El 12 de enero de 1998, junto a Gladys Marín entonces Secretaria General del Partido Comunista de Chile, un pequeño grupo de abogados de la misma militancia concurrimos al Palacio de los Tribunales en Santiago a presentar la primera querella criminal en contra de Augusto Pinochet por todos los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su mandato.
Eduardo Contreras (*). Santiago. 01/2022. El 12 de enero de 1998, junto a Gladys Marín entonces Secretaria General del Partido Comunista de Chile, un pequeño grupo de abogados de la misma militancia concurrimos al Palacio de los Tribunales en Santiago a presentar la primera querella criminal en contra de Augusto Pinochet por todos los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su mandato.
Visto desde la distancia cabe considerar que el hecho de presentar esa querella, además de justo, fue un acto valiente. El dictador conservaba todavía su inmenso poder y esa acción judicial era sin duda una operación muy dura en su contra. Además, como era presumible, constituyó un golpe noticioso en el mundo entero. Por tanto Pinochet perfectamente podía reaccionar con violencia contra los querellantes; era un costo presumible, pero ninguno titubeó y allí estuvimos los abogados Graciela Álvarez, José Cavieres, Ramón Vargas, Alberto Espinoza, Julia Urquieta y yo.
Bien sabíamos los obstáculos y peligros que asumíamos. Pero no dudábamos que era históricamente necesario lograr que en Chile no se hiciera justicia en la medida de lo posible como vaticinaba Patrio Aylwin, sino justicia plena y verdadera en la medida de lo que parecía imposible.
Visto a la distancia se concluye que el gran mérito de aquella acción judicial fue que supo interpretar adecuadamente el momento que vivía el país, la situación histórica concreta. Se había hecho una evaluación tanto del desarrollo político y social y su influencia en el sistema judicial, así como un análisis del comportamiento y decisiones de los tribunales, en especial de la Corte Suprema en temas jurídicos tales como amnistía, prescripción, cosa juzgada y el alcance de los Convenios de Ginebra.
Personalmente, día antes de la presentación me reuní separadamente con un conocido profesor universitario y con un magistrado -ambos de destacada trayectoria y cuya identidad prometí jamás revelar- cuyas opiniones y consejos resultaron muy útiles y estimulantes.
Y así fue como, en contra de la inmensa mayoría de los vaticinios, esa querella fue aceptada a tramitación por el sistema judicial.
Se trataba de una acción penal amplia, general, que apuntaba a la investigación y condena de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por los agentes de la dictadura implantada tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Además, se pasaba así por sobre la voluntad del dictador quien el 14 de octubre de 1989 había dicho en El Mercurio que: “Yo no amenazo, no acostumbro a amenazar…yo sólo advierto. Nadie me toca a nadie. El día que toquen a uno de mis hombres se acabó el Estado de Derecho”.
La vida, la larga y valiente lucha de las víctimas de la dictadura, de sus familiares, se encargaría de echar por tierra las bravuconadas del tirano. No se acabó el Estado de Derecho y fueron tantos los criminales de uniforme tocados por los tribunales que hubo de construirse cárceles especiales. El papel de los familiares de las víctimas junto a los abogados de Derechos Humanos y agrupaciones como la Comisión de DDHH, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, la AFEP, y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la AFDD, resultaron determinantes. Y a ello debe sumarse la presencia de jueces dignos, que asumieron con valentía su papel histórico. Son muchos sus nombres y los representamos en el de uno de esos magistrados que ya no están con vida, el inolvidable juez don Juan Guzmán Tapia.
Fue aquel que esa mañana de hace 24 años nos recibiera en audiencia con esa gran figura nacional que fue nuestra compañera Gladys Marín.