“Podrían haber novedades” indicó el ministro Luis Cordero, mientras el Presidente Gabriel Boric reiteró que este tipo de cosas “se hacen, no se anuncian”.
“El Siglo”. Santiago. 4/9/2023. De acuerdo a fuentes de organizaciones de derechos humanos, abogados y legisladores, está abierta la posibilidad del cierre o cambios en el penal Punta Peuco donde están recluidos exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
De acuerdo a esas versiones extraoficiales, desde el Gobierno se podría decretar el cierre del penal o destinarlo a otras funciones dentro del sistema carcelario, en el proceso de enfrentar la sobrepoblación penal que existe en el país.
Existe un proyecto presentado en estas semanas por un grupo de legisladores para que Punta Peuco sea destinado a reclusas que estén embarazadas o tengan hijos pequeños y trasladar a los condenados por hechos represivos al penal de Colina I.
Al mismo tiempo, agrupaciones de familiares de las víctimas y colectivos de derechos humanos vienen exigiendo el cierre de la cárcel donde están los exuniformados y que éstos sean llevados a distintas cárceles, sin privilegios.
El diputado Juan Santana sostuvo que hacer cambios en el uso de Punta Peuco sería “una señal del Gobierno a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Creemos que no hay ninguna justificación para que existan privilegios con internos que han cometido crímenes de lesa humanidad”. Y su colega, Luis Cuello, indicó que “es momento adecuado para realizar una acción que signifique el cierre simbólico de Punta Peuco, es una señal que responde a una demanda histórica del movimiento de derechos humanos y que, sin duda, va a contribuir a restablecer de alguna forma el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley”. La diputada Lorena Fries, apuntó que los exuniformados condenados que “vivieron en impunidad mucho tiempo afuera de la cárcel, esas personas que nunca han colaborado con la justicia con información. Hoy esas personas están en un recinto carcelario con privilegios que el resto de la población no tiene en Chile”.
“Podrían haber novedades”
Oficialmente no hay noticias, pero sí comentarios. El Presidente Gabriel Boric, consultado por el cierre o cambios en el penal, volvió a establecer que “ese tipo de cosas se hacen, no se anuncian”.
Y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, dijo en esa línea que “el Presidente ha sido claro, este tipo de cosas se ejecutan y no se anuncian”.
Claro que añadió que “podrían haber novedades en como dijo el Presidente, que es que puede cambiar el destino penitenciario de la infraestructura”. En ese sentido, hizo ver que “hace algunos años estábamos en condiciones de cerrar penales, pero hoy tenemos una situación de sobrepoblación”, abriendo la opción de otro uso de Punta Peuco para contribuir a encarar el tema de déficit del sistema carcelario.
El ministro Luis Cordero expuso otra situación en relación a exuniformados procesados y condenados por actos represivos. “Lo cierto es que hoy día las personas que están ingresando condenadas por delitos de violación de derechos humanos hace un rato que ya no están ingresando a Punta Peuco, sino que a Colina, porque Punta Peuco, que tiene capacidad para 130, hoy día está sobrepasada”, planteó el titular de Justicia y Derechos Humanos.
Enfatizó que “cualquier decisión que se adopte sobre Punta Peuco, se va a hacer en el contexto general de la política penitenciaria del país”.
El penal, “un acto de discriminación respecto del conjunto de demás criminales”
A pocos días de conmemorarse los 50 años de la asonada militar golpista, que inició una escala de violaciones a los derechos humanos que miles de víctimas y centenares de uniformados y agentes del Estado responsables de esos delitos, se reactivó la exigencia de que sea cerrado el Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco, que alberga en la actualidad a más de 130 exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos durante los 17 años de dictadura.
La diputada Lorena Pizarro, expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, sostuvo que “Chile tiene una deuda enorme para con la verdad total y la justicia plena frente a los crímenes de la dictadura cívico-militar, y también en cuanto a los episodios de violación de derechos humanos vividos después del año 90”. En esa línea, enfatizó: “Me parece que una de las acciones, sin duda, tiene que ser el cierre del penal Punta Peuco”.
Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, indicó que “el cierre del penal de Punta Peuco constituye una demanda histórica del movimiento de derechos humanos”. Explicó que “respecto al derecho internacional en materia de derechos humanos, y el ordenamiento jurídico constitucional que nos rige, cabe tener presente que el principio de igualdad está consagrado en la Constitución de (Augusto) Pinochet, y establece que en Chile no hay privilegio alguno, y en circunstancias que el penal Punta Peuco constituye en sí mismo un acto de discriminación respecto del conjunto de demás criminales que se encuentran agrupados, cumpliendo sus condenas, en recintos penitenciarios comunes”.
La posibilidad de cierre o cambio de funciones de Punta Peuco depende de un decreto del Ejecutivo. De hecho, el expresidente Sebastián Piñera cerró el Centro Penitenciario Cordillera, y argumentó la necesidad de respetar “la igualdad ante la ley, la seguridad de los internos y el normal y más eficiente funcionamiento de Gendarmería”.