El ex ministro de Desarrollo Social dijo que esa tesis debe estar en la doctrina de la policía uniformada. Sostuvo que “si Carabineros llegó a un deterioro de imagen tan profundo, responde esencialmente a un problema de doctrina al interior de la institución, que la fue desapegando de la legitimidad social”. En esa misma línea, planteó que “un desafío que tiene el Partido Comunista y la izquierda es no incurrir en la falsa dicotomía entre seguridad pública y derechos humanos. O lo que estamos o no estamos con Carabineros. Hay que consignar y establecer la idea de que la seguridad pública, de las personas, de las trabajadoras y los trabajadores, de las vecinas y los vecinos, de las familias, es una urgencia social”.
Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 11/4/2023. Llevamos más de una semana en que la agenda nacional y política está cruzada por la seguridad pública, los delitos…
La agenda de seguridad pública se tensionó muchísimo, y eso ocurrió porque hay una genuina y real urgencia y preocupación social por esa agenda, y porque los temas de seguridad sean relevados como una política de Estado y una preocupación permanente del Gobierno, que le cambie la vida a las personas en concreto. La gente quiere sentir más seguridad en sus viviendas, en sus territorios, en sus barrios, en el espacio público, porque la gente percibe vivencialmente que hay condiciones de deterioro de la seguridad pública. Y que no son de ahora, vienen del Gobierno de Sebastián Piñera, si uno mira las estadísticas, el salto cuantitativo en materia de homicidios se dio durante ese Gobierno. Esa preocupación real, está tensionada con una hábil política de masas por parte de la derecha, que instrumentalizó esa preocupación social, la exacerbó, con la finalidad de construir un Estado policial que sea antagónico de un Estado democrático social de derechos.
En todo este debate se llegó a hablar de “un trauma”, de “un complejo” de la izquierda y particularmente del Frente Amplio y el Partido Comunista con el tema de la seguridad pública.
De ninguna manera. El Partido Comunista tiene convicciones plenas de que el Estado democrático y social de derechos, la calidad de vida de las personas, no se restringe a bienes públicos como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda o las pensiones, sino que se incluye una visión de seguridad pública que permite tranquilidad en los barrios, en las ciudades, en los espacios de la gente. Al contrario de sectores que insisten en caminos que no han resultado, para nosotros es clave adoptar medidas de corto plazo, pero también medidas más profundas.
Se dice que el PC no apoya a Carabineros, que llegó tarde a la agenda de seguridad…
Eso es falso. Te doy un ejemplo. Nosotros hace mucho tiempo dijimos que sí a más dotación policial si se quería, pero que el tema es que esa dotación está mal distribuida, que hay que distribuirla mejor y de otra manera. Hay que distribuirla de manera equitativa en los diferentes territorios. La media internacional es 2.8 policías por mil habitantes, el más bajo es de 1.5 en algunos países, Chile está por el 2.5 policías por mil habitantes, sin embargo están mal distribuidos, mal asignados, están concentrado en sectores socioeconómicos exclusivos. El Gobierno inició un plan de redistribución equitativa de los carabineros, pero se requiere más. Por qué pongo ese ejemplo. Y agrego otros ejemplos, como la inversión en la formación de policías y la necesidad de la reforma de Carabineros. Entonces nosotros hemos tenido posiciones en este tema.
También quiero destacar algo relevante, y es que Carabineros tenga una doctrina que no antagonice la seguridad pública y la acción policial con los derechos humanos. La seguridad pública no debe antagonizar con los derechos humanos. Si Carabineros llegó a un deterioro de imagen tan profundo, responde esencialmente a un problema de doctrina al interior de la institución, que la fue desapegando de la legitimidad social. Están los casos de violaciones a los derechos humanos, de abusos, la participación de miembros del alto mando en materias de corrupción, los montajes, la participación de funcionarios policiales en el tráfico de armas y de drogas, incluso sanciones por apremios ilegítimos en una Comisaría. Estamos hablando de un deterioro que antecede a la crisis que vivimos, es un acumulado histórico.
Hay un caso sensible, que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se niega a declarar ante una Fiscal por casos de violaciones a los derechos humanos.
Bueno, ha sido contradictorio su comportamiento. Su primera alocución después del asesinado de la funcionaria Rita Olivares, fue de generar una animosidad contraria de esa institución hacia los Poderes del Estado, el Congreso particularmente, y el Ejecutivo. En su segunda intervención después del asesinato del suboficial Daniel Palma, fue más moderado en el sentido de reconocer que el Gobierno de Gabriel Boric ha sido el que más ha invertido en Carabineros. Su conducta está contextuada en que cinco oportunidades el general director de Carabineros no ha declarado ante la Fiscal Ximena Chong por una causa en materia de derechos humanos durante el estallido social y en otra oportunidad cuando se presentó, guardó silencio, algo que en mi opinión no procede en una autoridad de esa investidura.
Volviendo a una pregunta anterior, ¿cómo ves al PC, a la izquierda, frente al combate a la delincuencia y la agenda de seguridad pública?
Bueno, ya te señalé algunos ejemplos sobre los Carabineros y además nosotros estamos respaldando la agenda de seguridad del Gobierno. Ahora, un desafío que tiene el Partido Comunista y la izquierda es no incurrir en la falsa dicotomía entre seguridad pública y derechos humanos. O lo que estamos o no estamos con Carabineros. Hay que consignar y establecer la idea de que la seguridad pública, de las personas, de las trabajadoras y los trabajadores, de las vecinas y los vecinos, de las familias, es una urgencia social, que es parte del estándar de derechos sociales que debieran estar debidamente provisionados por el Estado. Eso tiene que ser completamente compatible con un estándar de respeto y dignidad hacia las personas y de los derechos humanos.
Es que en un país donde crecer el narcotráfico, crece la delincuencia, crecen los homicidios, hay más bandas de crimen organizado, hay más jóvenes cometiendo delitos graves, se puede entender que hay un primer problema que no es la seguridad pública, sino otros problemas que se tienen como sociedad, como país.
Es que uno no puede establecer derechos de primera, segunda o tercera preocupación social. Así como la educación, las pensiones dignas y la salud son una urgencia social de primer orden, la gente pone en la misma valoración el derecho a la seguridad pública.
La seguridad pública como un derecho social…
Es un derecho humano, civil, social. Vivir tranquilo en tu hogar o en tu barrio, sin la amenaza de la delincuencia o los narcos, es una preocupación transversal de los sectores populares, los sectores medios y los sectores altos. Establecer jerarquizaciones, priorizaciones, respecto de que satisfacemos un derecho y después otro, no es compatible con una visión multidimensional de la calidad de vida.
El Gobierno debe relevar todos los derechos
En todo esto hay mucho debate político. Específicamente quería preguntarte acerca de declaraciones desde el oficialismo, específicamente desde el Frente Amplio, de que “no estábamos preparados”, “no teníamos la experiencia”, y bueno, cuestionamientos a que eso podría ser una realidad en el caso del oficialismo.
Sería más prudente. No comparto ese tipo de afirmaciones porque están mediadas por la presión que ejerce la derecha. Tengo la sensación de que la derecha está en un esfuerzo sistemático y permanente para que el mundo transformador reconozca una capitulación, una derrota, que el mundo transformador abjure de sus propósitos. Me parece que hay que ser más consistentes, saber enfrentar los conflictos con ponderación y no desdibujar propósitos transformadores.
En ese encuadre, esta agenda de seguridad, ¿se topa y eclipsa la agenda programática del Gobierno? Porque está el proyecto de las 40 horas, las reformas previsional y tributaria, la reforma en salud, la Empresa Nacional del Litio, y se cruza muy fuerte el tema de la seguridad pública. Hay gente de la derecha que dijo que el Gobierno debe cambiar su agenda.
Lo primero, es que el propósito de la derecha es que no se concrete ninguna reforma de calado importante durante la gestión del Presidente Boric. Así como trabajaron para que fracasara la reforma tributaria, están empeñados en que fracase la reforma de pensiones, también eso está explicitado en materia de salud y buscan que la agenda de seguridad pública se obstruya. Por eso, las capacidades de respuestas que el Gobierno despliegue en materia de seguridad pública tienen que ser claras en contener el avance de la derecha, establecer una posición que impida que la derecha utilice las seguridad pública para obstruir las otras reformas sociales. Lo segundo, es que el Gobierno debe transitar en relevar y hacer coherentes todos los derechos en una misma importancia. Está llamado a construir un diálogo con las organizaciones sociales que le permite sostener los cambios en materia de transformación de políticas públicas.