en la última hora o en los descuentos de la actual administración”.
En tanto, la diputada Camila Vallejo, también integrante del equipo del presidente electo, dijo que “el proceso de licitación tiene problemas técnicos y económicos que dañan a Chile”. Añadió que el esquema y contenido de la licitación en marcha “económicamente perjudican a Chile, con la venta de un precio que es menor de lo que comercialmente está establecido”.
La legisladora anotó que el plan en marcha “no tiene un análisis en materia de impacto medioambiental fundado, y tampoco se plantea la perspectiva estratégica y fundamental para lo que hemos venido planteando como desafío en campañas, pero que es base fundamental también del próximo Gobierno de construir una matriz productiva que tenga mayor valor agregado y que no dependa solo del modelo extractivista”.
Frente a la operación iniciada por el Gobierno de Piñera, Camila Vallejo manifestó que “consideramos que lo más sensato es la postergación para poder sentarnos a ver de manera responsable y con todos los elementos técnicos, económicos y desde una perspectiva ecológica, este proceso de licitación y particularmente las bases de licitación. Lo más sensato y lo mejor para Chile es que se postergue este proceso”.
El Gobierno de Boric debe definir
Desde la organización de trabajadores de la minería se expresó una opinión. Desde la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) se emitió un comunicado explicitando el rechazo a esta licitación del “oro blanco” chileno, planteando que “el gobierno de Piñera insiste en dar urgencia antes de terminar su nefasto mandato, y en entregar su explotación al sector privado y a las transnacionales, a través de Contratos Especiales”.
Para la FTC, es “el gobierno encabezado por Gabriel Boric es quien debe definir políticas de Estado, en coherencia con los objetivos trazados por la Convención Constituyente, orientados a obtener el máximo beneficio de la explotación de este recurso natural estratégico, en favor de las actuales y futuras generaciones de compatriotas”.
Se argumentó que “Chile es un actor relevante en la producción de litio a nivel mundial, con importantes ventajas competitivas generadas por sus bajos costos de producción en las salmueras, en comparación al resto de las operaciones en otros países…“por lo tanto, el Estado puede y debe hacerse cargo de la explotación y comercialización de este recurso natural estratégico, explotando sus propias pertenencias y los mejores depósitos de este mineral que se encuentran actualmente en propiedad del mismo”.
La Federación reiteró la posición de muchos actores en el país en cuanto a crear una Corporación Nacional del Litio, como ocurre con la Corporación del Cobre (Codelco), y aclaró que Chile cuenta con las capacidades profesionales, técnicas y de inversión para la explotación del mineral.
“La nacionalización del cobre que ha dado origen a Codelco, ha permitido aportar 140.000 millones de dólares de excedentes al Fisco…por lo que está demostrado que una empresa del Estado eficiente, sustentable y competitiva, es la mejor alternativa para rescatar el 100% de la renta minera en beneficio del país”. “El Estado debe controlar la explotación del Litio en Chile, así como generar valor agregado a este recurso natural, promoviendo y reforzando una estrategia a mediano plazo para instalar en la sociedad chilena la necesidad de industrializar nuestro país, junto con terminar de inmediato con los contratos de arriendo a empresas que desde la dictadura militar y durante décadas, han gozado de utilidades extraordinarias”, se dijo desde la Federación de Trabajadores del Cobre.
En este marco, se anunció que el ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, sostendría en estos días un encuentro con integrantes del equipo de Gabriel Boric para explicar la licitación, y ahí se podría entablar una conversación en que se afirmen las posturas del próximo Gobierno.
Esto, en medio de anuncio de movilizaciones en defensa del litio y en contra de la licitación de Piñera, anunciadas para este viernes en todo Chile y para la próxima semana, lo que generaría más tensión en torno de esta operación, entrando en consideración el movimiento social y de trabajadores del sector minero.
Daniel Núñez: Licitación de Piñera del litio chileno, “debe suspenderse”