Los contenidos trazados en una materia instalada con fuerza en la agenda nacional. La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que el plan “compromete altos estándares en el respeto de los derechos de las personas migrantes y, al mismo tiempo, exige que quienes migran tengan que respetar las leyes del país”. El director nacional del SERMIG, Luis Eduardo Thayer, declaró que “estamos cumpliendo un compromiso de Gobierno y lanzando una política seria que nos permite ordenar la migración y que las personas extranjeras pueden contribuir al desarrollo del país donde antes había abandono y descontrol de la frontera, hoy día tenemos un mejor control de la frontera”.
Santiago. 7/7/2023. El Gobierno dio a conocer la Política Nacional de Migración y Extranjería (PNME) que se aplicará para atender los requerimientos y respuestas en este ámbito que se instaló con fuerza en la agenda nacional, sobre todo ante el fenómeno migratorio y las situaciones de irregularidad,
La ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, señaló que esta nueva política “resguarda la seguridad de todas las personas. Compromete altos estándares en el respeto de los derechos de las personas migrantes y, al mismo tiempo, exige que quienes migran tengan que respetar las leyes del país y las obligaciones cívicas, tal como deben hacerlo chilenos y chilenas”.
Se informó que su confección se produjo mediante un proceso participativo amplio en todo el territorio nacional e incluyó la participación de actores del Estado, sociedad civil, sector privado y organismos internacionales.
El diseño y elaboración contó con tres etapas: línea de base de recopilación de información y antecedentes; etapa participación de diálogos territoriales y temático; y levantamiento de información de los gobiernos locales para medir el impacto de la migración en los territorios locales y su institucionalidad.
Desde el Gobierno se sostuvo que el objetivo de la PNME es promover una migración ordenada, segura y regular que contribuya al desarrollo del país, que considere las necesidades de los territorios y fomente la integración armónica de las personas migrantes.
La nueva política estará enfocada en dos áreas, la de gestión interna a través del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y el control de fronteras.
Está estructurada en 10 ejes temáticos de trabajo, considera 28 medidas de aplicación inmediata y una serie de proyectos de ley para reformar la Ley de Migración y Extranjería y otros cuerpos legales, con el fin de poder cumplir los objetivos de la Política.
Entre las medidas de aplicación inmediata destaca el Empadronamiento Biométrico, Comité Interinstitucional para la materialización de expulsiones, Desarrollo e implementación de Plan de fortalecimiento de capacidades locales y regionales para municipios que se han visto afectados por el incremento de llegada o tránsito de personas migrantes y plan de fortalecimiento de la matrícula educativa.
La batería de iniciativas legales considera ampliación de causales de expulsión y prohibición de ingreso asociadas a razones de seguridad interior y exterior. También incluye la violencia intrafamiliar como delito grave entre causales de prohibición de ingreso y expulsión. En materia de protección establece el procedimiento de filiación para niños, niñas y adolescentes extranjeros que carecen de documentación de identidad del país de origen o que ésta sea deficiente.
Se indicó que la irregularidad se enfrentará orientando la acción del Estado al combate contra las redes de tráfico y trata de personas. No habrá procesos masivos de regularización como los que se realizaron en el pasado. Se definirán modalidades condicionadas y específicas para regularización. El lineamiento para otorgar residencias será que estén asociadas a contratos u ofertas de trabajo en ramas de difícil cobertura, o donde hay escasez de trabajadores, según capacidades territoriales, o bien por vínculos familiares.
La ministra Tohá expresó que la política pone un foco particular en “orientar las acciones del Estado en proteger la cohesión social, el bienestar y la convivencia en el territorio nacional, particularmente, en las zonas receptoras de población migrante. También, pone el acento en la protección de grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de género, adultos mayores, personas con discapacidad y víctimas de trata, entre otros grupos de especial protección”.
En tanto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, destacó que por primera vez el país se haya dotado de una Política Nacional de Migración y Extranjería. Específicamente en relación a la medida de empadronamiento biométrico, sostuvo que “no es posible que el Estado chileno pueda garantizar la seguridad si no tenemos la identidad de las personas que están en el territorio nacional. Por lo tanto, la política de empadronamiento permitirá que podamos tener la identidad, las huellas, el rostro, el nombre y una biografía de los ciudadanos que han ingresado de manera irregular y eso es una medida que mejora la seguridad del país”.
Al mismo tiempo insistió que a partir de la Política “no va a haber, como ha ocurrido en otros gobiernos, una regularización general ni masiva”.
En el lanzamiento, el director nacional del SERMIG, Luis Eduardo Thayer, explicó que “este es un gran hito para el país. Estamos cumpliendo un compromiso de Gobierno y lanzando una política seria que nos permite ordenar la migración y que las personas extranjeras pueden contribuir al desarrollo del país donde antes había abandono y descontrol de la frontera, hoy día tenemos un mejor control de la frontera. Donde antes había desinformación, irregularidad descontrolada y un gran rezago en los trámites migratorios, hoy tenemos un proceso de empadronamiento que está en marcha y hemos agilizado la tramitación de documentación. También la Política considera una serie de medidas de protección para fomentar y garantizar el respeto a los derechos de las y los migrantes en nuestro país, así como mecanismos de compensación para los territorios que los han recibido”.