“Falta abrir más la billetera fiscal para mitigar los costos sociales de la inflación”: Andrés Solimano

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El presidente del Centro Internacional de Globalización resaltó que “el presupuesto de ayudas frente al alza de precios es solo la mitad de las utilidades obtenidas por el sistema bancario en el 2022”. Exhortó a “hacer los cálculos adecuados de los costos de la canasta popular” y vincularlo a un aumento del salario mínimo. Cuestionó las medidas del Banco Central que aumentaron, por ejemplo, los créditos de consumo que, sobre todo, “golpea a las familias endeudadas”. Sobre el comportamiento del sector privados afirmó: “El gran empresariado sigue con su agenda de menores impuestos, son reticentes a una reforma previsional genuina, permanecen críticos de una jornada laboral de 40 horas; en general rechazan cualquier cambio con algún efecto redistributivo”.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 03/03/2023. De repente pareciera que temas cruciales para la economía familiar, para el gasto cotidiano de la gente, pasan por alto sin que se dé cuenta del impacto que tienen en la población. Subieron los intereses de los créditos de consumo, sube la UF afectando deudas que tienen ciudadanas y ciudadanos, la espiral de alza de precios de productos y servicios persiste (con dosis de abusos), se elevó el precio de la canasta básica y, para peor, los sueldos no suben o suben muy poco.

El economista Andrés Solimano -presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo y Magister en Economía de la Universidad Católica de Chile- abordó estos asuntos, colocando el acento en que hay que mejorar los apoyos desde el Estado, cuestionando las medidas del Banco Central, observando que las ayudas son insuficientes sobre todo si se consideran las ganancias del sector privado.

Algo se dijo de que, acción mediante del Banco Central, subieron los créditos de consumo, ¿qué paso?

El Banco Central viene, desde septiembre del 2021,  subiendo la tasa de interés que cobra por redescontar papeles a los bancos comerciales con lo que empuja hacia arriba el conjunto de tasas de interés de la economía (consumo, crédito hipotecario, crédito estudiantil, capital de trabajo a las empresas, crédito de inversión,  etc.). Esto afecta adversamente el consumo y la inversión y es un freno a la actividad económica. Además, golpea a las familias endeudadas que son una proporción importante de la población. Esta política busca bajar la inflación pero a un costo económico y social que no es menor. 

¿Eso significa que el costo de la vida se encarece más?

Significa que para consumir la misma canasta de alimentos, transporte, vestuario y otros bienes y servicios hay que entregar más pesos. Pero los salarios de la gente no suben en la misma proporción que los precios.

También salió por ahí que comenzando el año se elevó el costo de la canasta básica para la familia.

En marzo hay que pagar las colegiaturas, las matriculas en la universidad, las patentes de los autos y otros gastos habituales de cualquier hogar. Además, la gente viene con menos dinero  por el veraneo de enero o febrero donde se gasta más. Es un mes difícil para una mayoría de la población. Por otro lado, hay un bono marzo que es un alivio para ciertos sectores.

¿Y cómo vamos con la inflación y el alza de precios?

Las autoridades económicas anuncian que el año 2023 cerrará con una inflación cercana al 4-5 por ciento, lo que sería una baja importante respecto al 2022. Ojalá se cumpla ese pronóstico.

¿Por qué todas esas noticias no son destacadas, no se explican bien desde los medios y otros espacios? Estamos hablando de asuntos determinantes en el gasto familiar.

Son temas un poco técnicos y a muchos medios no les interesa destacar que los asalariados son afectados por la inflación mientras que, por ejemplo, la banca obtuvo utilidades por 6.400 millones de dólares en el 2022. Claramente los bancos ganaron con la inflación. Esta cifra de utilidades de la banca privada y de otros sectores como el litio y grandes empresas contrasta con la situación de los asalariados que son la amplia mayoría de la población. 

¿Estás de acuerdo con la idea que tienen en la CUT de subir a 500 mil pesos el salario mínimo precisamente por la inflación?

Creo que hay que hacer los cálculos adecuados de los costos de la canasta popular, no solo la canasta promedio que se supone refleja el IPC (Índice Precios al Consumidor) y calcular el salario mínimo necesario para mantener el poder de compra de las remuneraciones acorde con ese cálculo.

¿Qué te parecen los paquetes de medidas implementados por el Gobierno para paliar las alzas y apoyar  a las familias?

Me parecen insuficientes. El presupuesto de ayudas frente al alza de precios es solo la mitad de las utilidades obtenidas por el sistema bancario privado en el 2022. Falta abrir más la billetera fiscal para mitigar los costos sociales de la inflación y el menor crecimiento económico. Veo mucha ortodoxia económica y el objetivo de lograr una menor desigualdad que en la campaña presidencial se decía iban a guiar al Gobierno actual están desdibujados y no se mencionan como parte de la agenda pública. Los conceptos de neoliberalismo y desigualdad se evaporaron de la discusión.

Frente a todo este escenario, ¿cómo ves el comportamiento del gran empresariado, de los gremios empresariales, de los grupos financieros? 

El gran empresariado sigue con su agenda de menores impuestos, son reticentes a una reforma previsional genuina, permanecen críticos de una jornada laboral de 40 horas; en general rechazan cualquier cambio con algún efecto redistributivo por mínimo que esté sea. Me parece que les falta una visión más amplia del país real que incluya también los intereses de los trabajadores y las clases medias vulnerables que buscan  más seguridad en el empleo, mejores remuneraciones y quisieran una mejor distribución del ingreso y la riqueza en Chile. Los puntos de vista del gran empresariado tienen gran influencia en la definición  de las políticas públicas en Chile en contraste con la marginalidad y escasa influencia de los sectores laborales y otros grupos rezagados de la sociedad chilena. Este es un problema ya estructural que se agudizó con mucha fuerza desde el golpe de Estado de 1973. Ningún Gobierno sea de izquierda, centro o derecha que ha gobernado Chile en el último medio siglo, ha enfrentado el tema. Me parece que es un gran desequilibrio de la estructura económica y  social de Chile y es el legado más profundo del neoliberalismo prevaleciente por tanto tiempo en nuestro país. El Gobierno actual, del presidente Boric, puede hacer algo al respecto si es que lo considera un problema y se aparta un poco de su ortodoxia económica actual. De lo contrario, seguirá la misma ruta de todos las administraciones anteriores en cuanto a mantener un modelo económico tan desigual y medio-ambientalmente nocivo, frustrando así las expectativas de un cambio real en Chile.