Legisladores PC defenderán ley que endurece sanciones por delitos económicos

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La senadora Claudia Pascual señaló que “nos parece importante defender una ley que termina con la impunidad en esta materia. La ciudadanía está cansada de la colusión de precios en el pollo, el gas, el confort, las farmacias, los cambios de términos de contrato de forma unilateral con empresas del retail, las multas irrisorias o unas pocas clases de ética como sanciones”. La diputada Alejandra Placencia indicó que “el empresariado quiere mantener sus privilegios para abusar impunemente, y para ello intenta torcer la decisión democrática del Parlamento que legisló para sancionar los delitos económicos”.

Valparaíso. 14/7/2023. Tras la impugnación que hizo la CPC (Confederación de la Producción y el Comercio) ante el Tribunal Constitucional (TC), el comité de senadores comunistas junto a la bancada de diputados del Partido Comunista (PC), ingresarán este lunes un escrito ante el TC para defender la ley que endurece las sanciones por delitos económicos.

La jefa del comité de senadores PC, Claudia Pascual, explicó que presentarán ante el TC un “Téngase Presente” para resguardar lo aprobado en la ley que sistematiza los delitos económicos y los atentados al medioambiente. 

“Nos parece importante defender una ley que termina con la impunidad en esta materia. No puede ser que personas jurídicas y naturales no sean sancionadas en proporción al daño causado en materia económica y medioambiental. La ciudadanía está cansada de la colusión de precios en el pollo, el gas, el confort, las farmacias, los cambios de términos de contrato de forma unilateral con empresas del retail, o las multas irrisorias o unas pocas clases de ética como sanciones a hechos que son delitos y que exigen un castigo con todo el rigor de la ley”.

Pascual añadió que “cuando se pide aumentar las penas contra los delitos, en materia de seguridad pública, también es hablar de los delitos de cuello y corbata, que tienen efectos muy nocivos para las personas, donde se afecta la vida diaria, la subsistencia material de quienes habitan nuestro país”.

A juicio del senador Daniel Núñez, es “totalmente cuestionable el que la Corporación para la Producción y el Comercio haya decidido recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar la nueva ley que establece sanciónales más claras y ejemplares de los delitos económicos, ya que obviamente hay que aumentar las penas y hacer efectiva la cárcel cuando se cometen delitos tan graves como la colusión, el fraude al Fisco, la defraudación en el pago de impuestos. También es muy importante que exista responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando cometen estos delitos económicos”.

El parlamentario por Coquimbo agregó que “nosotros apoyamos tanto en la Cámara de Diputados y Diputadas como en el Senado esta ley que establece delitos económicos y vamos a defender también sus contenidos y sus normas en el Tribunal Constitucional para que en Chile terminen estas sanciones tan ridículas como las clases de ética a la cual se sancionaron a los ejecutivos que generaron colusiones tan brutales o casos de corrupción tan emblemáticos como los del Grupo Penta”. 

Añadió que “vamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional, vamos a apoyar esta ley que es absolutamente válida en el marco constitucional chileno y obviamente queremos que entre a regir y sea promulgada lo antes posible sin ningún tipo de cambios ni de limitación por parte del TC”.

Según el jefe de bancada PC, el diputado Luis Cuello, “la derecha económica y el gran empresariado están acostumbrados a la impunidad. Hoy tienen el descaro de oponerse a una ley aprobada en el parlamento que pone fin a la patente de corso de quienes cometen delitos de cuello y corbata”.

La subjefa de la bancada PC, Alejandra Placencia, apuntó que “el empresariado quiere mantener sus privilegios para abusar impunemente, y para ello intenta torcer la decisión democrática del Parlamento que legisló para sancionar los delitos económicos. En el TC se juega la credibildad de las instituciones, la ciudadanía no podría entender que un grupo de poder pueda rescribir las leyes a su antojo”.