La delincuencia no ha terminado y los sectores que festejan el triunfo en el Consejo Constitucional poco o nada podrán hacer para detenerla si tienen tantos casos pendientes de investigación y justicia de verdad por latrocinios, malversaciones de fondos y cohecho en beneficio de su sector de privilegios.
José Luis Córdova. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 15/5/2023. Como por arte de magia, apenas conocidos los resultados de los comicios del pasado domingo 7, los canales de televisión prácticamente disminuyeron ostensiblemente las “noticias” sobre portonazos, encerronas y otros hechos delictuales con que nos atosigaron sistemáticamente durante toda la campaña, aterrorizando a la población. Pareciera que el hampa se tomó vacaciones tras el triunfo de la ultraderecha o pactó una tregua con los vencedores.
Hay que decir que el único caso policial que sobrevivió fue el del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, aunque siempre que se refieren a esta malversación de fondos, cohecho y otras acciones dolosas del exjefe comunal, lo empatan con la fallida compra de la Clínica Sierra Bella por parte de la alcaldesa Irací Hassler, o con el “caso luminarias” que involucra no sólo al alcalde Daniel Jadue de Recoleta, sino a otros jefes comunales en todo el país. Pero resulta que ninguna de estas autoridades ha sido siquiera formalizada por no establecerse hasta ahora actuación dolosa alguna.
Mientras, exalcaldes de la derecha como Virginia Reginatto en Viña del Mar, Kathy Barriga en Maipú, Karen Rojo en Antofagasta, Fernando Paredes de Puerto Natales, Felipe Guevara en Lo Barnechea, Jorge Castro en Valparaíso, Luis Plaza en Cerro Navia, Rubén Malvoa en Conchalí, Myrta Dubost en Iquique y hasta el mismísimo Joaquín Lavín en Las Condes, y otros representantes de la derecha, enfrentan acusaciones de apropiación de dineros fiscales para su propio beneficio.
Ni hablar de las irregularidades en que caen habitualmente algunas comunas a través de las corporaciones municipales de educación, salud e infancia, por el mal uso de los recursos financieros destinados a subvenciones escolares preferenciales (SEP) y otras que terminan en bolsillos ajenos y pocas veces a beneficio de estudiantes o la comunidad escolar en general.
Los delincuentes de cuello y corbata sólo esperan ser sentenciados a clases de ética y con el consabido silencio de los medios de comunicación que se ceban en casos como los de comunas dirigidas por alcaldes progresistas y ocultan las irregularidades en las municipalidades en manos de la derecha.
Todo indica que el proceso constitucional que parte el 7 de junio próximo con los 50 consejeros recientemente electos deberán ajustarse al texto que les presentará la Comisión de “expertos”, enmarcada además -con suerte- en los llamados “doce bordes” y el ojo escrutador de la Comisión de Admisibilidad o arbitraje, filtros suficientes para complacer a los Republicanos.
La delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, siguen de fiesta desde que el expresidente Piñera anunciara su fin con bombos y platillos. La posible nueva Constitución poco o nada podrá hacer al respecto.
Nuevamente los canales compitieron en darle tribuna a los sectores opositores más duros, a las ex autoridades del Gobierno de Piñera y revivieron figuras del pasado reciente para criticar a Gabriel Boric y su entorno sin piedad. Tampoco impidieron las peores expresiones del negacionismo y el anticomunismo, incluidos ataques al estallido social, confundiéndolo con el vandalismo, los saqueos y otros delitos excluyendo de toda culpa a Carabineros que violaron los derechos humanos, asesinaron a 40 compatriotas y dejaron a otros 400 con mutilaciones en los ojos y extremidades en medio de las justas demandas sociales.
La delincuencia no ha terminado y los sectores que festejan el triunfo en el Consejo Constitucional poco o nada podrán hacer para detenerla si tienen tantos casos pendientes de investigación y justicia de verdad por latrocinios, malversaciones de fondos y cohecho en beneficio de su sector de privilegios.
Debería esperarse que la televisión y demás medios de comunicación se enteraran de esta realidad e iniciaran investigaciones sobre delitos hasta ahora impunes de parte de autoridades desde el anterior gobierno para atrás. Hasta lograr la verdad y recuperar ingentes sumas de dinero de las arcas fiscales a beneficio de las comunidades, como corresponde. Definitivamente, ¿qué pasó con la delincuencia?