Las transmisiones desde el lugar de los hechos se convierten en juicios políticos, en desahogos naturales de familiares de los directa y gravemente afectados por dolorosos hechos que -con una política de Inteligencia adecuada- podrían evitarse. Asimismo, las opiniones de conductores, animadores y lectores de noticias se confunden con especulaciones, muestras de ignorancia y simples juicios temerarios.
José Luis Córdova. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 29/4/2024. Una vez más la televisión chilena enfrentó el desafío de informar sobre un grave atentado que costó la vida de tres carabineros, pero -lamentablemente- lo hizo con la espectacularidad de un nuevo show, sin ahondar en origen, consecuencias y responsabilidades de estos hechos luctuosos.
Es indignante corroborar que se repiten situaciones vergonzosas de aprovechamiento político de la derecha ante un hecho policial que de verdad merece la mayor responsabilidad en la investigación de las causas y efectos de lo sucedido.
Para la televisión chilena, la zona del Biobío y La Araucanía parece un escenario de películas del lejano oeste norteamericano. Se trataría de una región asolada por asaltantes desalmados, haciendo caso omiso de graves situaciones como la nefasta actividad forestal a gran escala, el robo y auto robo de maderas, maltrato y humillación de los pueblos originados desplazados y la violación sistemática de derechos humanos contra las comunidades ancestrales y otros delitos perpetrados en el llamado Wallmapu.
La estrategia de la oposición al actual Gobierno es mostrar ineficacia en la lucha contra la delincuencia o desidia ante hechos constituidos en delitos y aprovechar el natural descontento de la población en esos sectores para responsabilizar al gobierno central de todo lo que allí sucede. Se suman a este coro “periodistas” como Rodrigo Sepúlveda y Mónica Rincón, entre otros.
Todo indica que no basta el Estado de Excepción ni la presencia de las Fuerzas Armadas, ni mucho menos el accionar del cuerpo de Carabineros ante estos acontecimientos. La lamentable muerte de uniformados se ha producido en medio de operativos que no contaban con armamento, personal, comunicaciones, ni apoyo para un accionar eficaz y positivo.
A estas alturas del nivel de delincuencia, narcotráfico y crimen organizado, Carabineros no puede andar por calles, carreteras, ni menos parajes apartados sin pertrechos pertinentes, en vehículos sin las mínimas medidas de protección.
Los medios informativos -incluida la TV- eluden referencias culposas como que, por ejemplo, el carabinero asesinado en avenida Matta y el ultimado en Quinta Normal, enfrentaron al hampa -que cuenta con armamento pesado-, sin ninguna medida de seguridad, sin alertar a su unidad correspondiente y sólo frente al mundo con la tesis del “gatillo fácil”.
Nadie se atreve a exigir a una policía uniformada responsable de nuestra seguridad, que proteja también a su personal con medidas mínimas de resguardo con las que no contaron tampoco los tres carabineros ultimados entre Tirúa y Cañete. ¿De qué sirve entonces la presencia de las Fuerzas Armadas?, ¿el Estado de Excepción constitucional?
El rol de los medios de comunicación es de comunicar, pero también orientar, formar una opinión equilibrada, entregando antecedentes fidedignos responsables, todo lo que ha brillado por su ausencia en las últimas horas por la televisión.
Las transmisiones desde el lugar de los hechos se convierten en juicios políticos, en desahogos naturales de familiares de los directa y gravemente afectados por dolorosos hechos que -con una política de Inteligencia adecuada- podrían evitarse. Asimismo, las opiniones de conductores, animadores y lectores de noticias se confunden con especulaciones, muestras de ignorancia y simples juicios temerarios.
El duelo nacional es tan justificado como explicable la molestia generalizada en el país, pero debe orientarse responsablemente a las causas de estos lamentables hechos. Que la televisión avive la hoguera, que apague el fuego con bencina no parece lo más conveniente en momentos en que la delincuencia es cada vez más violenta, que el crimen organizado y el narcotráfico se despliega, no sólo en Chile, sino en todo el mundo con inusitado vigor.
Es indispensable que los aparatos de Inteligencia -castrenses y civiles- trabajen en forma mancomunada, que el Ministerio Público desarrolle con rigor y más ágilmente su labor y que la justicia actúa con la misma eficacia entre los delincuentes de cuello y corbata, el hampa criolla, los emigrantes que infrinjan las leyes nacionales y cualquier ciudadano sin distinciones de ningún tipo.
Los poderes del Estado no pueden verse conminados a actuar como les corresponde constitucionalmente sólo por lo que les dice la televisión ni la gente en la calle. En un Estado de Derecho -como decía el expresidente Lagos- hay que dejar que las instituciones funcionen. Y no andar pidiendo Estado de Sitio ni las cabezas de Tohá o Vallejo, como exigen algunos afiebrados parlamentarios.
Al respecto, hay que considerar que los medios de comunicación en Chile siguen en manos de un par de familias poderosas, de grandes intereses económicos y los periodistas son apenas empleados de estos grupos y se ven obligados a ser meros espectadores de otro espectáculo tan lamentable como doloroso como es el asesinato de tres carabineros entregados a su suerte en un camino rural entre Cañete y Tirúa, sin apoyo logístico de otros uniformados y que fueron auxiliados primero por bomberos.
Triste duelo de una entidad que al cumplir su aniversario número 97 sorprende a su cuestionado general director en vísperas de ser formalizado pero que como institución -y con cada uno de sus efectivos regulares- sigue contando con el cariño de la gente, a pesar de todo.