El Ministro de Justicia y Derechos Humanos entregó detalles sobre la implementación del plan de búsqueda de restos de más de mil detenidos desaparecidos. Contó al Portal alemán que “me crié en una familia en que los dos hermanos de mi abuela paterna son detenidos desaparecidos de Paine”.
Equipo “El Siglo”. Santiago. 27/4/2023. En una entrevista exclusiva con el medio alemán DW, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, entregó detalles sobre el Plan Nacional de Búsqueda (PNB) de restos de más de mil detenidos desaparecidos durante la dictadura y contó que en el seno de su familia se vivió el drama de las desapariciones ejecutadas por uniformados durante el régimen militar.
“Yo me crié en una familia en que los dos hermanos de mi abuela paterna son detenidos desaparecidos de Paine, una localidad campesina en la Región Metropolitana, donde la dictadura detuvo e hizo desaparecer no a dirigentes políticos, sino a campesinos”, relató a DW.
Indicó que pocos en el Gobierno conocían esa historia, incluido el Presidente Gabriel Boric. “Es cómo la vida cruza destinos, nada más. Pero ante todo, mi obligación como ministro de Estado es llevar a cabo mis tareas con indiferencia de mi trayectoria o mi vida personal”, puntualizó el funcionario.
El titular de Justicia y Derechos Humanos volvió a precisar que de las 1.469 víctimas de desaparición forzada, solo han sido identificadas 307. Y explica lo que podría venir con el Plan Nacional de Búsqueda diseñado por el actual Gobierno. “El Estado ha generado una gran cantidad de información, alguna recopilada a propósito de estas comisiones de verdad; otra dispersa en distintas oficinas públicas del período de la dictadura, y en segundo lugar una innumerable cantidad de investigaciones, algunas en desarrollo y otras terminadas, que contienen testimonios, antecedentes y localizaciones. Chile jamás ha reunido toda esa información en un solo lugar. El primer esfuerzo de PBN es tratar de reunir la totalidad de información, integrarla y, a partir de esos antecedentes, más otros nuevos que se puedan recopilar, establecer parámetros y estándares de operación de los crímenes durante la dictadura”, sostuvo.
¿No hay un plazo o meta específica en el tiempo?, se le consultó y respondió: “Se trata de una política pública, para que no descanse en los hombros de los familiares, sino que se transforme en una obligación y esfuerzo permanente del Estado, y que el Estado acompañe hasta que se agote el último esfuerzo por parte de éste. Esto supone generar mecanismos de doble vía. Es decir, desde la vía judicial a la política de PNB y viceversa. El Presidente (Gabriel Boric) espera comenzar el proceso este año, en el mes de agosto, en que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada”.
Ante la pregunta de ¿qué recepción ha tenido el plan? ¿Todavía hay quienes quisieran dar vuelta la página?, Luis Cordero expresó que “de parte de las agrupaciones de víctimas ha habido una buena recepción. Es la primera vez que el Estado lo asume como una obligación pública permanente, probablemente la demanda de ellos durante décadas. Y desde el punto de vista de la oposición actual, la derecha que fue antes Gobierno, hoy es plenamente consciente de que los crímenes de la dictadura son crímenes de lesa humanidad y no hay límites para que el Estado siga indagando. Hemos tenido conversaciones respetuosas y comprensivas de que es necesario y útil para la sanidad del sistema democrático chileno”.
El ministro, en la entrevista con DW, abordó los problemas en este objetivo de búsqueda de detenidos desaparecidos. “Una de las dificultades es la capacidad de poder analizar una gran cantidad de información que tenemos dispersa. Cuando uno entrevista a familiares y abogados de derechos humanos que han estado por largos años dedicados a este tema, se da cuenta de que ellos han vinculado e integrado una investigación con otra, pero el Estado no lo ha hecho de modo oficial, orgánico ni tecnológico”. Y enfatizó que “enfrentamos un gran desafío de gestión pública: sumar esa información, disponer de recursos para sistematizarla, aplicar tecnología y tener un grupo de trabajo permanente que monitoree el proceso”.
Precisó, en todo caso, que “las expectativas son inciertas”. Y acto seguido resaltó que asumir esta tarea “no solo es un imperativo político, sino que es un imperativo ético”.
Cordero señaló, en esa línea, que “pareciera que la principal función es conocer las circunstancias generales en que esas personas fueron detenidas y hechas desaparecer. Eso tiene que ver con el ejercicio de verdad plena. Solo avanzar en ese ámbito es un gran indicador de la importancia de PNB”.
¿Existe la posibilidad de que se identifiquen nuevos responsables y que estos sean llevados ante la Justicia?, se le consultó y contestó que “sí. La jurisprudencia chilena considera que los crímenes de la dictadura son crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles. El Estado tiene obligaciones permanentes de reparación íntegra”.
Y recalcó que “el tiempo es importante, porque el Estado y la sociedad chilena deben evitar una impunidad de facto, que se da cuando se dilata el tiempo para las investigaciones, ese tiempo conspira contra los testimonios, esos testimonios se abandonan precisamente por ese tiempo, y el Estado no realiza las pericias de modo oportuno. Nunca es tarde para evitar esa impunidad”.
Luis Cordero, en la entrevista DW apuntó que “nunca es tarde para la verdad y la justicia. Y nunca es tarde para transformar esto en una política pública permanente, que es también una manera de dar reparación a las víctimas y sus familias. La sociedad chilena ha avanzado en justicia en materia de derechos humanos, probablemente de modo incompleto; su decisión fue avanzar en verdad con sus comisiones de verdad y permitir que los tribunales actuaran. A diferencia de otros lugares del mundo, ha tenido una vía para eso, probablemente muy imperfecta, pero la ha tenido”.