Un reportaje del medio Agência Pública hace referencia a documentos inéditos que evidencian que la Junta Militar de Chile visitó en secreto el centro Butantan, en São Paulo. El objetivo era asesinar opositores.

Agencias. Sao Paulo. 3/2024. Una investigación periodística dio nuevas pistas del intercambio de toxinas botulínicas entre Brasil y Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), implicando al Instituto Butantan de São Paulo en el suministro de esas sustancias.

Ya en 2021, una sentencia judicial en Chile contra exagentes de la dictadura en la causa del envenenamiento de presos políticos en la Cárcel Pública de Santiago en 1981 determinó que la toxina botulínica utilizada en la causa tuvo origen en Brasil, y que había sido enviado al país por valija diplomática a la Cancillería.

Ahora, el informe periodístico de la Agência Pública da a conocer nuevos documentos y testimonios que revelan la proximidad del Instituto Butantan con militares chilenos y brasileños. Incluso, muestra fotografías de la visita de una delegación de altos oficiales vinculados a Pinochet a la sede de la institución en São Paulo.

“Dos decenas de fotografías obtenidas por Pública acreditan incluso una visita del comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, Fernando Matthei, miembro de la Junta de Gobierno y exministro de Salud, junto al cónsul general de Chile en São Paulo (Paulo Patricio Rodríguez Rentería), a Butantan el 1 de junio de 1979”, dice la agencia de periodismo de investigación.

La prensa, entonces bajo censura, hizo pública la visita de la delegación chilena a la Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A (Embraer), pero no informó sobre el recorrido por el Butantan.

“La relación con la dictadura de Pinochet parece haber sido la culminación de un giro hacia la derecha de Butantan durante la dictadura militar”, dice el informe.

Según la Agência Pública, la visita se produjo cinco meses después de un pleito territorial de Chile con Argentina. “Debido al conflicto, el Ejército de Chile desarrolló un programa de guerra bacteriológica como instrumento disuasorio en caso de guerra: el Proyecto Andrea”.

En 2003, Michael Townley, exagente estadounidense de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) -la policía secreta de Pinochet-, en cuya mansión se instaló el laboratorio, reveló ante la Justicia chilena que varios opositores fueron asesinados a través del Proyecto Andrea, cuyas muertes fueron identificadas como suicidios o casos raros de cáncer.

En 2008, la científica chilena, Ingrid Heitmann Ghigliotto, encontró en el subsuelo del Instituto de Salud Pública de Chile (ex Instituto Bacteriológico), del que entonces era directora, cajas con ampollas de toxina botulínica procedentes del Instituto Butantan, una cantidad, según ella, suficiente “para matar a la mitad de Santiago”.

Heitmann detalló que quemó el material, que permaneció secreto durante 27 años, sin suponer que podría servir luego como una prueba judicial.

Conexión con muerte de Neruda

Para Adriano Diogo, expresidente de la Comisión de la Verdad del estado de São Paulo, citado en el informe periodístico, “el Butantan pudo haber producido sustancias utilizadas en (Pablo) Neruda”.

El poeta chileno y Premio Nobel de Literatura murió el 23 de septiembre de 1973, doce días después del golpe militar encabezado por Pinochet contra el Gobierno de Salvador Allende.

Aunque padecía cáncer de próstata, su exconductor, Manuel Araya, y parte de su familia, siempre sospecharon de un envenenamiento, tras recibir una inyección en la clínica en la que falleció.

Rodolfo Reyes, abogado y familiar de Neruda, dijo en febrero del año pasado, en la víspera de la entrega de un informe internacional sobre la causa de muerte del poeta, que los resultados del análisis indicarían que la bacteria encontrada en una muela de su tío, “clostridium botulinum”, fue la que provocó su deceso y que fue intencional.

“Sabemos ahora que el ‘clostridium botulinum’ no tendría por qué haber estado en la osamenta de Neruda. ¿Qué quiere decir esto? Que Neruda fue asesinado, hubo intervención en el año 1973 por agentes del Estado”, expresó entonces.

En febrero pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la reapertura de la investigación por la muerte de Neruda. En un fallo unánime, los magistrados arguyeron que “no se encuentra agotada la investigación” y existen “diligencias precisas que podrían aportar al esclarecimiento de los hechos”.