El jefe de la institución policial estaba citado por caso de delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos, en episodios ocurridos durante la revuelta social de 2019. Ricardo Yáñez hizo uso del “derecho a guardar silencio”. El oficial era director de Orden y Seguridad cuando se produjeron situaciones de apremios y violación de derechos de ciudadanas y ciudadanos por parte de la policía uniformada. Ahora no se hace cargo. Durante la revuelta social de 2019, fueron denunciados 2 mil 987 carabineros por violaciones a los derechos humanos, apremios y otros delitos, de los cuales sólo 179 fueron formalizados.
Equipo “El Siglo”. Santiago. 28/3/2023. La Fiscal Ximena Chong, tuvo citado al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, porque “se le imputa específicamente el delito de apremios ilegítimos por la figura homicida. Es decir, no haber realizado acciones tendientes a evitar que se materializaran los apremios ilegítimos y las torturas que se verificaron durante un periodo determinado. Esto, en su rol anterior en la institución, cuando él fungió como director de Orden y Seguridad”.
Una situación muy grave en el marco de denuncias y procesos por casos de violación a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y apremios contra ciudadanas y ciudadanos durante manifestaciones sociales.
Pero el jefe de Carabineros no se hizo cargo. Y simplemente evadió dar declaración ante la Fiscalía. Decidió guardar silencio y no contribuir al esclarecimiento de hechos delictivos.
La Fiscal Chong hizo la diligencia en la Dirección General de Carabineros, y ante la negativa del general director de prestar declaración, indicó que “ellos (los carabineros) tienen el derecho de guardar silencio e insisto en que ello no puede representar para los imputados ninguna consecuencia legal adversa”.
Agregó que “en ese contexto, en circunstancia que se trata del director general de Carabineros no muta los derechos le asisten a cualquier ciudadano”.
Agregó que “la investigación continúa al margen de la colaboración que puede entregar, sin perjuicio de como señalaron sus abogados, lo más probable que en un horizonte de tiempo máximo de tres meses, podría estar en condición de prestar declaraciones”.
La investigación, en manos de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, comenzó en 2019 en Valparaíso y puso el foco en el actual jefe de Carabineros por su rol como director de Orden y Seguridad al momento que se produjeron situaciones que involucran a Carabineros.
Sobre esos casos, el general Yáñez declaró en calidad de imputado en febrero de 2022, ante la Fiscal jefe de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien llevó inicialmente la investigación por apremios, violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
En el marco de la revuelta social hubo una veintena de muertos, más de 2 mil heridos, más de 3 mil denuncias de torturas y abuso sexual, y se abrieron, a nivel de fiscalías, más de 8 mil quinientos casos por violaciones a los derechos humanos. Hubo alrededor de 400 casos de amputaciones oculares. En la mayoría de esos casos fueron responsabilizados Oficiales, Suboficiales y funcionarios de Carabineros, principalmente de la dotación de Fuerzas Especiales.
Costó mucho dar con los uniformados que cometieron delitos y de acuerdo a organizaciones de derechos humanos y abogados, hay un déficit en cuanto a la ubicación y procesamiento de agentes del Estado que cometieron actos represivos y abusivos entre 2019 y 2020.
Según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) fueron denunciados 2 mil 987 carabineros por violaciones a los derechos humanos, apremios, acoso sexual y otros delitos, de los cuales sólo 179 fueron formalizados. Hubo otros antecedentes hechos públicos, que mostraron que de los 28 casos identificados de oficiales y funcionarios policiales, sólo 18 fueron desvinculados de la institución y no más de cinco cumplirían penas de cárcel.
El INDH planteó en su momento que «resulta preocupante» que de un total de 3.151 querellas presentadas, 2.879 acciones judiciales se encuentran aún sin personas formalizadas.