“las formas de los Estados burgueses son extraordinariamente diversas, pero su esencia es la misma: todos esos Estados son, bajo una forma o bajo otra, pero, en último resultado, necesariamente, una dictadura de la burguesía”.
Lenin “El Estado y la Revolución”. 1917.
Fernando Bahamonde. Punta Arenas. 26/06/2026. Los recientes resultados electorales en nuestro continente dibujan un mapa marcadamente derechista. En este escenario, los mandatarios del sector parecen competir por demostrar quién es más afín a los intereses de Estados Unidos.
Mientras más reconocimientos obtienen estos presidentes de figuras como Donald Trump o Marco Rubio —actual secretario de Estado y artífice de los triunfos conservadores en la región—, mayor es su regocijo público.
Aunque el análisis liberal convencional defiende la alternancia como parte del juego democrático, la realidad en América Latina está determinada por un «Estado profundo» de carácter oligárquico.
La cancha “democrática” es desigual: la derecha controla los medios de comunicación masivos, financia miles de bots en redes sociales y utiliza su riqueza para sostener eternas campañas comunicacionales, o potentes campañas electorales al Congreso y a la presidencia.
A esto se suma la constante intervención de Washington. La Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU. 2025 señala explícitamente al continente como su hemisferio de hegemonía.
Eventos como la reunión de comandantes en jefe y jefes de defensa en el Pentágono, realizada el 11 de febrero de 2026, lo confirman. Históricamente, las Fuerzas Armadas de la región permanecen alineadas con el imperialismo norteamericano a través de la formación ideológica y la compra de armamento a su corrupto complejo militar-industrial.
Por lo tanto, la alternancia gubernamental en la región no es un síntoma de salud democrática, sino de su debilidad. Bajo estas condiciones, cualquier outsider puede alcanzar la presidencia recurriendo a la demagogia, siempre que cuente con el respaldo del poder fáctico.
Las socialdemocracias y los sectores progresistas han terminado entregando el poder a proyectos conservadores en lo político y ultraliberales en lo económico, totalmente alineados con Washington.
La centroizquierda debe asumir una lección histórica: ganar una elección presidencial no significa controlar el poder real. El Gobierno representa apenas una fracción de un entramado estatal donde la separación de poderes suele ser de papel; cuando le conviene, la derecha interviene el aparato judicial, como lo evidenció el caso de la dupla Chadwick-Hermosilla en Chile.
Los mecanismos de desestabilización actuales ya no son los bombardeos clásicos, como en La Moneda (1973) o la Plaza de Mayo (1955). El libreto contemporáneo de la derecha comienza con el desconocimiento de los resultados electorales, sigue con el bloqueo parlamentario a cualquier reforma, se intensifica con el asedio mediático y culmina en destituciones «legales».
Los ejemplos abundan: Manuel Zelaya (Honduras, 2009), Fernando Lugo (Paraguay, 2012), Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula da Silva (Brasil, 2016-2018), Rafael Correa (Ecuador, 2017), Evo Morales (Bolivia, 2019) y Pedro Castillo (Perú, 2022).
A esto se suman la inhabilitación y encierro de Cristina Fernández en Argentina, la persecución judicial a Daniel Jadue en Chile, y recientemente el salvaje secuestro de Nicolás Maduro.
La historia demuestra que cualquier proyecto progresista que intenta congraciarse con la derecha termina aplastado.
En el marco del Estado neoliberal, es imposible redistribuir la riqueza; el sistema cruje ante las demandas de justicia social. Ningún intento reformista se consolidará solo mediante reformas tributarias parciales, expuestas al veto de una oposición legislativa que rechaza los consensos. El objetivo de las nuevas derechas es explícito, como declaró Abelardo de la Espriella, supuesto presidente electo en Colombia, de lo que se trata es: «destripar a la izquierda».
Una transformación estructural exige reformar el Estado en su totalidad, desmantelando los poderes fácticos que históricamente han legitimado el modelo de Estado fallido en América Latina. Este Estado fallido latinoamericano no sirve para hacer justicia, pero tampoco es de utilidad para las derechas en el gobierno, pues rápidamente intentan socavar desde dentro con megareformas para aplastar derechos sociales a las mayorías.