La instalación de reformas estructurales y las alrededor de 200 medidas en beneficio de la gente, mientras se acentúa el obstruccionismo de la derecha y la extrema derecha.
Equipo “El Siglo”. Santiago. 10/03/2023. El Gobierno del Presidente Gabriel Boric instaló en el Congreso los proyectos de reforma tributaria y de pensiones, buscando aumentar sustantivamente los recursos financieros para planes sociales y elevar los montos de las jubilaciones, ambas medidas que beneficiarán a varios millones de chilenas y chilenos.
Al mismo tiempo, se espera que en estos meses se apruebe la jornada laboral semanal de 40 horas, lo que apunta a un mejoramiento en la calidad de vida para millones de trabajadoras y trabajadores, con efecto positivo en la productividad, lo que se suma a logros como la fijación del salario mínimo en 410 mil pesos y medidas en cuanto al cumplimiento de contratos colectivos y seguridad laboral. Las 40 horas va vinculado a uno de los objetivos que está consagrando la administración de Boric, en una tarea que nunca se había asumido como prioridad central en el país: fortalecer el sistema de cuidados, con acciones específicas a favor de cuidadoras y cuidadores.
En lo global, el Gobierno puso en marcha un plan de 2 mil millones de dólares para ayuda al sector vulnerable de la población, dando cuenta del proceso inflacionario, el alza del costo de la vida y las necesidades de cientos de miles de familias a lo largo del país.
Con positivo efecto social, y beneficiando a millones de personas, el Gobierno tomó medidas, entre varias otras, como aumentar al doble el Aporte Familiar Permanente (Bono Marzo), aumentar y ampliar la Asignación Familiar (AF) y del Subsidio Único Familiar (SUF), concretar la extensión de las postulaciones al IFE Laboral y Subsidio Protege, concretar convenios para rebajar el precio de los medicamentos, Copago Cero en la Red Pública de Salud, progresos en la reducción de listas de espera en el sistema de salud, ampliación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y aumento de la BAES, reforzamiento del fondo de garantías para créditos en el sector de la construcción, congelamiento del alza en el transporte, apoyos concretos para damnificados por incendios forestales este año como el pago del Bono de Recuperación y subsidio laboral, instalación de una hoja de ruta en materia de seguridad pública con cinco ejes fundamentales, anuncio de trabajos para el tren Valparaíso-Santiago y fortalecimiento de la red ferroviaria nacional, paquete de 7 medidas que significó el gasto de 2 mil millones de dólares para beneficiar al 60% más vulnerable de la población, puesta en marcha el proyecto Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), reajuste del 12% para empleados del sector público, avance en la entrega de miles de viviendas, aumento en más del 4% en el presupuesto de gasto público, implementación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
A días de cumplirse un año de la administración del Presidente Boric, la vocera de La Moneda, Camila Vallejo, indicó que “el clima dentro del Gobierno es el de actualizar nuestra promesa, renovar nuestro compromiso”. Desde el Gobierno se ha planteado que se continuará con los objetivos trazados en el programa, pero al mismo tiempo se dará
La derecha obstruyendo
Patricia Ryan. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 10/03/2023. En estos meses se pudo constatar un ánimo y una acción obstruccionista de la derecha en alianza con la ultraderecha, tanto en el Congreso como en otros espacios institucionales y políticos en temas que fueron más allá de diferencias políticas o de gestión.
Ejemplos decidores están en el rechazo de los partidos del conglomerado “Chile Vamos” junto al ultraderechista Partido Republicano, en cuanto a seguir el trámite legislativo normal de la reforma de pensiones, con indicaciones y análisis, planteando que van a presentar un proyecto propio y exclusivo; los anuncios y opiniones de que “toda la reforma tributaria es mala”, amenazando con votar en contra de la iniciativa en general; colocar cortapisas al proyecto de reducción a 40 horas de la jornada laboral semanal; retirarse de la mesa de seguridad pública y cerrarse a participar en espacios institucionales transversales para abordar este tema y soluciones, entre otras posturas definidas desde el oficialismo como obstruccionistas. Desde la oposición indican que son proyectos que “van en la dirección equivocada”.
A eso se suman las declaraciones de personeros de la derecha negándose a aplicar impuestos a los súper ricos, defendiendo el funcionamiento de las Isapres y planteando la continuidad de la industria privada de pensiones con las Afp a la cabeza, sólo realizando algunas modificaciones.
En los meses recientes, los partidos de derecha y extrema derecha pretendieron usar la acusación constitucional como una herramienta de desestabilización y ataque al Gobierno -en lo que fracasaron-, al tiempo que incubaron la instalación mediática de un Gobierno inexperto, desprolijo, mediocre, a partir de situaciones puntuales que no comprometían toda la gestión gubernamental.
En estos doce meses se hizo costumbre en la oposición patear la mesa, retirarse de espacios de diálogo, amenazar con salirse de diseños comunes, pedir renuncias de altas autoridades, e incluso en un momento amenazaron con retirarse del proceso constitucional si las reglas no coincidían con sus planteamientos.
Estas posturas se ven reforzadas con el dato de la causa de que la oposición tiene prácticamente la mitad de los votos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputadas y Diputados y que han estado potenciando el resultado del plebiscito del año pasado en que se rechazó la propuesta constitucional.