En entrevista, el Subsecretario de Justicia enfatizó en la prioridad de dar respuesta “oportuna y veraz” desde el sistema judicial a los requerimientos de la gente. Sostuvo que “la prisión preventiva debe reducirse” considerando factores como que representa un 40% de la población penal y que en el 30% de casos “la condena no es de pérdida de libertad”. Hizo ver que al comenzar este Gobierno había 41 mil personas privadas de libertad y hoy hay más de 50 mil presos en todo el país, lo que lleva al objetivo de “reaperturar penales que se encontraban en desuso, ampliar establecimientos que se encuentran construidos y construir nuevas prisiones”. En cuanto a presos de mucha peligrosidad, el funcionario indicó que al inicio de esta gestión había 300 plazas en sitios de alta seguridad y ahora hay 600. En el marco de los 50 años del golpe de Estado, Jaime Gajardo dijo que se avanza en “ir reparando en parte la deuda del Estado” en cuanto a violaciones a los derechos humanos y explicó que el Plan de Búsqueda que anunciará el Presidente Gabriel Boric “tratará de sistematizar la información, tener herramientas que permitan ir determinando circunstancias de desapariciones forzadas y ejecuciones políticas, iniciar nuevas causas judiciales o esclarecer algunas en desarrollo, y eventualmente aportar a posibles identificaciones para aliviar en parte el dolor de las familias” de las víctimas.
Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 26/8/2023. El abogado Jaime Gajardo Falcón precisa que no le viene aquello de ser “el primer comunista” en ocupar un alto cargo en el Ministerio de Justicia. Precisa que “el Presidente Salvador Allende durante su mandato tuvo un ministro de Justicia comunista, Sergio Insunza”. Respecto a comentarios sobre el empoderamiento de militantes del Partido Comunista -donde él milita- en el Gobierno de Gabriel Boric, apunta que obedecen a que “hay muchos prejuicios” y refuerza que “me siento muy cómodo en mi trabajo, porque el ámbito de justicia es a lo que me he dedicado en el ejercicio de mi profesión desde que soy abogado, más de 17 años”.
Y nadie duda que le tocan temas sensibles y difíciles, como el sistema carcelario, el crecimiento de la población penal, el fenómeno de más delincuentes de alta peligrosidad detenidos, los cuestionamientos a la prisión preventiva, la reinserción social de condenados y, por cierto, materias que se han instalado respecto a detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en el marco de los 50 años del golpe de Estado.
Por lo demás, no es menor que la entidad que encabeza está al frente de Gendarmería, el Servicio Médico Legal, la Defensoría Penal Pública, las Corporaciones de Asistencia Judicial, el Servicio Nacional de Menores, el Registro Civil y ahora el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil.
Así, señala que hay una enorme responsabilidad de “mantener funcionando el sistema de justicia, que todos los servicios funcionen adecuadamente para dar respuesta a la ciudadanía, que haya una justicia oportuna, veraz, con acceso a las personas”. Recalca que cada servicio “cumple un papel dentro del sistema para que tengamos un marco de cumplimiento y con acceso igualitario y eficaz de todas las personas en todas las circunstancias”.
Hay cuestionamientos al funcionamiento del Estado, se plantea falta de credibilidad, de eficacia. ¿Se puede garantizar hoy que todo ese sistema funciona de manera eficaz?
Ese es, precisamente, uno de nuestros principales desafíos, que el sistema de justicia le dé garantías a todas las personas, que si ingresan al sistema van a tener la posibilidad de acceder a justicia y que, por ejemplo, quienes no tengan recursos para contratar un abogado o una abogada, tengan ese profesional a su servicio. Si alguien tiene un problema penal, es importante que pueda acceder a un defensor penal público, para lo cual de Defensoría Penal cumple un rol fundamental. Un objetivo que tenemos es que el sistema le dé garantías a la ciudadanía de que la justicia, que es clave para cualquier Estado democrático y de derechos, va a funcionar.
De 42 mil a 50 mil presos en todo el país
Un asunto que preocupa es el crecimiento de la población penal en Chile. “Hemos tenido un aumento exponencial de las personas privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios” señala el Subsecretario de Justicia y abunda: “Cuando asumimos como Gobierno existían 41 mil personas y fracción privadas de libertad y nuestro sistema penitenciario desde el 2012 tiene una capacidad para 42 mil personas. Es decir, cuando asumimos, existía aproximadamente un 97% de ocupación de las prisiones. Hoy tenemos más de 50 mil personas privadas de libertad, en un año y medio la población penal aumentó en más de un 20% y superó las capacidades del sistema penitenciario en cuanto a número de plazas”.
Añade que “hoy el sistema tiene un 120% de ocupación, tiene sobrepoblación. Ante eso, junto con Gendarmería, hemos ideado un plan de infraestructura que ponga al Estado en las capacidades de hacer frente a este fenómeno que, además, va al alza. Hemos ideado un plan para que de aquí al 2030, y también al mediano plazo, se aumente la capacidad de cárceles”.
¿Eso significa construir más cárceles?
Nuestro plan tiene tres aristas. La primera es reaperturar penales que se encontraban en desuso a lo largo del país; segundo, ampliar establecimientos que se encuentran construidos como en Alto Hospicio, Antofagasta, La Serena, Rancagua; y en tercer lugar, construir nuevas prisiones. Eso para que el país tenga la capacidad adecuada para enfrentar este fenómeno de aumento de personas en prisión.
Jaime Gajardo aborda un nuevo fenómeno. “Tenemos que enfrentar -dice- el aumento de delincuentes peligrosos y de las bandas delictuales del crimen organizado que se encuentran al interior de establecimientos penitenciarios. Una de las principales amenazas que existe en nuestra región, en muchos países, es el crimen organizado que se extiende en las cárceles”.
¿Cómo encarar eso?
Debemos tener el control de los recintos y para eso necesitamos una infraestructura adecuada e invertir en seguridad penitenciaria y desbaratar las bandas. Junto con invertir en tener los penales adecuados, hemos trabajado fuertemente en la seguridad penitenciaria. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos, existían seis módulos de alta seguridad para las personas más peligrosas que forman parte de las bandas del crimen organizado y con eso había capacidad para 300 presos. Y enfrentamos un suceso, que fue la detención de los líderes del “Tren de Aragua” en Arica y ahí no teníamos módulo de alta seguridad y eso implicó que tuvimos que trasladar a esos detenidos a otros penales con módulo de alta seguridad. Hoy, a un año y medio, tenemos el doble de la capacidad porque hemos invertido en remodelar los módulos de alta seguridad que se encontraban inhabilitados, como el de Arica, y además reinauguramos el establecimiento de alta y máxima seguridad en Santiago. Aumentamos el doble capacidad para tener presos peligrosos que requieren medidas especiales de segregación, ahora tenemos 600 plazas”.
Suma que “es innegable que ha aumentado la peligrosidad en los delitos que se están cometiendo, los delitos son más violentos, hemos tenido, por ejemplo, un alza importante en los homicidios. Eso repercute en el sistema penitenciario”.
“La prisión preventiva debe reducirse”
Un tema muy debatido y que tiene que ver con más personas en los penales, es el de la prisión preventiva. “De las 50 mil personas que hay privadas de libertad, aproximadamente un 40% es de prisión preventiva” apunta el subsecretario Gajardo.
Y explica que “hemos planteado que la prisión preventiva debe ser excepcional, y así lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución Política de Chile y el Código Procesal Penal. Es excepcional porque rompe con el principio de inocencia. Es un fenómeno que hemos conversado con el resto de operadores del sistema de justicia penal, con los tribunales, con el Ministerio Público en cuanto a que el aumento de personas con prisión preventiva es un hecho que hay que enfrentar”.
Aborda otra cara del asunto. “Pensamos que todo el sistema político debe tener claridad de que la prisión preventiva es excepcional, porque cada vez que ocurre un hecho grave, desde el ámbito político les piden a los operadores del sistema de justicia que se decrete la prisión preventiva” e insiste: “Debemos hacer consciencia de que ese mecanismo es excepcional”.
Gajardo destaca: “Hay datos, como que en el 30% de personas en prisión preventiva finalmente su condena no es de pérdida de libertad, entonces esa persona no debió haber estado nunca en prisión. Un porcentaje importante es declarado absuelto de los delitos que se les imputaron. Todo eso nos hace pensar que la prisión preventiva debe reducirse y estamos trabajando en eso”.
Hay un plan respecto a la reinserción social juvenil. Eso tiene que ver con que tenemos jóvenes que van a la cárcel.
Si queremos enfrentar de manera seria, responsable y profunda las causas de comisión de delitos, tenemos que trabajar fuertemente en la reinserción social. Ese es un desafío que tenemos. Porque no sólo le cambia la vida a una persona sino que tiene un impacto en la seguridad pública. Una persona que comete un delito, es condenada y cumple su pena, vuelve a la sociedad y si esa persona se reinserta no volverá a cometer un delito. Sin embargo, en adultos tenemos un porcentaje de reincidencia de casi un 50%, es decir, de cada dos personas que salen de la cárcel, una vuelve a cometer un delito. Es un problema que nos afecta a todos. Particularmente la reinserción social juvenil es fundamental porque tenemos medido que las personas que cometen delitos cuando son jóvenes, después cometen delitos cuando son adultos. Si en la juventud logramos quebrar los círculos de delincuencia vamos a generar más bien un círculo virtuoso para que esos jóvenes no ingresen al sistema carcelario de nuevo.
Reparar la deuda del Estado en caso de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos
Esta es una coyuntura donde está muy presente la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. En relación a eso, está el tema de la violación a los derechos humanos, hay más de mil personas detenidas desaparecidas que ni siquiera se sabe dónde están sus restos. Se presentará un Plan Nacional de Búsqueda, se informó de trabajos del Servicio Médico Legal, ¿cómo están abordando todo eso, considerando inquietudes que hay en colectivos de derechos humanos, familiares de las víctimas, en la ciudadanía?
El ministro de Justicia, Luis Cordero, lidera un trabajo muy importante en el Plan de Búsqueda y ha encargado a las subsecretarías de Derechos Humanos y de Justicia que formemos parte del trabajo que se desarrolla y que incluye diálogos con las organizaciones de derechos humanos, en base a un plan construido. Ese plan se presentó a un comité interministerial de derechos humanos y ese comité lo aprobó para que el Presidente de la República, Gabriel Boric, dicte un Decreto Supremo en el que se dé inicio formal a ese trabajo. En particular desde la subsecretaría de Justicia, como uno de los servicios que nos toca supervigilar es el Servicio Médico Legal, que juega un rol muy relevante en el Plan de Búsqueda, hemos podido aportar a ese trabajo que lidera el ministro Cordero.
El subsecretario sostiene que “todo esto tiene que ver con que podamos tener una política pública estable, duradera, que nos permita conocer los hechos lamentables que llevaron a la desaparición y la ejecución de compatriotas durante la dictadura civil-militar, hay información que se puede recoger en las investigaciones judiciales, en los archivos de memoria, en trabajos de instituciones públicas y privadas”.
“El Plan de Búsqueda tratará de sistematizar la información, ponerla en común, tener herramientas que permitan ir determinando las circunstancias de desapariciones forzadas y ejecuciones políticas, y que nos permitan iniciar nuevas causas judiciales o esclarecer algunas que se encuentran en desarrollo, eventualmente aportar a posibles identificaciones para aliviar en parte el dolor de las familias y el dolor de la sociedad chilena”, sintetiza Jaime Gajardo.
¿Qué decirle a quienes están escépticos, que tienen dudas?
Bueno, decirles que el Ministro de Justicia, junto con ambos subsecretarios, ha liderado un trabajo serio y responsable, de una manera muy sistemática, que el Presidente nos ha mandatado para que esto efectivamente se constituya en una política estable y duradera de parte del Estado de Chile, porque el Estado tiene una deuda profunda en este tema. Nosotros esperamos ir reparando en parte esa deuda del Estado.